Justicieros civiles

Ante la inseguridad creciente en el país, los argentinos en varias ciudades hacen justicia por mano propia.

Protestas en la Plaza de Mayo en contra de la inseguridad en Buenos Aires, Argentina. / AFP

El primer caso que se hizo público sucedió en Rosario, a 300 kilómetros de Buenos Aires. Ahí mismo, en la tercera ciudad más poblada de Argentina, dos “motochorros” (ladrones en motocicleta, según la jerga policial de este país) asaltaron a una mujer que caminaba plácidamente con su hija en el barrio Azcuénaga. Un grupo de vecinos, alertados por los gritos de la señora, interceptaron a los delincuentes. Uno de ellos escapó a bordo del vehículo. El otro, David Moreyra, fue golpeado salvajemente por dos personas. Tras dos días internado, falleció. Tenía 18 años.

En las últimas horas se conoció un video del momento de la agresión registrado por un teléfono móvil, imágenes que el fiscal incorporó a la causa. La madre del chico escribió una carta que circuló por los medios nacionales. “Ahora ya nadie podrá devolverme a mi hijo, pero encima pareciera ser que quienes lo mataron no son asesinos... ¿No lo son? Por favor, que esto no ocurra nunca más y que la justicia esté en manos de quienes deben garantizarla”, rezaba la misiva de Lorena Mónica Torres, reflejada por la revista La Garganta Poderosa. Esa pregunta que se hace esta mujer, destrozada por la muerte de su hijo, es la misma que se hacen los argentinos que hoy viven en estado de alerta por la inseguridad creciente en el país y por los graves casos de justicia por mano propia. Porque a partir del linchamiento de Moreyra se produjeron 14 hechos similares, como si la República Argentina fuera el Lejano Oeste.

Unos días después, en General Roca, Río Negro, región patagónica, otros vecinos intentaron ajusticiar a un individuo que entró a robar a una casa y fue sorprendido por sus propietarios. El ladrón corrió desesperadamente perseguido por una horda de ciudadanos que lo interceptaron y lo sometieron a una brutal golpiza. El saldo fue leve, comparado con la suerte de Moreyra. Apenas heridas en la cabeza y en el hombro.

Córdoba, donde golpearon a un delincuente que le robó la mochila a una niña de 12 años, y La Rioja, donde redujeron a trompadas a un ladrón que asaltó un quiosco, fueron otros escenarios de justicieros civiles. Y en Buenos Aires hubo dos episodios resonantes. El último, ocurrido el miércoles, tuvo como protagonista al actor Gerardo Romano, quien terminó salvando a un delincuente que estuvo a punto de ser atacado después de robarle un Rolex a una turista norteamericana. Cuando fue reducido por un agente de la Policía Federal, muchos querían castigar al ladrón. Sin embargo, muy superior fue la indignación, incluso la del propio Romano, cuando 11 horas después fue liberado por “falta de mérito procesal”.

Los linchamientos son un tema de debate en Argentina y han sido condenados desde gente común y corriente, como aquellos que decidieron tomar la justicia por mano propia, hasta por distintas figuras de la política nacional. La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, aseguró que este tipo de reacciones se trata de “un homicidio violento, sangriento y en masa”, y descartó que tenga que ver con la inacción del Estado. Lo cierto es que la inseguridad no es una sensación, como algunos dirigentes oficialistas quieren hacer creer.

Sólo en la provincia de Buenos Aires, en el primer trimestre de 2014, hubo un 56% más de asesinatos en robos (73 casos) que en el mismo lapso de 2013 (47) y 60% o más que en 2012 (45). Según un informe de la Procuración Bonaerense, en el último semestre del año pasado se produjeron cuatro crímenes por día en el conurbano. Todo un síntoma de que la escalada de violencia se ha vuelto indomable. De hecho, así piensan la mayoría de los ciudadanos de Buenos Aires. Según una encuesta publicada por el sitio de internet Infobae, sobre una base de 503 porteños, el 90% cree que la delincuencia está “fuera de control”. Eso sí, un 60% de los votantes se declararon en contra de los linchamientos.

“Para los delincuentes la reincidencia no tiene valor; si una persona cometió 15 delitos en períodos cortos, demuestra que no quiere adaptarse a la sociedad, pero hay jueces que interpretan la ley a su favor y esto es un disparate. La gente reacciona de una manera que no es adecuada, pero es una consecuencia de 30 años de mala política, de un Estado ausente. ¿Cómo puede ser que los agentes que abaten a los delincuentes sean detenidos hasta que se determine la causa del tiroteo?”, se quejó Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires. Y agregó: “Me dio tranquilidad que mi hija haya estado en Italia durante el último año”.

En cambio, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, no se refirió explícitamente a los justicieros civiles, aunque deslizó durante el homenaje a los excombatientes de la Guerra de las Malvinas que “la venganza es prehistoria, es Estado de no derecho”. Su jefe de gabinete, Jorge Capitanich, describió los linchamientos como “expresiones de una extrema derechización”. Y le apuntó a Macri por sus “justificaciones”. La Iglesia también condenó la represión por parte de los ciudadanos, aunque reconoció el “hartazgo de la sociedad”.

Más allá del repudio generalizado, los carteles que aparecieron en las últimas horas en Santa Fe son amenazantes. “Vecinos Organizados. Ratero: si te agarramos no vas a ir a la comisaría. Te vamos a linchar”, rezaba la leyenda escrita con un fibrón sobre una cartulina colgada sobre un poste de luz en el barrio Los Hornos. El Código Penal argentino marca una diferencia entre el asesinato y el homicidio en defensa legítima. Sin embargo, no respalda ningún acto de violencia comunitaria ciudadana. El homicidio en riña prevé condenas que van de dos a seis años de prisión, en caso de muerte, y de uno a cuatro, en caso de lesión.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel aseguró que “nadie es dueño de la vida ajena”. Lo hizo unas horas antes de que otro grupo de vecinos de la localidad del Recreo, en Santa Fe, organizaran una pueblada contra una familia de narcotraficantes. Los civiles destruyeron un auto e intentaron incendiar la casa de los malhechores, quienes respondieron con disparos. Dos vecinos resultaron heridos. Así vive Argentina, angustiada, en estado de ebullición, bajo la ley del Talión, “ojo por ojo, diente por diente”.

 

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