Los lunares de Cristina

Un fiscal argentino pidió la imputación de la presidenta por encubrimiento, el mismo caso que investigaba el fallecido Alberto Nisman. No es la primera causa en la que Fernández se ve comprometida.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, saluda a sus seguidores durante un acto oficial en la Casa Rosada, el miércoles anterior. / EFE

“Los fiscales sean unidos, esa es la ley primera”, parece ser el lema que adoptaron los hombres de la justicia argentina, resueltos a marchar el miércoles para que el crimen de Alberto Nisman no quede impune. Como si fuera una página del Martín Fierro, los funcionarios decidieron amalgamar sus fuerzas porque saben que el destino de su colega pudo ser el de cualquiera de ellos. Y en ese sentido, el legado del abogado de 51 años que apareció sin vida en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero es esa denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner que —al menos— Gerardo Pollicita, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11, no quiere dejar pasar. Por eso le dio curso a la acusación del Nisman en el juzgado de Daniel Rafecas y requirió una serie de pruebas para determinar si la presidenta fue la cabeza de una conspiración para encubrir a los sospechosos del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994.

Junto a la dama fuerte de Argentina fueron imputados el canciller Héctor Timerman, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación; el diputado Andrés Larroque; Jorge Alejandro Yussuf Khalil, nexo iraní; Héctor Luis Yrimia, exfiscal federal; el dirigente piquetero Luis D’Elia; el líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, y una persona identificada como Allan, que sería Ramón Héctor Bogado y habría trabajado como un espía inorgánico. La noticia sacudió el viernes, mientras los investigadores del caso Nisman, a cargo de la fiscal Viviana Fein, inspeccionaban una vez más el baño de la casa. Allí se encontraron cabellos, donde la Policía halló el cuerpo del letrado aquel domingo. Sí, 26 días después, la aparición de nuevos rastros genéticos produce tanta confusión como sospechas en la gente.

En un año electoral, con un gobierno cuestionado por la opinión pública, la imputación de Cristina genera mayor convulsión interna. En tanto, sus más fieles escuderos, con el ultra kirchnerista Aníbal Fernández y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, a la cabeza, hablan de una “desestabilización democrática”. Así y todo, no es la primera causa que salpica a la presidenta a lo largo de su mandato. Cuando todavía no se habían alzado las copas para celebrar la Navidad, en el Juzgado Federal de Comodoro Py, ella y sus más cercanos funcionarios ya acumulaban 800 denuncias en su contra.

Las acusaciones son variadas: defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Su vicepresidente, Amado Boudou, está manchado por un escándalo político, el caso de la imprenta Ciccone. Hace apenas dos días se quedó sin abogados. Acusado de corrupción, también fue denunciado por presentar documentación apócrifa para transferir un carro con el motor fraguado.

Sin ir más lejos, en noviembre, por requerimiento del fiscal Carlos Stornelli, el juez federal Claudio Bonadio ordenó un allanamiento en la empresa Hotesur, que administra el hotel Alto Calafate, en el marco de una acusación impulsada por la diputada nacional Margarita Stolbizer. La legisladora del GEN-UNEN había presentado una denuncia penal para que la justicia investigue a la presidenta por la presunta comisión de delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en referencia a los hoteles que ella misma posee en la Patagonia. Según Stolbizer, del análisis de la Declaración Jurada Patrimonial que realizó, surge como dato, aportado por ella misma, que es titular de acciones, sin que se mencione en qué cantidad o porcentaje de participación, de Hotesur S. A. Para la legisladora, “esa participación está avaluada en $ 9.367.528 (algo más de un millón de dólares, al cambio oficial) y reconoce una deuda con la misma sociedad sin que se aclaren conceptos o razones de dicho endeudamiento”.

La sociedad Hotesur es propietaria del hotel Alto Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y la líder del GEN considera que hay sospechas de que podría ser un alojamiento “fantasma” usado por el matrimonio presidencial para hacer negocios con el empresario Lázaro Báez, apuntado como testaferro de Néstor Kirchner, y denunciado por lavado de dinero. Stolbizer pidió que se investigue si la sociedad le debe a la Inspección General de la Justicia (IGJ) balances desde el año 2011 y otras eventuales irregularidades. “Si bien en el Estatuto se determinó que cada tres años se renovaría el directorio, Hotesur S. A. nunca notificó cambios después del fallecimiento de Kirchner”, bramó Stolbizer.

Hace apenas un mes, el diario Perfil reveló que la hermana menor de la presidenta, Giselle Fernández, dirige Hotesur con el CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) inhabilitado. Aunque hay otros baches legales. Según se desprende de los comunicados de la firma, la declaración de bienes de Cristina y los datos publicados en el Boletín Oficial, ella y sus dos hijos suman el 98% de las acciones, 49% ella y otro 49%, de Florencia y Máximo. Al respecto, hay un interrogante que aún no ha encontrado respuestas: ¿quién es el misterioso accionista del 2% de la firma? En tanto, se desconoce la composición del directorio y los accionistas entre 2009 y la asamblea realizada en marzo de 2014.

El caso de Guido Antonini Wilson todavía hace ruido. El 16 de agosto de 2007, el empresario venezolano fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza con una maleta que en su interior contenía US$800.000. El escándalo estalló dos días después de que la Policía Aeronáutica confiscara el maletín. Antonini había estado en la Casa Rosada junto al matrimonio Kirchner después de un acto del fallecido presidente de Venezuela, el comandante Hugo Chávez. No dejó ningún rastro en los registros de ingresos y salidas del Palacio de Gobierno. Por eso Néstor y Cristina negaron durante dos años la presencia de aquel ‘maletinero’. Hasta que un video demostró que no decían la verdad. El dinero que transportaba este emisario con residencia en Miami era, según trascendió, para financiar la campaña kirchnerista. Por estas horas, la Corte Suprema de Justicia tiene que tomar una decisión al respecto, ya que la defensa de Claudio Uberti, extitular del órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) y señalado como la persona que habría autorizado al venezolano a abordar el vuelo pagado por el Estado argentino desde Caracas a Buenos Aires, impulsa el cierre de la causa. La fiscal de casación Gabriela Baigún, en cambio, presentó un recurso extraordinario considerando que el delito investigado es el de “contrabando” y por lo tanto “no corresponde dictar el sobreseimiento por prescripción”.

Timerman, imputado como Cristina, todavía es objeto de burlas por intentar abrir con unas tenazas el material estratégico militar del gobierno de Estados Unidos en Ezeiza, generando tensión con el gobierno norteamericano. El caso Nisman, está claro, no es uno más. Puede tener consecuencias inesperadas para Fernández de Kirchner, que prefiere mirar para otro lado, mientras la sociedad todavía se pregunta qué le pasó al fiscal.

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