¿Le importan los niños al mundo?

La reciente condena al líder de la Unión de Patriotas saca a relucir incoherencias de la política internacional.

La condena de 14 años de prisión que la Corte Penal Internacional (CPI) dictó esta semana contra Thomas Lubanga, exdirigente de la Unión de Patriotas Congoleños acusado de reclutar y utilizar a menores de 15 años, sienta un precedente histórico en contra de la impunidad de quienes usan a niños en sus fuerzas armadas. No obstante, la sentencia está enmarcada por la falta de consenso en la política internacional para defender a los menores.

Lubanga dirigió la Unión de Patriotas Congoleños y también su brazo armado, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo. Los niños que reclutó, con engaños y amenazas, combatieron en el conflicto armado de Ituri, al noreste del país. La violencia allí desatada entre las etnias hema (de Lubanga) y lendu dejó al menos 60.000 muertos. La guerra civil de la República Democrática del Congo (RDC) dejó cerca de 6 millones de muertos.

No puede ignorarse la importancia de que la primera condena de la CPI sea por reclutamiento y utilización de menores. Richard Clark, director de Child Soldiers International, dice en conversación con El Espectador que “es un paso significativo en la obtención de justicia para el crimen de guerra de reclutar niños y usarlos en hostilidades, porque envía un mensaje de que aquellos que cometen esos delitos pueden ser llevados ante la justicia y recibir fuertes condenas. Esto confirma que no hay impunidad y que las víctimas pueden anhelar justicia”.

En todo caso, con Lubanga tras las rejas, el reclutamiento de menores sigue teniendo lugar en la RDC y en el resto del mundo (ver infografía). Clark cuenta que en la RDC, aunque “se han realizado algunos procesos judiciales en cortes domésticas, los pocos convictos han escapado y en algunos casos han vuelto a servir a fuerzas armadas. Los más sospechosos perpetradores constituyen una lista larga; algunos de ellos han llegado al Ejército y se cree que son responsables de seguir con el reclutamiento y la utilización de niños”.

Bosco Ntaganda, antiguo aliado de Lubanga, podría ser el próximo congoleño sentenciado por reclutamiento. Desde que las autoridades congoleñas decidieron entregarlo a la justicia internacional, está atrincherado al este del país con la intención de asaltar Goma, la ciudad más importante. La Corte también ha presentado cargos contra otros líderes del Congo, como Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, y contra Joseph Kony, el líder del Ejército de Resistencia del Señor de Uganda, una de las guerrillas más sanguinarias de África.

Ellos son algunos entre una infinidad de reclutadores que permanecen no identificados en por lo menos 17 países del mundo, especialmente en el centro de África, según la ONU.

Los grupos armados estatales y no estatales reclutan a menores, según Clark, porque el reclutamiento “puede compensar la escasez de soldados adultos usados en combate. A veces permite que las tropas de adultos sean transferidas de funciones de apoyo —como cocinar, hacer guardia, etc.— a la primera línea de combate. Una vez reclutados, los niños quedan particularmente expuestos a ser víctimas de una serie de violaciones a los derechos humanos, que incluyen la esclavitud, la explotación y la violencia sexual”.

Para los niños entre 15 y 18 años la situación es aún peor, pues han quedado desamparados por la incoherencia en la política internacional. Beatriz Linares, gestora de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños en Colombia y asesora del Gobierno en misiones ante la ONU y La Haya, explica a El Espectador que las instancias internacionales han sido incapaces de ponerse de acuerdo para proteger a la niñez. “Mientras el Estatuto de Roma, por el cual se rige la CPI, tipifica el crimen de guerra para el reclutamiento de menores de 15 años, la Convención de los Derechos del Niño dice en su artículo primero que niño es toda persona menor de 18 años, aunque a su vez dice en el artículo 38 que no podrán ser reclutados menores de 15 años”.

Para Linares, que la Convención de los Derechos del Niño diga “que niño es toda persona menor de 18 años, salvo para la guerra, está enviando un mensaje muy grave, porque no hay un evento que vulnere más los derechos de un niño que la guerra. Demuestra que lo que ha prevalecido son las políticas armamentistas y guerreristas, más que las políticas de paz”.

Además, aunque se ha impulsado un protocolo para reformar el artículo 38 y establecer la edad máxima prohibida para el reclutamiento en los 18 años, la CPI se ha resignado y sigue condenando el reclutamiento de menores de 15 —como en el caso de Lubanga—. La intención de llegar a un acuerdo apenas se menciona y se pasa por alto en los encuentros internacionales.

La incoherencia entre el DIH y los derechos humanos le sirve de escudo a grupos armados que tienen niños mayores de 15 y menores de 18 años, y que “por ser parte de un conflicto armado sólo se rigen por el DIH”, dice Linares. Para Jenny Thomas, funcionaria de Child Rights Information Network (CRIN) en contacto con este diario, “la diferencia en cuanto a la minoría de edad es injustificable y refleja, sospechamos, que los mayores de 15 años utilizados en hostilidades sean a menudo considerados victimarios, y no víctimas. La teoría de que la ley internacional más allá de la Convención (de los derechos del niño) debe definir una edad, es inevitablemente discriminatoria”.

Colombia es un caso excepcional en medio de tanta incoherencia, porque su normativa sí ha sido reformada para castigar el reclutamiento de menores de 18 años y no de 15. Además, la directora del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, Alma Viviana Pérez, dice, también en diálogo con El Espectador, que internacionalmente Colombia es ejemplo por ser el primer país en someterse voluntariamente al monitoreo del reclutamiento de la ONU, por definir que no existe el reclutamiento voluntario, aun cuando los niños decidan integrarse a grupos armados, y por agregar a la Comisión Intersectorial la violencia sexual.

En la sentencia a Lubanga quedaron excluidas las víctimas de abusos sexuales, por la dificultad con que se encontró la CPI para probar que esas agresiones “fueran cometidas, animadas, o bien ordenadas” por el congoleño. La violencia sexual, en Colombia, África y Asia, está estrechamente ligada al reclutamiento. Linares recuerda que el exsecuestrado Luis Eladio Pérez dice que las niñas combatientes son esclavas sexuales y “habla de los servicios sexuales los miércoles y los domingos para los líderes guerrilleros”.

Los logros de la normatividad colombiana son reconocidos por la ONU, aunque en el último informe el país siga ocupando el triste podio de los que tuvieron un mayor índice de reclutamiento en 2011, con 300 casos registrados. Frente a esta cifra, Linares explica que “es imposible saber exactamente cuántos niños están con las fuerzas armadas. En 10 años han pasado 6.000 niños por el programa de atención del ICBF y hay 15 sentencias contra reclutadores. ¿Dónde está el resto? Colombia no está asegurando la justicia contra el reclutamiento. Corre el riesgo de que cualquiera de estas 6.000 personas vayan directamente a la CPI, porque aquí no hubo justicia para ellos”.

En todo caso, la reparación que puedan recibir en la CPI también es dudosa. El caso Lubanga vuelve a cuestionar cuánto le importan los niños a un mundo en el que el sistema de derechos humanos más importante de la historia ha desamparado a los que están entre los 15 y los 18 años.

Otros interrogantes se despiertan a partir de los 14 años de la condena. Todos los expertos consultados se muestran sorprendidos por su brevedad. Para Jenny Thomas “basta con decir que muchos niños en el mundo todavía son sentenciados a cadena perpetua por mucho menos: 45 de 54 países de la Comunidad Británica de Naciones aún autorizan la cadena perpetua como una sentencia para niños”. 

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