Justicia ante el genocidio

El exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, de 86 años, fue condenado ayer a 80 años de prisión por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. La setencia lo convierte en el primer líder latinoamericano, y uno de los pocos en el mundo, en ser condenado por este delito.

Efraín Ríos Montt, de 86 años, juzgado por genocidio. / EFE
Efraín Ríos Montt, de 86 años, juzgado por genocidio. / EFE

El del exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt fue el primer juicio a nivel mundial en que un exmandatario enfrentó cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad en un tribunal nacional. El exgeneral fue acusado de ordenar, desde que llegó a la presidencia, una limpieza étnica sin precedentes en el país y ayer fue condenado a 50 años por genocidio y a otros 30 años por otros crímenes de lesa humanidad.

"Los juzgadores consideramos que la conducta del acusado José Efraín Ríos Montt encuadra en el delito de genocidio en calidad de autor, por lo que debe imponerse la pena correspondiente", dijo la jueza Jazmín Barrios, titular del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, para luego precisar los años de condena, en un veredicto que puede ser apelado. La jueza le revocó además el beneficio de arresto domiciliario que tenía desde hace año y medio.

Ríos Montt asumió el poder el 23 de marzo de 1982, cuando un grupo de oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala, cansados de la corrupción imperante en la cúpula militar que gobernaba y cuya brutalidad había dejado al país aislado del contexto internacional, derrocó al general Romeo Lucas García y elevó a Montt, un general retirado que entonces tenía 55 años.

Ríos Montt fue jefe de Estado sólo 16 meses, pero su incidencia política marcó más de tres décadas. Su breve período en el poder pasó a la historia como una época de represión indiscriminada contra la población civil que, según el oficialismo, “servía de sustento” a la subversión izquierdista. Organizaciones humanitarias estiman que durante el mandato de Ríos Montt, unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus cuerpos fueron sepultados en fosas comunes o dejados a la intemperie. La represión obligó a los campesinos a refugiarse en campamentos mexicanos. Hubo más de 100.000 desplazados y al menos 448 aldeas borradas del mapa.

Sin embargo, en el juicio, Ríos Montt sólo tuvo que responder por 15 masacres ocurridas en el área conocida como Triángulo Ixil, al norte del país. Los hechos allí ocurridos le costaron la vida a 1.771 personas. De acuerdo con el informe de los forenses, “un 43% de los esqueletos exhumados corresponden a niños de entre cero y 12 años y más del 50%, a mayores de 50 años”. No había evidencia suficiente para probar la responsabilidad de Ríos Montt en otros hechos, debido en parte que el Ejército destruyó cualquier prueba posible cuando el exdictador dejó el poder.

Tras salir de la presidencia, Ríos Montt se protegió en su inmunidad parlamentaria durante décadas y siguió siendo influyente en la política desde la sombra, hasta que el 19 de marzo de 2012 comenzó un juicio que se convirtió en una recopilación de crudos testimonios que reflejan los traumas de la guerra contra los movimientos izquierdistas en los años 80. “Me declaro inocente. Nunca he tenido la intención ni el propósito de destruir una etnia nacional. Mi situación de jefe de Estado, mi ocupación, fue específicamente para retomar el rumbo de la Nación que estaba en la borda”, dijo Ríos Montt en su última comparecencia.

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