Los muertos de Jalisco

La última emboscada dejó 15 uniformados muertos. Otra en marzo acabó con 11 militares. Detrás de la gravísima ola de violencia estaría el cartel Jalisco Nueva Generación, surgido en 2010.

Jalisco ha sido escenario de fuertes ataques contra la fuerza pública en los últimos meses. /AFP

Los focos rojos de la estrategia de seguridad de México que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto diagnosticó en noviembre son cuatro. Tamaulipas, al noreste, sometido al terror desatado por el enfrentamiento de Los Zetas y el Cartel del Golfo. Guerrero, la región donde se cometió el crimen que conmocionó al país hace seis meses: la matanza de Iguala que desembocó en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio. Michoacán, escenario de los choques entre civiles armados (autodefensas) y miembros de la banda Los Caballeros Templarios, y también una de las puntas de lanza de la estrategia de este Ejecutivo, que lanzó un plan para restablecer la seguridad en el estado en enero de 2014. Y Jalisco, donde han sido asesinados más de 70 funcionarios desde marzo de 2013. Al último, el regidor Feliciano García Fierros, lo mataron hace quince días. Le dieron un tiro en la cabeza a plena luz del día.

En los últimos meses quienes han caído han sido uniformados, que mueren en emboscadas de hombres armados. La última, realizada el lunes, dejó 15 muertos; apenas 20 días antes otro ataque acabó con 11 militares.

García Fierros trabajaba en Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Guadalajara, la capital de Jalisco, a unos 530 kilómetros al occidente de la Ciudad de México y que concentra más de 4,5 millones de habitantes. Jalisco es un estado de intensa actividad turística, comercial y empresarial. El regidor era miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Comisión de Reglamentos Municipales de Tlaquepaque. El PRI recuperó la gubernatura de Jalisco apenas en las elecciones de 2012, tras 18 años de gobiernos del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

El regidor es el último que ha engrosado una lista de decenas que incluye servidores públicos municipales, estatales y federales caídos en los últimos dos años. Al secretario de Turismo estatal, José de Jesús Gallegos, lo mataron a una semana de haber sido nombrado en el cargo. Al alcalde de Ayutla, Manuel Gómez Torres, lo emboscaron en agosto de 2014. Gabriel Gómez Michel, diputado federal por Jalisco, fue asesinado en septiembre del mismo año. Su secuestro, ocurrido también en la zona metropolitana de Guadalajara, fue captado por las cámaras. Su cadáver, calcinado, fue hallado en Apulco (Zacatecas), a unos 150 kilómetros al noreste de la ciudad. En Jalisco, en promedio, un funcionario muere asesinado cada semana.

La ola de crímenes, no obstante, no es novedad en Jalisco. En los ochenta y noventa fue la cuna de una de las primeras organizaciones criminales de México: el cartel de Guadalajara. Varios de los mayores delitos cometidos por estos grupos ocurrieron en su territorio durante esas décadas. Extorsiones, asesinatos, terrorismo. El crimen que desencadenó la mayor investigación hasta entonces realizada por la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA), la Operación Leyenda, fue el asesinato de uno de sus agentes, Enrique Camarena, quien había conseguido infiltrarse en las entrañas de la banda. Fue asesinado y torturado por orden de los líderes del grupo: Miguel Ángel Félix Gallardo (conocido en los ochenta como el zar de la cocaína en México) y Rafael Caro Quintero, condenado a 40 años de prisión por el crimen pero liberado el 9 de agosto de 2013. En enero de 2015 la justicia mexicana reculó y emitió, de nuevo, una orden de arresto en su contra. Caro Quintero nació en Badiraguato, Sinaloa, el mismo sitio que Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa.

La lista es larga y continúa. En 1993 el cardenal de la ciudad, Juan Jesús Posadas Ocampo, fue tiroteado en el aeropuerto de Guadalajara. Las autoridades concluyeron que el religioso fue víctima del fuego cruzado de un enfrentamiento entre bandas rivales. El objetivo, según las primeras averiguaciones, era matar al Chapo Guzmán. En 1994, un coche bomba estalló en las puertas del hotel Camino Real de la ciudad, justo cuando un operador del cartel de Sinaloa celebraba la fiesta de 15 años de una de sus hijas. Murieron cinco personas.

Los años más cruentos de la ofensiva contra el narcotráfico ideada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) tampoco dejaron indemne a Jalisco. En noviembre de 2011, 26 cadáveres aparecieron abandonados en tres camionetas días antes de que se inaugurara la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Solamente en 2014 las autoridades hallaron 101 cuerpos en fosas clandestinas.

Cuando el gobierno de Peña Nieto puso a Jalisco como prioridad en su estrategia de seguridad, el gobernador jalisciense, Aristóteles Sandoval, aseguró que la medida, a diferencia de Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, era “preventiva”. El objetivo planteado es “evitar otro Iguala”, según opinó el fiscal general de Jalisco. Pero los ataques continuos no se han detenido. Un comando intentó matar al comisionado de seguridad del estado, Alejandro Solorio, hace unos días. Salió ileso. Un dicho mexicano reza que Jalisco nunca pierde, y cuando pierde arrebata.

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