Golpe a tregua con maras

La Sala Constitucional de la Corte Suprema ordenó la remoción de dos exmilitares que promovieron tregua con las pandillas, porque los Acuerdos de Paz de 1992 lo prohíben.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, David Munguía (d), y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Salinas.  / EFE
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, David Munguía (d), y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Salinas. / EFE

La política contra el crimen de El Salvador, impulsada por el presidente Mauricio Funes, recibió un demoledor golpe luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucionales los nombramientos del ministro de Seguridad, David Munguía Payés, y del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Salinas, y ordenó su remoción inmediata por ser militares ocupando puestos civiles en seguridad pública.

Los exgenerales Munguía Payés y Salinas fueron los encargados de llevar a cabo una estrategia que contempló una polémica tregua entre las pandillas más criminales: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Nunca quisieron aceptar que el Gobierno estaba detrás de la tregua, únicamente explicaban que el Ejecutivo había “sido facilitador de un proceso que ha sido el único que ha logrado bajar los homicidios de 15 a 5 en la actualidad”.

Sin embargo, la Sala de lo Constitucional no evaluó el éxito o no de la tregua entre las maras, sino la inconstitucionalidad de los nombramientos de las más altas autoridades de la seguridad pública en este violento país y determinó que Munguía Payés y Salinas, ambos generales en condición de retiro, transgredieron la Constitución al despojarse de la investidura militar para tomar en sus manos las principales funciones en seguridad pública, cuando existen disposiciones legales para una separación tajante de las funciones de Defensa y de Seguridad, que tienen origen en los Acuerdos de Paz de 1992, los mismos que pusieron fin a una guerra civil de 12 años de duración y que causó 72.000 muertos.

“Fui uno de los que llevaron a la Sala de lo Constitucional la referida demanda. Estoy satisfecho con el fallo porque creo que las instituciones comienzan a funcionar como se debe en una democracia. Ahora se puede decir que si el presidente viola una ley, hay posibilidad de demandarlo y la justicia restituye el Estado de Derecho”, dijo Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA).

Por su parte, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, afirmó que el presidente Mauricio Funes acató el fallo del tribunal y nombró al viceministro de Seguridad y Justicia, Douglas Moreno, como ministro interino encargado del despacho. El ascenso de Munguía Payés en la cartera de Seguridad, en noviembre de 2011, y de Salinas como director de la Policía Nacional Civil (PNC), en enero de 2012, causó conmoción política y una ola de protestas en sectores sociales de izquierda, que criticaban a Funes por “militarizar la seguridad pública”, en contra de la Constitución y los Acuerdos de Paz.

El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo a causa de las pandillas, un fenómeno que dura ya casi dos décadas. Durante esta guerra el promedio diario de muertes era de 17; las maras eran responsables de 14 y 15 asesinatos diarios antes de la tregua, asevera Raúl Mijango, uno de los mediadores del que califica como “proceso de pacificación actual”. El ahora exministro Munguía Payés, antes de ser destituido, explicaba que aproximadamente medio millón de personas estarían involucradas directa e indirectamente en las pandillas, si se toma en cuenta a los familiares y a las comunidades donde residen las maras.

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