Justicia uruguaya se fija en la estructura judicial de Colombia

En medio del "diseño de un nuevo modelo de estructura judicial" se tomará como ejemplo, además, a Chile y algunas regiones de Argentina.

 Un grupo de trabajo del Poder Judicial uruguayo se reunió hoy para tratar el "diseño de un nuevo modelo de estructura judicial" y tomará como modelo lo que en este sentido se hizo en Chile, Colombia y algunas regiones de Argentina, informaron hoy fuentes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay.

En un encuentro con periodistas, el ministro de la SCJ Ricardo Pérez Manrique informó que el Poder Judicial finalizó su plan estratégico para los próximos diez años, el cual se centrará en "mejorar el acceso", la "calidad" y la "eficiencia" de la Justicia en el país.

A partir del 1 de enero de 2017 entrará en vigor el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) uruguayo y en este sentido se tendrán en cuenta los modelos de implantación y las estructuras judiciales que funcionan en otros países de la región, como Colombia, Chile y Argentina.

"Son experiencias que hemos visto (...) donde se trabaja sobre la base de que no hay multiplicidad de juzgados, sino que esencialmente se trabaja con baterías de salas de audiencias que son atendidas por jueces que asumen su trabajo en la audiencia y que van teniendo utilización rotativa por otros jueces", dijo Manrique.

Según explicó el magistrado, acompañado durante la reunión por el presidente de la SCJ, Jorge Chediak, hay tres posibilidades sobre el modo de implantación del nuevo Código del Proceso Penal.

La primera de ellas sería aplicar el nuevo CPP "tal y como está" en todo el país, mientras que las otras dos pasarían por hacerlo de forma escalonada.

"Otra hipótesis es pensar en hacer como se hizo en Chile, que empezó a implantarse primero por regiones hasta que se implantó en todo el territorio. Esa podría ser una alternativa, dividir el país en cuatro o cinco regiones y pautar las fechas de implantación en cada zona", afirmó Manrique sobre la segunda opción.

La tercera forma de implantar el nuevo CPP sería hacerlo en primer lugar en Montevideo y en Canelones, los dos departamentos más poblados de Uruguay y que acumulan a más de la mitad de los habitantes del mismo, e ir incorporando el resto de regiones paulatinamente.

En este sentido, Manrique también indicó que se ha cuestionado la inconstitucionalidad de las dos últimas opciones debido a periodos diferentes de vigencia del nuevo CPP en el territorio nacional.

"Nosotros pensamos que en realidad el elemento fundamental que podría provocar algún género de inconstitucionalidad es el del régimen de las medidas cautelares", destacó.

"Podría haber una aplicación del régimen de medidas cautelares del nuevo CPP en todo el territorio nacional, con lo cual todos los ciudadanos tendrían el mismo régimen de lo más importante del proceso penal, que es la prisión preventiva, o de los más importantes", agregó el magistrado.

El Poder Judicial debe evaluar los costos de estas medidas para que sean tenidas en cuenta de cara a los presupuestos quinquenales que prepara el Ejecutivo uruguayo.

En cuanto al plan estratégico del Poder Judicial, lo que busca es "mejorar el servicio en el interior del país para acercarlo al sistema ofrecido en Montevideo" a través del aumento de juzgados y a la mejora de sus instalaciones, incrementar la "calidad de la justicia" y aumentar los recursos financieros de la institución.