La huelga de López y Ceballos

El Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. expresó su preocupación por las condiciones de detención y salud del líder opositor Daniel Ceballos.

Mayo 30 de 2015. Protestas en Caracas a favor de Leopoldo López y Daniel Ceballos. /EFE

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por las “condiciones de detención y deterioro de salud” de Daniel Ceballos, el exalcalde de San Cristóbal (Táchira) que fue detenido en marzo de 2014 por supuestos delitos relacionados con la violencia de las protestas antigubernamentales de ese año, y que está en huelga de hambre desde el pasado 22 de mayo, para reclamar a las autoridades que fijen una fecha para las elecciones parlamentarias y que éstas cuenten con observadores de la OEA y la Unión Europea.

El Alto Comisionado destacó que el día después de que comenzara el ayuno, Ceballos fue trasladado de la cárcel militar de Ramo Verde a una prisión en San Juan de los Morros, ubicada a unos 150 kilómetros de Caracas, sin el conocimiento de su familia y sus abogados, e instó a que “se permita y garantice el acceso de las familias y de los abogados” al detenido.

Según un comunicado de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Ceballos está usando silla de ruedas y habría perdido por lo menos 10 kilos de peso. Dicho deterioro se debe a que lleva más de 13 días sin ingerir alimentos y a la “inclemente temperatura en el lugar donde permanece recluido”.

Este no es el primer llamado de la ONU para Venezuela. En agosto de 2014, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que las detenciones de López y Ceballos fueron arbitrarias y recomendó al Gobierno venezolano ponerlos en libertad de inmediato.

Además, el pronunciamiento del alto comisionado llega después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestara el 29 de mayo su preocupación por las medidas adoptadas contra Ceballos y Leopoldo López, el dirigente del partido opositor Voluntad Popular que fue detenido en febrero de 2014 por supuestos delitos de instigación pública y asociación para delinquir, y que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 24 de mayo, para reclamar la liberación de otros presos políticos y la definición de una fecha para las elecciones parlamentarias.

El pasado 20 de abril, la Comisión había otorgado medidas cautelares a Ceballos y a López, solicitando al Estado venezolano que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los dos detenidos, que asegurara que las condiciones de detención se adecúen a estándares internacionales y que garantizara “el acceso a la atención médica que resulte necesaria en función de la huelga de hambre que, según información de sus familiares, habrían iniciado López y Ceballos”.

El martes pasado, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró haber pedido a un tribunal capitalino garantizar la asistencia a López, quien según sus abogados se encuentra debilitado y muy delgado debido al ayuno.

Los solicitantes de las medidas cautelares denunciaron a la CIDH que López y Ceballos, entre otros opositores, habrían sido sometidos a periodos prolongados de confinamientos sin luz natural ni adecuada ventilación, lo cual habría afectado su salud. Además, algunos de ellos habrían sido sometidos a agresiones psicológicas y físicas por parte de las autoridades. También denunciaron que los opositores han estado recluidos en una cárcel militar, a pesar de que “ninguno de ellos ostenta la condición de funcionario castrense y tampoco se encuentran procesados o condenados por delitos de carácter militar”. El Estado contestó negando las denuncias sobre las condiciones de confinamiento y las agresiones contra los detenidos. No obstante, dicha respuesta fue insuficiente para la CIDH.

Respecto al traslado de Ceballos desde Ramo Verde a una cárcel en San Juan de los Morros, la CIDH expresó que, días antes de ese traslado, las autoridades de Ramo Verde habían emitido una boleta de sanción disciplinaria contra Ceballos, consistente en “reclusión en la propia celda de aislamiento hasta por quince días sin que ello implique incomunicación absoluta”, debido a que el 15 de mayo de 2015 había dado una entrevista telefónica a una emisora de radio.

Al respecto, el organismo interamericano destacó que “el derecho a hablar, esto es, a expresar oralmente los pensamientos, ideas, información u opiniones, es un derecho básico y constituye uno de los pilares de la libertad de expresión. Una violación a la libertad de expresión a título individual constituye al mismo tiempo una violación al derecho del público a recibir información, ideas y opiniones”.

¿Y las elecciones? Esta semana se agota el plazo que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) para convocar a elecciones parlamentarias. A pesar de la huelga que sostienen López y Ceballos, hasta ahora la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, sólo ha confirmado que esos comicios se realizarán en el último trimestre del año, pero no ha dado una fecha exacta.

 

 

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