Los Kirchner, bajo la lupa

Una investigación a la familia presidencial por enriquecimiento ilícito, la inflación y una reforma judicial tienen en un momento incómodo al gobierno de Argentina.

Cristina Fernández  es criticada por su enriquecimiento patrimonial.    / AFP
Cristina Fernández es criticada por su enriquecimiento patrimonial. / AFP

No soplan buenos vientos para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina. Los cada vez más férreos controles cambiarios, la creciente inflación y los intentos por cambiar el sistema judicial, entre otras razones, han alertado a la comunidad internacional. A este coctel se suman el descontento de gran parte de la población, que continúa organizando marchas y cacerolazos, y ahora la investigación al matrimonio presidencial por supuesto enriquecimiento ilícito, reabierta luego de varios testimonios, entre ellos el de la exsecretaria privada de Néstor Kirchner.

Los ojos del mundo entero están puestos en este “nuevo” escándalo, que había sido investigado inicialmente en 2008 y que resurge tras denuncias periodísticas. El mayor implicado es Lázaro Báez, constructor y amigo personal del expresidente, a quien se acusa del lavado de cerca de 55 millones de euros, que habría transportado en efectivo por avión hacia Suiza y varios paraísos fiscales.

Báez, quien negó las acusaciones diciendo que buscan “manchar el honor de Kirchner”, fue imputado por el fiscal Guillermo Marijuan el pasado viernes. El martes, el mismo fiscal denunció amenazas en su contra, luego de criticar el trabajo de los jueces que han investigado el caso desde 2008. Según contara quien fuera la secretaria privada de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, Báez y los empresarios Cristóbal López y Eskenazi entregaban al otro secretario del expresidente, Daniel Muñoz, bolsas negras con dinero en efectivo. Los negocios de Báez en la construcción y el sector petrolero crecieron considerablemente en los últimos años, así como los del empresario López en los negocios de casino y medios de comunicación. Con Eskenazi, se presume que Quiroga se refería a quien fuera dueño del 25% de YPF antes de la nacionalización de la empresa.

Algunos testimonios más dan cuenta de la cercana relación de Báez con Kirchner y de los fideicomisos que crearon para poder lavar el dinero. El expresidente, incluso, habría construido bóvedas para guardar su dinero en la residencia que el matrimonio presidencial tiene en El Calafate, según Quiroga.

Y es que los números que muestra el crecimiento patrimonial de los Kirchner no permiten alejar las dudas que se posan sobre su figura. Desde 2003, año en que llegaron a la Casa Rosada, su patrimonio ha aumentado 800%.

Aunque es el más reciente, este no es el único escándalo con el que lidia actualmente el gobierno argentino. La investigación por enriquecimiento ilícito se da en medio de las discusiones en el Congreso para aprobar el proyecto de reforma judicial presentado por el Gobierno, que ya fue aprobado por la primera cámara del parlamento y cuya aprobación hoy en segunda instancia por parte del Senado, de mayoría kirchnerista, se da por descontada.

El punto de mayor controversia es la propuesta de que los jueces del Concejo de la Magistratura sean elegidos popularmente, lo que implicaría que los candidatos tendrían que estar afiliados a un partido político.

Tras su aprobación en la primera Cámara, la relatora de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, Gabriela Knaul, exhortó al país a reconsiderar la reforma, pues, dice, “politizaría la justicia”. El Gobierno reaccionó de forma inmediata y envió a través del canciller, Héctor Timmerman, una enérgica carta de protesta.

Para la presidenta, la reforma es una forma de democratizar la justicia, pero otros, como el sociólogo Marcos Novaro, advierten sobre el peligro de “terminar con el halo de imparcialidad que todo juez debe tener”.

Diversas organizaciones han mostrado también su preocupación por la reforma, entre ellas Human Rights Watch, cuyo director, José Miguel Vivanco, resaltó que los cambios “dañarían gravemente la independencia del poder judicial”. Algunos otros detractores dicen, no obstante, que no percibirán mayores cambios, pues la gran mayoría de los jueces, hoy en día, fueron nombrados por el kirchnerismo.

A la par de estos debates, el manejo de la política económica ha prendido ya las alarmas. Tanto la ONU como el FMI se muestran preocupados. El director del Fondo para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, declaró en Montevideo que el proteccionismo y el cambio dual existentes hoy en el país austral generan un efecto negativo para la región. En un informe presentado por el organismo se destacan la desaceleración y el freno de la inversión extranjera en el país.

En la calle, en los cacerolazos, en los diversos medios —oficialistas y no oficialistas—, se habla de dos temas puntuales al tratar de economía: la inflación y el precio del dólar. La situación no le es ajena al Gobierno. Le preocupa. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ha ventilado sus ganas de salir del cargo. Incluso trascendió la semana pasada que la presidenta citó a dos reuniones de urgencia en la quinta presidencial Olivos, para buscar una solución pronta.

En el caso de la inflación, se enfrentan a una realidad que el kirchnerismo siempre quiso ocultar, pero que hoy le es imposible negar. El Gobierno cayó en la paradoja que construyó en los últimos años, al basarse en cifras oficiales de 10%, en lugar de las reales, que rondan el 23 o 25%. Así, al mismo tiempo que pedía tomar como valor los números dados por el departamento de estadística del estado, el Indec, aceptaba incrementar los salarios de los distintos movimientos sindicales en más de 20 puntos porcentuales.

La situación comenzó a salirse de las manos a principios de año, cuando el alza en los precios afectó de manera considerable los productos de la canasta básica familiar. El Gobierno decidió congelar los precios en los supermercados, pero dos meses después de implementada la medida, el incremento continúa, aunque en menor medida.