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hace 15 horas

“Hay avances, pero hay retos”

El Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas dice que en México existe un contexto de estos casos, muchos de ellos con la participación de agentes estatales, y que el nivel de impunidad es preocupante.

Manifestantes en Acapulco exigen al Gobierno información sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. / AFP.

“Hay avances, pero hay retos”, así se resume la retórica que el gobierno mexicano ha usado frente al gravísimo problema de los desaparecidos. Reconocen que existe un problema, pero no que es su problema. El 3 de febrero México concluyó su informe ante el Comité para las Desapariciones Forzadas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los expertos de la ONU insistieron en conocer cifras y acciones concretas que pudieran dar luz a la crisis de derechos humanos que está enfrentando el país. Sin embargo se toparon con las mismas respuestas de siempre: leyes que prometen mucho, instituciones que tienen encomiendas, pero resultados que son insuficientes.

Eliana García, representante de la Fiscalía mexicana, declaró que el Gobierno no ha hecho lo suficiente considerando el alcance del problema que está enfrentando el país. Las declaraciones de la delegación mexicana dejaron claro que no saben cuántos casos de desapariciones forzadas hay, no saben cuántos están vivos, cuántos están muertos, cuántos son migrantes, y mucho menos han podido explicar qué fue de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El viernes pasado el Comité dio sus conclusiones acerca de la información presentada por México. Concluyó lo que muchos mexicanos saben y experimentan a diario: existe un contexto de desapariciones generalizadas en varias partes del país, que en muchos casos se pueden clasificar como desapariciones forzadas por la participación de agentes estatales en ellas. Igualmente, que el nivel de impunidad que reciben las víctimas es preocupante.

El Comité enfatizó que son prácticamente inexistentes las sentencias por desaparición forzada. Como era de esperarse, dentro de las conclusiones se incluyó el caso de los normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con los expertos, “el grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que afronta el estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”.

Los padres de dos de los estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre estuvieron presentes en la reunión. Afirmaron que no confían en la versión del Estado y que sus hijos están vivos. “Ellos están vivos, los tiene el Gobierno, no sabemos por qué. Si no quieren que sigamos, que nos los devuelvan”, declaró en Ginebra Hilda Legideño, madre de uno de los estudiantes. La desconfianza de los padres de los jóvenes desaparecidos es normal en un país donde, de acuerdo con el reportaje de investigación “El país de los desaparecidos”, de la revista mexicana Proceso, desaparece una persona cada dos horas, trece al día.

La investigación utiliza dos bases de datos, una del período de presidente Felipe Calderón y otra de Enrique Peña Nieto. Ambas se obtuvieron a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que, si bien no refleja la realidad, son las únicas cifras oficiales con las que se cuenta. De acuerdo con los datos obtenidos de estas bases, en los últimos dos años, que corresponden a la llegada de Peña Nieto al poder, se ha duplicado la cifra de personas desaparecidas. Desde que Peña Nieto empezó su sexenio, 9.384 personas se encuentran desaparecidas. Sólo de enero a octubre de 2014 existen registrados 4.936 casos en el país.

Sin embargo, aunque no todas estas personas fueron víctimas de desapariciones forzadas (es decir, que sus desapariciones estén vinculadas con agentes estatales, ya sea la Policía, el Ejército o la Marina), en México existe un alto grado de cifra negra, es decir, que la mayor parte de los delitos no se denuncian, por lo cual la cifra podría ser mucho mayor. El miedo a las represalias, la intimidación a los defensores de derechos humanos y las amenazas del crimen organizado son medios a través de los cuales existe una doble victimización de los familiares de desaparecidos al grado de que no denuncian o abandonan la búsqueda.

Igualmente, no existen criterios claros para incluir a personas en las bases de datos. Por tanto, muchos casos en los que existen denuncias quedan fuera de los registros. En la misma investigación de la revista Proceso se concluye que muchos de los casos denunciados no se encuentran dentro de las bases de datos.

Desde que a los 22.372 casos que se encuentran registrados en las bases de datos del Gobierno se agregaron los 43 de Ayotzinapa, se ha vuelto la mirada a un problema que en muchas zonas de México es una práctica común desde hace varias décadas. Guerrero, el estado donde ocurrió la tragedia del 26 de septiembre, tiene una larga historia de desapariciones forzadas que se extiende desde la Guerra Sucia durante la década de los sesenta y hasta los ochenta. En el estado de Tamaulipas, por ejemplo, la violencia de la guerra contra el narcotráfico cobró la vida de 72 migrantes indocumentados que fueron encontrados en una fosa común en San Fernando. En Ciudad Juárez, los cuerpos de varias jóvenes desaparecidas fueron encontrados en un campo algodonero, poniendo en la mente de la gente y en los códigos penales el feminicidio.

El reciente descubrimiento de 61 cadáveres en un crematorio abandonado en Acapulco es otra pieza en el rompecabezas de desconfianza, violencia e impunidad que se vive actualmente en México. Si bien no se ha podido comprobar que los cadáveres correspondan a desaparecidos, tampoco se ha podido aclarar de quiénes son exactamente los cuerpos y cómo pudieron permanecer abandonados casi un año.

Lo más probable es que se trate de un fraude entre funerarias y el crematorio, pero en un país donde la gente desaparece, siempre existen sospechas cuando aparecen cuerpos. Ejemplo de esto es que en algunas zona del país, como el estado de Veracruz, el descubrimiento de fosas es algo relativamente común. Sólo en este mes se han encontrado 18 cuerpos en un predio en la ciudad de Coatzacoalcos, en donde, según información de testigos y de la Policía, se prevé que se puedan encontrar hasta 50 cuerpos más.

El Gobierno no puede seguir escondiéndose tras el pretexto de que es el crimen organizado y no agentes estatales quienes desaparecen personas. La incapacidad del Estado mexicano para lidiar con la tragedia de las desapariciones fue puesta en evidencia por el Comité de Naciones Unidas. La colusión entre criminales y policías, ya sea por actuación u omisión, es un elemento casi siempre presente en los relatos de quienes buscan a un familiar. Las recomendaciones del Comité son claras: condenas por el delito, reconocer la competencia del Comité para recibir denuncias, armonizar las legislaciones en el tema con estándares internacionales y contar con un registro fiable de desaparecidos. La aplicación de estas recomendaciones es urgente y no se deben escatimar los costos políticos que podría tener su implementación. Cada día que pasa, cada día que el Gobierno mexicano se niega a asumir su responsabilidad, hay trece mexicanos más que buscar.

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