Libertad de prensa en Ecuador, y Snowden

Para la mayoría de medios de la región, la aprobación de la Ley de Comunicación sólo confirma un autoritarismo que ve en los medios a un enemigo.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en Guayaquil, donde se realizó la “Primera cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos”. / EFE
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en Guayaquil, donde se realizó la “Primera cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos”. / EFE

El reto más significativo que enfrenta Rafael Correa en este segundo mandato tiene que ver con la polarización frente a la prensa. Para la mayoría de medios de la región, la aprobación de la Ley de Comunicación sólo confirma una tendencia denunciada desde hace varios años por la oposición: un autoritarismo que ve en los medios a un enemigo. Un hecho que contrasta con la generosidad que se ha expresado frente a figuras como Julian Assange, fundador de Wikileaks, y recientemente a Edward Snowden, excontratista de la CIA que reveló el plan de espionaje masivo la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA). Al gobierno ecuatoriano se le acusa de proyectar una cortina de humo con los casos Assange y Snowden, para ocultar la precariedad de la libertad de los medios en Ecuador.

No obstante, la situación ecuatoriana dista de aquel simplismo. Es cierto, el gobierno de Correa ha atacado sin cesar a los medios, con insultos inéditos de un presidente para referirse a la prensa. La intimidación a algunos es evidente, pero en el fondo se trata de impulsar desde el Estado un sistema de información que sólo puede ser entendido a la luz de los valores que Correa promueve. Sin que esto signifique comulgar con los ataques contra los medios, injustificables desde cualquier punto de vista.

Dos fenómenos parecen explicar e incluso justificar las recientes posturas del gobierno ecuatoriano frente a los medios. En primer lugar, que mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos critica y señala a algunas naciones del mundo por violar las libertades en la información, Washington se da el lujo de perseguir abiertamente a quienes incurren en prácticas que atenten contra su seguridad, por considerar como amenaza la circulación de cierto tipo de información.

Es decir, el argumento calcado al que algunos de los regímenes autoritarios apelan para limitar la libertad de expresión y de información. Con esto en mente, para el gobierno de Alianza País (partido de Rafael Correa) resulta fácilmente justificable defender a quienes son perseguidos políticamente por Estados Unidos, que en dicha situación, como en otras, es presa de sus contradicciones.

A esto habría que sumar la pobreza de la información en algunos medios del Ecuador y del resto de América Latina, y en casos concretos, donde se ha confundido la labor de informar con la del proselitismo político. A su vez, la incursión del gran capital del cual dependen cada vez más los medios habla de una pauperización flagrante de la actividad informativa.

En el caso concreto de este país andino es prudente tener en cuenta la polarización desde la llegada de Rafael Correa y, concretamente, desde la aprobación de la Constitución de Montecristi, que modificó drásticamente la relación de fuerzas entre el Gobierno y el Legislativo. Por años, el Legislativo fue el escenario predilecto de la oposición, para hacerle contrapeso al Ejecutivo y ejercer el control político.

No obstante esta ecuación, necesaria para el funcionamiento de la democracia, el Legislativo incurrió en excesos, como la polémica destitución de Abdalá Bucaram, considerada por algunos como ilegítima, ya que jamás se presentó examen médico alguno que comprobara la locura que sirvió de justificación para su destitución.

En consecuencia, con la disolución del Congreso antes de la asamblea de Montecristi y con un nuevo Legislativo a su favor, resultado de nuevas elecciones, Correa ha dispuesto de un margen que le permite enfrentarse a los medios de comunicación e incluso, apoyado en su popularidad, mediar en problemas de terceros en el mundo.

Detrás de todo ello reposa la idea de un nuevo equilibro entre los medios. La nueva ley, por ejemplo, contempla una nueva distribución de frecuencias que consiste en 33% para privadas, 33% para públicas y 33% para comunitarias. De allí que algunas emisoras comunitarias salieran a apoyar abiertamente la célebre y contestada Ley de Comunicación. E incluso, que diarios como El Telégrafo apoyaran su aprobación, en contravía de las líneas editoriales de la mayoría de grandes medios que se oponen a la ley.

En nada contradice esto la posición de Carondelet frente a Assange y a Snowden, porque las dos figuras representan una libertad que desafía el control de la información en las manos de unos pocos. La diferencia estriba en la escala. Las acusaciones contra éstos se dan en un contexto global, y las proferidas por Correa contra los medios, en uno nacional.

El hecho demuestra que Ecuador aspira a abandonar la categoría de país periférico, por décadas irrelevante en la vida internacional y sólo célebre por su inestabilidad, juzgada como crónica por las destituciones de Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, que dejaron la imagen de un Estado inviable políticamente.

En contraste, por primera vez en mucho tiempo Ecuador se involucra en temas internacionales que hacen eco de las transformaciones que pretende jalonar internamente, sean viables o no. El proyecto Yasuní-ITT busca acabar con el dilema entre explotación de recursos y bienestar material. La defensa enérgica de Julian Assange y Edward Snowden, por otra parte, pretende convertir a Ecuador en el refugio de aquellos perseguidos por difundir información.

Esto recuerda lo que significó durante mucho tiempo México, acostumbrado a recibir a los perseguidos políticos latinoamericanos, y en general de todo el mundo, quienes vieron en el D.F. un refugio ideal. Porfirio Barba Jacob, Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez y recientemente Fernando Vallejo confirman una tradición moldeada durante varias décadas, y no de forma súbita. También lo que éstos representaban dista de lo que Assange y Snowden reivindican. Imposible de equiparar, la comparación sólo invita a pensar en las nuevas formas de persecución política.

Por ende, el desafío que enfrenta Correa tiene dimensiones que ni el mismo Gobierno advierte aún. De su éxito o fracaso puede depender la legitimidad de la denominada Revolución Ciudadana. Un dato final: de todas las preguntas de la consulta popular de 2011, aquella concerniente a la Ley de Comunicación fue la que menos apoyo obtuvo, a pesar de contar con la aprobación del electorado. Indicador que refleja la complejidad de lo que pretende el correísmo.