"Libertad, justicia y democracia"

Hace ocho siglos se firmó el documento que creó el concepto de derechos humanos y que sirvió de inspiración a constituciones como la de EE.UU.

El primer ministro británico, David Cameron, y la reina Isabel II durante la conmemoración de la Carta Magna. /AFP

El 15 de junio de 1215 el rey inglés Juan Sin Tierra promulgó la Carta Magna Libertatem, la Gran Carta de las Libertades. Su propósito era calmar a los alborotados barones, quienes habían formado un frente unido de lucha contra las recientes medidas de elevar los impuestos, camino fácil que se le había ocurrido al monarca para cubrir sus menguadas arcas tras las derrotas sufridas ante los franceses. La nobleza agremiada aprovechó la conmoción no sólo para detener las arbitrarias medidas impositivas cortesanas, sino para exigir límites y controles a todas sus actuaciones.

Las demandas de la nobleza representaban ante todo eso: el paquete de aspiraciones de una clase particular medieval en una sociedad donde la complejidad creciente comprendía el pueblo raso, los artistas, los religiosos, los siervos y el grupo comerciante emergente, entre otros. La Carta, en sus 63 artículos, se parece mucho más a las constituciones griegas y romanas, dispuestas para asegurar los derechos de los hombres libres, que a la “primera constitución” en el mundo, como la escrita por Mahoma para la ciudad de Medina el año 622, un estatuto de convivencia y defensa de una ciudad cosmopolita y multirreligiosa de cristianos, musulmanes y judíos, en donde, por ejemplo, “un judío que obedece al Estado disfruta del mismo derecho de ser protegido como cualquier otro creyente, en tanto no se asocie en rebelión con otros”, sin discriminación de nivel económico o de género entre los residentes.

Sin embargo, la forma como en la Carta Magna quedó estipulado el control noble de la corona será el eje de las reivindicaciones populares y los movimientos contra el absolutismo en los siglos siguientes, hasta el día de hoy. En efecto, Juan Sin Tierra (llamado así porque su herencia fue la menor entre sus hermanos) accedió a conformar un consejo de 25 nobles, que “junto con la comunidad del reino, quedaba autorizado a embargar los castillos y posesiones y tomar las demás medidas juzgadas necesarias para reparar a satisfacción los agravios reales”. Así se perfilaron los derechos ciudadanos del habeas corpus, la propiedad privada y la herencia de bienes, la libertad religiosa y la autonomía de las iglesias, la movilidad por el territorio y el establecimiento de normas y cuerpos empoderados para detener el despotismo.

La osadía de Juan Sin Tierra de provocar la nobleza fue un bumerán que se devolvió en su contra: apresuró su fin y erosionó el dominio monárquico. La Carta no se pudo poner en práctica de manera automática, pues su signatario murió al año siguiente y la revuelta nobiliaria continuó. Dos años después, en 1217, los protectores del infante heredero, Enrique III, la aplicaron y pudieron cesar, por un tiempo, la rebelión de los barones. Deslegitimada entonces, la institución monárquica sucumbió en las revoluciones regicidas posteriores (Francia), fue evitada en los nuevos estados nacionales americanos o pasó a ser una figura decorativa, que simboliza la añoranza del pasado nacional, más o menos brillante, como en Japón, Tailandia, Suecia o España, sin injerencia efectiva alguna en la vida política de sus pueblos.

Gracias a las libertades auspiciadas por la Carta, el marco normativo que garantiza la soberanía popular y la igualdad de derechos entre los ciudadanos ha llegado lejos. Sin embargo, se trata de una tarea inconclusa, si tomamos en cuenta la brecha increíble entre la formalidad y la realidad. Bien sabemos que, a diferencia de la igualdad, libertad y solidaridad contempladas en las constituciones, nuestros reinos contemporáneos (llamados estados soberanos) se componen de ciudadanos de primera clase, con todos los privilegios económicos y políticos, y ciudadanos de segunda, de tercera, cuarta y quinta condición, estos últimos condenados a deambular sin provisión mínima de sobrevivencia, o a huir de sus perseguidores sin protección alguna gubernamental, o a arriesgar su vida en las aguas de nadie, sin un reino que haga respetar su ciudadanía. Tener reinos viables, con instituciones y sistemas jurídicos autónomos, que garanticen a todos sus súbditos los derechos para florecer como personas, parece ser el gran desafío de las cartas magnas de 2015 en adelante. Pero eso tan bueno, según las lecciones que da la historia, no se logra gratis.

 

*Profesor U. Externado de Colombia