Las injusticias del fallo de la CIJ

Mañana se cumple un año desde que la Corte de La Haya determinó los nuevos límites entre Colombia y Nicaragua.

El ministro nicaragüense de Exteriores, Samuel Santos (izq.) saluda al representante de la delegación colombiana, Julio Londoño, antes de la lectura del fallo en la CIJ de la Haya, el 19 de noviembre de 2012. / EFE

Luego de transcurrido un año del controvertido fallo de La Haya, quedan algunas lecciones. Aunque debería existir una perspectiva frente a la decisión, que permita un balance mesurado, son tantas las pasiones que el tema suscita, que los juicios al respecto siguen estando basados en precarias e incorrectas consideraciones sobre el funcionamiento de la diplomacia y de la institucionalidad internacional.

En primer lugar, la crisis que surgió hace un año, una vez conocida la sentencia de la CIJ, despertó un nacionalismo malsano que ha revivido disputas con algunos vecinos, y en las que se habían hallado principios de solución en la primera etapa de este gobierno. En otras regiones del mundo, el nacionalismo exacerbado causa alarmas y despierta en la conciencia de quienes guardan esa sabia distancia con el tormentoso mundo de la política la inspiración para denunciar los atropellos cometidos en nombre de la patria.

En Europa, el nacionalismo fue el culpable de varias guerras, y aunque la posibilidad de una nueva confrontación que alcance la escala de lo ocurrido entre 1939 y 1945 es remota, todavía se denuncian algunos nacionalismos y cuando se tornan en sus versiones más xenófobas y populistas, contrarias a las democracias, son proscritos por la institucionalidad del llamado Viejo Continente. Europa lo sabe luego de una experiencia amarga y dolorosa. No obstante, en Colombia y a propósito del fallo de la CIJ, se ha revivido ese nacionalismo en su peor edición, porque no sólo apela al desconocimiento del derecho internacional, sino porque deforma a los vecinos hablando de un ambiente hostil y conspirativo, sin pruebas fehacientes de ello.

No se contempla la posibilidad de que convivan en un mismo vecindario ideologías de todos los espectros, lo que equivale a un error craso que supone que disparidad ideológica equivale a enemistad. El escritor japonés Haruki Marukami comparó el nacionalismo con un alcohol de mala calidad, en medio de la confrontación regional entre China y Japón por las Islas Senkaku /Diaoyu. Según el escritor, el nacionalismo, al igual que el alcohol de mala calidad, despierta lo peor en los seres humanos y los aleja peligrosamente de la razón, acercándolos a la violencia. Comparación precisa y pertinente para lo que ha vivido Colombia en estos doce meses.

En segundo lugar, el tema era una oportunidad perfecta para recrear en el país ese ambiente de internacionalismo que viene cultivándose desde hace varios años. Como nunca, Colombia ha seguido de cerca lo que ocurre en su región y en el mundo. Las elecciones en Ecuador, Estados Unidos y Venezuela son motivo de cubrimientos especiales, tanto para medios audiovisuales, como para la prensa escrita. Hace dos décadas no había tal despliegue, ni una descripción tan detallada, acompañada de una constelación de análisis. En 2003, algunos medios transmitieron en directo la famosa alocución de Colin Powell anterior a la guerra de Irak, mientras cientos (o miles) de colombianos discutían sobre la viabilidad de tal intervención.

Esta atmósfera internacional en Colombia debería hacer que analistas, periodistas y expertos en derecho internacional hubiesen puesto al servicio de esos cientos de internacionalistas improvisados y ávidos de conocimiento global, criterios serenos y mesurados sobre las posibilidades reales del gobierno colombiano frente a la sentencia de la CIJ.

En cambio, la mayoría de medios de comunicación ha optado por las imprecisiones, y por congraciarse con todo aquel que proclame la imposibilidad de aplicar el fallo. ¿Cómo se puede explicar que haya juristas abogando por desconocer el derecho internacional? o ¿por qué los medios siguen hablando de fallo contra Colombia, cuando no hubo condena alguna? Y por último, ¿cómo calculan los 75 mil, o 140 mil km2 que le habrían arrebatado al país, cuando no había límites entre Colombia y Nicaragua? (el mismo gobierno reconoce que el meridiano 82 no ha sido frontera).

Resulta extraño y contradictorio que haya pocos medios que siquiera contemplen la posibilidad de que con este fallo Colombia ganó al menos por tres razones (de los pocos análisis serios, uno aparecido en este diario de Daniel Salgar Antolínez, que explora por qué Nicaragua pudo haber perdido —“Adiós a las cortes”, del 18 de septiembre de 2013—). Primero, porque en las consideraciones preliminares de la Corte de 2007 se declaró como válido el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, que Managua alegaba como ilegítimo. Segundo, porque se reconoció que la totalidad del archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia es de Colombia. Y tercero, y en relación con el fallo del año pasado, porque los ocho cayos en disputa fueron declarados colombianos y cada uno con mar territorial.

Finalmente, y a pesar de todo lo anteriormente descrito, el fallo ha tenido una consecuencia favorable para los intereses de Colombia a largo plazo. En medio del ambiente de indignación, una conciencia frente a la necesidad de una política en zonas de frontera y en particular en San Andrés, se ha despertado. Ello ha derivado en que el gobierno central deba mostrar una preocupación sincera por la situación de algunas de las regiones apartadas. Eso sí, es prudente aclarar que los pasivos históricos del Estado colombiano en las fronteras no se resolverán en el corto plazo, ni como consecuencia de la decisión de la CIJ.

En resumidas cuentas, el balance es complejo porque se acusa injustamente de traidor a todo aquel que recuerde que lo pactado se respeta. Polarización que preocupa en un país que busca una reconciliación duradera.

 

*Profesor U. del Rosario