Honduras reabre casos de presunta corrupción contra exfuncionarios de Zelaya

El Ministerio Público presentará las pruebas de la presunta participación en actos de corrupción de algunos funcionarios del Gobierno de Zelaya.

La Justicia de Honduras reabrió un juicio por presunta corrupción contra exfuncionarios del Gobierno que presidió Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, según informó este martes una fuente oficial.

El Ministerio Público resolvió reabrir el juicio contra exfuncionarios de la Administración de Zelaya tras recibir una resolución de la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, dijo a periodistas la portavoz de la Fiscalía, Lorena Cálix.

La portavoz no mencionó nombres, ni dijo cuántos exfuncionarios serán citados nuevamente ante la Justicia, pero señaló que se ha fijado la fecha del próximo 27 de junio para una audiencia inicial y otra de imputados.

El caso reabierto está relacionado con la sustracción de decenas de millones de lempiras (moneda local) en carretilla de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), según la declaración de Cálix.

Entre los implicados por la sustracción de dinero del BCH figura el exministro de la Presidencia Enrique Flores, quien siempre ha negado que haya incurrido en actos de corrupción y asegura que las acusaciones en su contra se deben a una persecución política.

Zelaya, a quien la Justicia hondureña le suspendió en 201, un juicio también por presuntos actos de corrupción cuando ejerció el poder, fue derrocado en 2009 cuando promovía una consulta popular para reformar la Constitución, lo que la ley le impedía.

Según versiones que trascendieron en su momento, parte de los dineros sustraídos del BCH servirían para la consulta popular que promovía Zelaya, quien ahora es diputado ante el Parlamento hondureño por el partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), del que es coordinador general.

Cálix señaló que el Ministerio Público presentará las pruebas con los indicios racionales de la presunta participación en actos de corrupción en los que habrían incurrido funcionarios del Gobierno de Zelaya.

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