Imputan a la infanta Cristina

Un juez español dejó en firme la medida, de 2013, que también cobija a Iñaki Urdangarin, esposo de la hermana del rey Felipe VI.

La infanta Cristina de Borbón a su llegada a un tribunal de Palma de Mallorca en febrero de este año. / AFP

El juez José Castro, que investiga desde hace tres años los negocios ilegales de Iñaki Urdangarin, confirma la imputación de Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, por delito fiscal y blanqueo de capitales. La duquesa de Palma, según una investigación judicial que acumula 32.000 folios de documentación, se benefició de los negocios ilegales de su marido con las administraciones públicas, cuyos beneficios iban a una empresa, Aizoon, cuya propiedad compartían ambos al 50%. Castro imputa a Iñaki Urdangarin nueve delitos: malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la administración y dos delitos fiscales.

El auto del juez, que quiere sentar en el banquillo a la infanta, mantiene la imputación sobre 16 de las 32 personas implicadas en la causa, muchos de ellos pertenecientes a la trama empresarial montada por Urdangarin y su socio, Diego Torres, y otros ex altos cargos de administraciones que adjudicaron a dedo los contratos al Instituto Nóos.

El juez, tras su investigación judicial, sostiene que hay suficientes indicios de delito en la actuación de la persona imputada para llevarla a juicio.

La lista de imputados incluye al expresidente del gobierno balear Jaume Matas y los ex altos cargos del gobierno balear Pepote Ballester, Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet. También están imputados el exsocio de Iñaki Urdangarin, su esposa Ana María Teijeiro y sus hermanos Miguel y Marco. De la Generalitat Valenciana han sido imputados los ex altos cargos Luis Lobón, José Miguel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado. La lista se completa con la exconsejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen.

Urdangarin y su socio cobraron más de seis millones de euros a los gobiernos de Baleares y Comunidad Valenciana por organizar eventos en los que apenas gastaron dos millones de euros. Recibieron los contratos a través del Instituto Nóos, que se presentaba bajo la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, el Instituto Nóos desviaba el dinero público conseguido por esta vía hacia empresas privadas propiedad de Urdangarin y Diego Torres. Una de esas empresas era Aizoon, cuyos propietarios eran Cristina de Borbón y su esposo. A través de esta empresa, el matrimonio gastó dinero para cuestiones particulares que hacían pasar ante Hacienda como gastos propios de la actividad de la entidad mercantil.

La decisión del juez de sentar en el banquillo a los duques de Palma será recurrida por la defensa de ambos, por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que ya decidió hace más de un año anular la imputación de la infanta y pedir al juez que profundizase en sus investigaciones.

El caso Nóos arranca de un hallazgo casual durante la investigación del caso Palma Arena, abierto a raíz de una denuncia del Gobierno balear presidido por el socialista Francesc Antich ante el sobreprecio detectado en las obras de un polideportivo, que pasó de 48 millones, precio de licitación, a más de 110 millones de euros. En uno de los registros ordenados por el juez encontraron documentación que hacía referencia a los convenios que el gobierno balear firmaba con el Instituto Nóos para la organización de eventos sobre turismo y deporte.

Al tirar de ese hilo, el juez Castro y el fiscal Pedro Horrach descubrieron la trama empresarial que montaron Urdangarín y Torres para defraudar, malversar caudales públicos y apropiarse indebidamente del dinero de las administraciones, según la investigación judicial.

Tres años después de la investigación abierta a raíz de aquel hallazgo casual, que no tenía nada que ver con el objeto de las pesquisas sobre un polideportivo que se disparó de precio, los duques de Palma están a un paso del banquillo.

El daño a la imagen y el prestigio de la familia real ha sido enorme, hasta el punto que su nota en las encuestas del CIS ha caído hasta el 3,72, cuando llegó a superar el 7. El rey saliente, Juan Carlos I, llegó a involucrarse en buscar una solución a los sospechosos negocios de su yerno al ordenarle abandonar el Instituto Nóos en 2006, cuando los grupos de la oposición en el parlamento balear se empezaron a preocupar por los contratos a dedo que le adjudicaba el gobierno de Jaume Matas (PP). Tras conocerse la noticia, la Casa del Rey ha expresado su “pleno respeto a la independencia del poder judicial”.