Gobierno español legislará sobre "letra pequeña" y cláusulas abusivas

La transparencia y la claridad en los contratos serán obligatorias en virtud del anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros.

El Gobierno de España prevé regular por ley los servicios de atención al cliente ofrecidos por muchas empresas de ramos diversos, en los que proliferan la 'letra pequeña' y las cláusulas abusivas impuestas a los usuarios y consumidores.

La transparencia y la claridad en dichos contratos serán obligatorias en virtud del anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y del que habló en una rueda de prensa posterior el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Hay un grado de insatisfacción generalizado entre los ciudadanos sobre la información que reciben de este tipo de empresas", como las de suministro de agua, gas, electricidad, transportes y medios audiovisuales, entre otros servicios públicos, explicó Rubalcaba.

Con respecto al anteproyecto legislativo, que incluye medidas que obligarán a las empresas a la transparencia y la claridad en los contratos, Rubalcaba recordó que muchos de estos "tienen una letra pequeña que hace que haya cláusulas que al consumidor se le pasen por alto y acaben siendo draconianas".

El vicepresidente primero explicó que está previsto que, en virtud de la Ley, en el momento de la firma del contrato la empresa oferente haga un esfuerzo de explicación y de transparencia al usuario del documento que se dispone a firmar.

Además, se establecen requisitos para los servicios de atención al cliente, como un número de teléfono y uno de fax que deben ser gratuitos, una dirección de correo electrónico y pautas de información que deben cumplir las empresas para satisfacer a los ciudadanos cuando se dirigen a ellas.

Los clientes podrán conocer antes de la firma de un contrato de servicios los medios de interlocución disponibles, los mecanismos de reclamación y los tiempos previstos de resolución de problemas, entre otros aspectos, información que deberá formar parte de los contratos y tendrá que figurar en la página web de la empresa.

A su vez, se prohibirá el uso de números telefónicos con tarifas adicionales como medio de comunicación con los clientes, se establecerá un mes como plazo máximo para resolver quejas y reclamaciones, y el tiempo máximo de espera para el usuario desde la recepción de la queja al servicio de atención no podrá superar un minuto.

Además, el horario de atención al cliente se ajustará a las características del servicio prestado y las empresas deberán informar a los usuarios de las incidencias contractuales que afectan gravemente a la prestación del servicio.

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