Huir de La Haya no es la salida

Después de que la Corte Internacional de Justicia decidiera atender las demandas de Nicaragua en el litigio territorial con Colombia, el Gobierno Nacional decidió no comparecer en esos juicios. ¿Es esta una decisión adecuada?

Lectura de la sentencia de excepciones preliminares el pasado jueves en La Haya. / EFE

La actitud del Gobierno frente a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de reconocer que tiene competencia parcial para pronunciarse sobre las demandas entabladas por Nicaragua el 16 de septiembre y el 26 de noviembre de 2013, es tan extraña e incoherente como el proponer que, si la selección Colombia pierde su primer, segundo o tercer partido en la fase de grupos de la Copa América Centenario, la sacamos del estadio.

Las consecuencias que prevé el Estatuto de dicho Tribunal por la no comparecencia de un Estado a un proceso contencioso generan un efecto perverso, alejado de los intereses de los colombianos que el Gobierno Nacional ha jurado defender. De acuerdo con el artículo 53 del citado instrumento internacional: “Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor”. Esto quiere decir, primero, que el proceso continuará sin Colombia; segundo, que nuestro país perderá la oportunidad de esgrimir sus argumentos de fondo; y tercero, que en consecuencia la Corte tendrá que fallar exclusivamente con base en la posición del país centroamericano.

De todas formas, si lo que teme el Gobierno es una decisión adversa a los intereses nacionales, participando o no, esa decisión se podrá presentar y será igual de vinculante para el Estado que aquella que se tome como resultado de una defensa digna en Derecho. Colombia tiene un gran equipo de defensa y sería un desperdicio que no lo dejaran actuar. Eso sería como preferir perder un partido por W como consecuencia de no querer jugarlo.

Con el análisis realizado por la Corte en el que reconoció su competencia para estudiar de fondo la demanda presentada por Nicaragua, en la que alega que Colombia ha violado sus derechos marítimos, se pensaría que el Gobierno aprendió su lección de no desacatar las decisiones del alto tribunal, pero por el contrario su respuesta demuestra que persisten en el mismo error: creer que peleando con la autoridad de la Corte va a lograr que le sean salvaguardadas sus pretensiones.

Aunque el tema que más ha generado consternación en la comunidad nacional ha sido la posibilidad de que a Nicaragua le sea adjudicada una plataforma continental extendida, lo cierto es que no es menos relevante la cuestión planteada por el primero de los fallos dictados el pasado jueves. La idea de tener que pagar reparaciones al país centroamericano, como consecuencia de la equivocada estrategia del gobierno del presidente Santos de declarar el fallo del 19 de noviembre de 2012 como “inaplicable”, más que preocupación genera molestia y un grave costo político para el país.

Esa actitud de las autoridades colombianas llevó a que la Corte considerara en el análisis de las objeciones preliminares que, si bien existe voluntad de negociación de las partes, las actuaciones del Gobierno materializadas en declaraciones del presidente y de la ministra de Relaciones que citó de manera literal, y la expedición del controversial Decreto 1946, le permitieron concluir que en este caso concreto sí existía un diferendo que debía entrar a resolver.

Lastimosamente, si bien de la sentencia de 2012 la responsabilidad política era difusa por la complejidad del caso y el número de gobiernos nacionales involucrados, de que hoy estemos ad portas de tener que compensar a Nicaragua el único responsable es el actual Gobierno, que planteó la tesis de la inaplicabilidad del fallo, desconociendo la autoridad de la Corte Internacional. No sólo perdimos el mar, sino que nos va a tocar pagar porque se lo hayan llevado.

En cuanto a la pretensión nicaragüense de que le sea reconocida una plataforma continental extendida, el panorama en el juicio de fondo es prometedor para Colombia. La misma decisión de admitir el caso lo demuestra: 8 jueces a favor y 8 jueces en contra, con la necesidad de que el voto del presidente de la Corte entrara a dirimir el empate. Es difícil que el Tribunal Internacional le vaya a reconocer a Nicaragua un derecho que no está claramente probado, por eso es mejor que la decisión se tome de una vez y no dilatarla más, pero para que sea favorable, los colombianos debemos tener la posibilidad de dar la pelea, con argumentos jurídicos.

Frente a esta cuestión, la decisión del Gobierno de no comparecer a la Corte lo único que va a generar es zozobra y confusión en los colombianos, por eso es importante que sepan que no se ha perdido nada, que lo único que pasó es que la Corte declaró que tiene competencia para conocer el caso, competencia que ya la Corte había dicho en su sentencia del 2012, cuando había declarado la admisibilidad de exactamente la misma pretensión.

Por eso era predecible que el tribunal de La Haya llegara a la misma conclusión a la que llegó en la decisión anterior frente a la solicitud del país centroamericano de una plataforma continental extendida, sin que eso en ningún momento signifique el reconocimiento de ese derecho a favor suyo. Hacerlo, generaría más controversias de las que existen hoy en día entre los dos estados y eso es contrario a la razón de ser de la Corte, que no es crear problemas, sino solucionarlos.

Finalmente, es importante reiterarles a los colombianos que no debemos temer a defendernos antes los jueces, pues no es propio de aquellos que creen tener la razón.

* Profesor de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de la Sabana.

 

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