Los Cascos Azules van a la República Centroafricana

La ONU envía su misión de paz a un país sumido en una cruenta guerra entre cristianos y musulmanes.

La ONU decidió actuar antes de que el conflicto que estalló hace poco más de un año en la República Centroafricana se convierta en un genocidio como el que vivió Ruanda hace 20 años. El Consejo de Seguridad del máximo organismo internacional aprobó por unanimidad una resolución que autoriza el despliegue de una misión de paz de 10.000 soldados y 1.800 policías para intentar estabilizar a un país que naufraga en medio de una cruenta guerra entre milicias cristianas y musulmanas.

Esta no es la primera misión internacional enviada por la ONU al país africano. Mediante la resolución 2127 del 5 de diciembre de 2013 el Consejo de Seguridad, ante "el colapso total del orden público, la ausencia del Estado de derecho y las tensiones sectarias, y expresando también su grave preocupación por las consecuencias que la inestabilidad de la República Centroafricana puede acarrear para la región de África Central y otros lugares", autorizó el despliegue de la Misión de Apoyo Internacional liderada por África en la República Centroafricana (Misca, más conocida como la Unión Africana), por un período de doce meses, con el fin de proteger a los civiles, reestablecer la seguridad y el orden público, buscar la estabilización del país, de la autoridad del Estado en todo el territorio, y generar las condiciones propicias para la asistencia humanitaria, entre otras.

La Misca ha sido apoyada por unos dos mil soldados franceses y la Unión Europea ha comenzado a enviar un contingente de apoyo de 850 soldados. Sin embargo, según dijo el propio embajador francés ante la ONU, el trabajo de la Misca y las tropas francesas ha sido "considerable" pero "la situación sigue siendo extremadamente precaria". Por eso, a petición de Francia, el Consejo de Seguridad aprobó el envío de esta nueva misión que asumirá a partir del 15 de septiembre de este año las responsabilidades que se le habían encargado a Misca, y que se mantendrá desplegada en territorio centroafricano por un período inicial de un año, hasta el 30 de abril de 2015.

Fue Marie-Thérèse Keita Bocoum, experta independiente designada por la ONU para estudiar la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana, quien dijo la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en la República Centroafricana se vulneran todos los derechos de la población. El conflicto ha destruido el tejido social y económico y ha obligado a cerrar hospitales y escuelas y todo tipo de estructura estatal. "La debilidad de las instituciones del Estado y la fragilidad del Estado en sí mismo han acabado por instalar un clima general de miedo e inseguridad, de desconfianza que favorece la impunidad e instala en el país el círculo vicioso de la violencia", dijo la experta.

La actual guerra civil en República Centroafricana comenzó con el derrocamiento del presidente cristiano François Bozize, quien se había tomado el poder desde 2003 mediante un golpe militar. En marzo de 2013, la rebelión de una alianza de grupos armados llamada Seleka, integrada principalmente por musulmanes e impulsada por mercenarios extranjeros, derrocó al mandatario al tomarse la capital del país, Bangui. Michel Djotodia, el líder de Seleka, se convirtió en presidente interino y en el primer musulmán en gobernar el país, pero desde entonces no ha sido capaz de controlar a las facciones armadas que lo llevaron a su cargo.

En respuesta al golpe de Estado de Seleka, y para defender a la población mayoritariamente cristiana, surgieron las milicias llamadas "Antibalaka".

Así, el conflicto devino en un enfrentamiento interétnico e interreligioso en el que las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura, la violencia sexual contra mujeres y niños, las violaciones, el reclutamiento y utilización de niños y ataques contra civiles, son el pan de cada día. Según la resolución del Consejo de Seguridad, la guerra civil ha dejado 760.000 desplazados internos y más de 300.000 refugiados (muchos de ellos musulmanes) en países vecinos, lo que a su vez ha causado problemas en países como Chad, Camerún y República Democrática del Congo. Cerca de 2.2 millones de personas, esto es casi la mitad de la población, requieren con urgencia ayuda humanitaria.
Desde enero de este año Amnistía Internacional ha denunciado un genocidio en República Centroafricana. La organización ha dicho que las milicias cristianas han realizado una “limpieza étnica” a gran escala: comunidades enteras musulmanas han sido obligadas a huir y “cientos de civiles que no han logrado escapar han sido asesinados” en varias poblaciones. El lunes pasado, cuando se conmemoraban 20 años del genocidio de Ruanda, la organización volvió a hacer un llamado ante la indiferencia mundial frente a República Centroafricana:

"En 1994, el mundo se cubrió de vergüenza cuando cerró los ojos ante los desesperados gritos de ayuda que llegaban de Ruanda. África y el resto de la comunidad internacional se lavaron las manos mientras se masacraba a cientos de miles de personas", afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. Y añadió: "el mensaje es claro: no se debe permitir que esto suceda de nuevo. Pero aunque los líderes han reconocido sus errores, 20 años después es evidente que no se han puesto en práctica las lecciones aprendidas. Los gobiernos siguen sin actuar para proteger a quienes lo necesitan en las catástrofes inminentes que afrontamos hoy".

La decisión de la ONU llega después de que su secretario general, Ban Ki-Moon, visitara República Centroafricana e hiciera un llamado a que allá no se repitan los errores que llevaron a un Estado cercano, Ruanda, a vivir uno de los genocidios más trágicos de la historia. "La comunidad internacional le falló al pueblo de Ruanda hace 20 años. Y estamos en riesgo de no hacer lo suficiente para el pueblo de la República Centroafricana en la actualidad", dijo. Estará en manos de los Cascos Azules y la comunidad internacional evitar que la violencia siga apoderándose de un territorio de grandes dimensiones y escasa infraestructura, así como reestablecer la autoridad del Estado sobre el territorio y, lo que hoy parece casi imposible, lograr el desarme y la reconciliación entre los actores de la guerra.


@DanielSalgar1