Leopoldo López, el aspirante inhabilitado

Apoyado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano, el político opositor venezolano dijo que será candidato presidencial en 2012 pese a que el Tribunal Supremo llenó de incertidumbre una eventual victoria suya en las urnas.

Leopoldo López está decidido a lanzarse como candidato a las elecciones presidenciales de Venezuela el próximo año. Lo anunció el martes en una rueda de prensa en la que adelantaba que a pesar de estar inhabilitado por la Contraloría para ejercer cargos públicos, no resignará su posibilidad: "Se equivocan si piensan que nos van a arrodillar mientras pretenden arrancarnos nuestros derechos. La dignidad tendrá la banda presidencial en 2012, los derechos no se negocian".

El candidato es un fuerte aspirante a ganar las elecciones primarias de la oposición en febrero próximo. En los sondeos publicados hasta el momento, entre 12 aspirantes, sólo es aventajado por el actual gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles. Entre los dos, es bastante probable que salga el rival de Hugo Chávez para los comicios del 7 de octubre del año que viene.

El caso de López es singular. La inhabilidad vino durante su periodo como alcalde de Chacao (2000 – 2008), municipio de Miranda. Cuando su popularidad marcaba altos índices y se perfilaba como el posible nuevo alcalde de Caracas, la Contraloría General lo inhabilitó por dos presuntos casos de malversación de fondos públicos, una sanción que se extendería hasta 2014.
No obstante, convertido en uno de los líderes de la oposición más respetados en Venezuela a través de su movimiento Voluntad Popular, López interpuso el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El argumento siempre fue el mismo: se le estaba violando el derecho a ser elegido y su inhabilidad no tenía el soporte de una sentencia penal en su contra, como exige la Constitución venezolana.

La Comisión aceptó la demanda y su análisis pasó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el pasado 16 de septiembre falló a favor de Leopoldo López y pidió la reivindicación de sus derechos. Sin embargo, la respuesta del presidente Hugo Chávez fue inmediata: "¿Qué valor puede tener esa corte? Para mí no vale nada, es un cero a la izquierda".

A pesar de todo, el Gobierno sometió el fallo de la CIDH al Tribunal Supremo de Justicia. La rueda de prensa ofrecida por López era justamente la respuesta al pronunciamiento del Tribunal. Sólo un día antes, su presidenta, Luisa Estella Morales, anunciaba que López "no tiene impedimento para inscribirse (...) como candidato a cualquier cargo de elección popular, incluido el de presidente de la República". No obstante, dejaba abierta la duda a qué podría pasar si resultaba victorioso: recalcó que López gozaba de todos sus derechos políticos, pero "no podemos pronunciarnos sobre situaciones futuras. Si eso ocurriese (si ganara), tendríamos que pronunciarnos".

Sobre el caso, también habló el procurador general de la República, Carlos Escarrá, quien aseguró que había que tener en cuenta que la inhabilitación del candidato era administrativa y no política por lo que a pesar de tener el derecho de hacer campaña y presentarse en elecciones, solo podría ejercer cargos públicos hasta 2014, de otro modo se estaría violando la Constitución. "Jamás (...) se le ha inhabilitado políticamente, al señor López se le ha inhabilitado administrativamente por su antecedente de ladrón", puntualizó Escarrá.

Mientras la discusión continúa, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que se aseguraba que las investigaciones penales en contra del líder de Voluntad Popular se “mantienen vigentes”. Con un comunicado también, la Mesa de Unidad Democrática, la coalición que agrupa desde el año pasado a los partidos opositores, adelantó que denunciará al Gobierno ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por “desacato flagrante”, en lo que parece ser “una vergonzosa muestra de dependencia política de los poderes públicos contra lo dispuesto en la Constitución”.