Ilegales, un negocio

Varios centros de detención de inmigrantes indocumentados están siendo manejados por contratistas privados.

La guerra no es el único escenario del que las empresas de seguridad privada sacan provecho. Según denunció The New York Times, las empresas que reclutan mercenarios también se están encargando del cuidado de campos de detención de indocumentados en Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña. “Un puñado de empresas multinacionales de seguridad están convirtiendo las redadas de inmigración en una industria global cada vez mayor”, señala el periódico.

Según la publicación, los gobiernos de varios países recurren a estas empresas para demostrar a los votantes que están haciendo cumplir las estrictas leyes de migración. Al parecer, las empresas se han convertido en los segundos empleadores del mundo, porque hacen el trabajo más barato de lo que el sector público lo podría hacer.

Sin embargo, grupos de derechos humanos han denunciado el descuido, los abusos y el abandono al que estas empresas someten a los inmigrantes y han dicho también que estos campos de detención no funcionan, como aseguran los gobiernos.

En Estados Unidos, dice The New York Times, en donde al año se detienen, en promedio, 400.000 ilegales, las empresas privadas controlan casi la mitad de los centros de detención. En Gran Bretaña, 7 de 11 centros de detención están a cargo de contratistas privados.

Muchos de los inmigrantes detenidos llegan a pasar hasta tres años en estos centros sin que la justicia se haga cargo de sus casos. “El tema de la inmigración se les salió de las manos a los gobiernos. Nadie quiere hablar o encargarse de los ilegales, así en discursos digan que el tema les preocupa”, aseguró desde Nueva York Robert Medina, analista de origen hispano.

Se refiere a las palabras del presidente de EE.UU., Barack Obama, quien el miércoles, en un encuentro con hispanos, dijo que el tema sigue siendo muy importante y que hace todos los esfuerzos para que sea aprobada una reforma integral. Ese mismo día, una jueza federal decidió mantener en pie las partes que criminalizan a los indocumentados en una ley migratoria en Alabama, calificada con orgullo como “la más fuerte en el país”.

La jueza se negó a bloquear partes tan polémicas como permitir la criminalización de los inmigrantes sin papeles de residencia y autorizar a las escuelas a verificar el estatuto migratorio de sus alumnos, indicaron documentos judiciales.