Latinoamericanos no olvidan las dictaduras

El excapitán de la Marina de guerra Alfredo Astiz, símbolo de la represión ilegal en la dictadura argentina, y otros 11 militares, fueron condenados a cadena perpetua.

Argentina cerró un doloroso episodio de su historia. Después de un juicio de dos años, Alfredo Astiz, el llamado “ángel rubio de la muerte”, y 15 militares más fueron sentenciados a cadena perpetua por cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983). En este período se llevaron a cabo miles de asesinatos y torturas en las instalaciones de la escuela militar, Esma, en donde funcionó el Grupo de Tareas 3.3.2, que era el encargado de arrojar a cientos de personas desde aviones al río de la Plata.


Astiz y los otros acusados fueron los responsables de la desaparición de varias fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor, María Bianco y Esther Careaga; de dos monjas francesas que acogían a familiares de desaparecidos; Leonie Duquet y Alice Domon, y del escritor y periodista Rodolfo Walsh.


Mientras los acusados escucharon imperturbables las condenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas estallaron en júbilo con cada sentencia. “Es una jornada histórica, es la lucha más digna de la historia reciente de los argentinos, que no olvidamos los crímenes de la dictadura”, afirmó Patricia Walsh, hija del periodista asesinado. Con este fallo, ya son 262 personas las que han sido condenadas en Argentina desde el retorno a la democracia en 1983.


Los argentinos no son los únicos que aún no han terminado de cerrar cuentas con su pasado. En Brasil, el único país de Suramérica que no había investigado los crímenes de la dictadura (1964-85), el Senado aprobó la creación de una Comisión de la Verdad que investigará las violaciones de los derechos humanos durante esa época. El gobierno de Rousseff, una exguerrillera de 63 años que fue encarcelada y torturada en la dictadura, había pedido urgencia en la votación de este proyecto. La Comisión prevé sacar a la luz hechos como la desaparición forzada de personas y violaciones de derechos humanos, aunque sin levantar la amnistía vigente desde 1979 y confirmada por la Corte Suprema hace un año, que impide enjuiciar y encarcelar a los represores. El objetivo, según el texto, es “garantizar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional”.


Mientras este texto era aprobado, en Uruguay la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985), antes de que éstos caduquen el próximo 1 de noviembre. Un centenar de personas que acompañaron la votación desde las barras del Parlamento celebraron con aplausos y cánticos de “se va a acabar la impunidad en Uruguay”, el final de un tenso debate sobre un tema que ha dividido al país sudamericano en los últimos 26 años.