La histórica condena a militares guatemaltecos por violar un grupo de mujeres

Sandra Sebastián / Plaza Pública

 “No es mentira lo que hemos sufrido”, fue lo que repitieron a lo largo de todo el juicio. La violencia sexual contra 15 mujeres q’eqchies fue juzgada y el ex teniente Steelmer Reyes Girón, el máximo encargado de Sepur Zarco, fue condenado a 120 años de cárcel por delitos contra deberes de la humanidad en su forma de violencia y esclavitud sexual y múltiples asesinatos; y junto a él, el jefe de los comisionados militares, Heriberto Valdez Asij, deberá cumplir una condena de 240 años, por haber participado en la desaparición forzada de siete campesinos y la violación sexual contra las mujeres que sobrevivieron a Sepur Zarco.

Para las mujeres de Sepur Zarco el juicio ha sido una oportunidad de relatar lo que les ocurrió, porque antes nadie les había preguntado sobre sus sufrimientos. Luego de la firma de la paz en Guatemala, el delito de violencia sexual era algo incómodo para la agenda y los acuerdos políticos entre el gobierno y la guerrilla como se describe en este reportaje difundido por la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas.

“Desde hace mucho tiempo estas mujeres pasaron de ser víctimas a ser personas capaces de reclamar un derecho, pero de eso pocos se dan cuenta por la forma en que han tenido que llegar a la Corte”, señala Amandine Fulchirone, investigadora principal de “Tejidos que lleva el alma”, un libro considerado el informe de la verdad sobre violencia sexual en Guatemala, publicado en 2011.

Dentro de la Sala de Vistas del Organismo Judicial, desde el primer día de debate todas ellas llegaron completamente cubiertas por una manta. Ocultaron sus rostros, sus cuerpos y sus manos durante 19 audiencias judiciales.

Las violaciones de mujeres durante la guerra simplemente fueron un delito obviado, como casi todo en cuestiones de justicia transicional: No hubo acuerdo sobre lo que no y lo que sí se podría juzgar. “Hay que entender el contexto de esos años. Se empezaba, poco a poco, a hablar de lo que había sucedido. Se rompía el silencio sobre la guerra y era importante, pero había silencios más incómodos, como la violencia sexual”, dice Yolanda Aguilar, ex coordinadora del Consorcio de Víctimas de Violencia Sexual Actoras de Cambio.

Yolanda Aguilar y Amandine Fulchirone decidieron sistematizar la violencia sexual durante la guerra. Mujeres chuj, mujeres mam, mujeres kakchiqueles y mujeres q’eqchíes -las abuelas de Sepur Zarco- empezaron a hablar. “Eso fue el inicio para descubrir lo ocurrido en Sepur Zarco”, explica la abogada de Mujeres Transformando el Mundo, Paula Barrios.

Tras la denuncia penal ante el Sistema de Justicia en 2011, Sepur Zarco empezaría a narrar la forma en que operó un destacamento militar como recreo para los soldados designados en las áreas de Izabal y Alta Verapaz. “Un lugar para la esclavitud sexual y doméstica para 15 mujeres”, indicó la juez Yassmín Barrios durante la sentencia. “Desaparecieron a los esposos para que las mujeres pudieran ser violadas. Heriberto Valdez Asij fue acusado de guiar a los soldados para esta tarea”, agregaba Barrios. “Los asesinatos -de Dominga Choc y sus hijas: Anita y Hermelinda- fueron responsabilidad del teniente Steelmer Reyes Girón”.

Es esta la historia detrás de los mantos de Sepur Zarco: Mujeres que han recorrido un camino largo hasta reconocerse como sujetas de derecho. Antes de pedir un juicio, las mujeres del Valle de Polochic enfrentaron su silencio. Los mantos se convirtieron en un símbolo y en este enlace se puede conocer con más detalle lo que estos significaban, y los detalles del histórico juicio que es un ejemplo para la región.

Ha sido un proceso que les permitió tomar conciencia que la violencia sexual no fue un acto normal y poco importante, sino que fue un acto cruel e injusto que atentó contra sus vidas y dignidad. Detrás de sus mantos, las mujeres de Sepur Zarco ya no eran víctimas sino mujeres con derechos. "Los juzgadores consideramos que delitos de esta naturaleza no deben volverse a repetir nunca más”, sentenció la juez Barrios.

Este reportaje fue realizado por Oswaldo J. Hernández, para Plaza Pública de Guatemala, y es republicado en CONNECTAS gracias a un acuerdo para distribución de contenidos.