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En el cierre de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, apareció disfrazado como Súper Mario para recibir la antorcha, dado que Tokio será la sede de los juegos en 2020. El ambiente fue de gozo y felicidad: con la responsabilidad de su lado, Japón tiene ahora cuatro años para organizar unos juegos que, según fuentes oficiales, serán los más respetables con el medio ambiente. Pero en Japón el ambiente para la preparación está tan caldeado, que el diario The Guardian dijo en su artículo de cierre de los Olímpicos en Río: “Shinzo Abe hizo una interpretación encantadora de Súper Mario en Río, pero necesitará más que súper poderes para organizar unos juegos exitosos en 2020”.
Las razones, en resumen, son tres: los costos elevados —que le han valido sendas críticas y retrocesos a los organizadores—, el clima que por entonces habrá en Tokio —demasiado húmedo— y una investigación por presunta corrupción en la asignación de la sede a Tokio, que ocurrió en 2013.
Comencemos por este último. La policía francesa investiga un pago de US$1,5 millones, dividido en siete transacciones, que el comité que representaba a Japón en las justas por la sede realizó en los días en que competía por la sede. La transacción millonaria terminó en una cuenta en Singapur, a la que está ligado —según información recogida por The Guardian— Papa Massata Diack, hijo de Lamine Diack, un influyente miembro del Comité Olímpico Internacional (IOC) entre 1999 y 2013. La investigación buscará si el pago influyó en la asignación de la sede, en la que Tokio venció a Estambul y Madrid.
La vocera del Comité Olímpico Japonés, Hirariko Ono, dijo: “Nuestra posición frente a este tema no ha cambiado: el comité organizador fue formado después de que ganamos el concurso, de modo que no tenemos manera de saber qué ocurrió durante el concurso”. La controversia se ha disipado en los últimos meses, pero la policía francesa aún investiga. La comisión de ética de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletas (IAAF, por sus siglas en inglés), que Diack padre dirigió, vetó a cuatro de sus miembros por corrupción y extorsión en ese caso. El Comité Olímpico Japonés ha dicho que investiga los pagos. El IOC, desde un principio, anunció también sus investigaciones y se ha mantenido en silencio desde entonces.
En segundo lugar: los costos elevados. El gobierno tuvo que ceder ante las críticas por el primer modelo del estadio principal, que costaba US$2.000 millones, y formular un segundo diseño más económico. La organización será más exigente que en Río, puesto que cinco nuevos deportes serán incluidos en la lista y se requiere más personal y más espacios de competición para ello. La gobernación de Tokio se ha visto obligada a asegurar que los costos de los Olímpicos no se verán reflejadas en un aumento de los impuestos y que no se verán afectados por el “elefante blanco” de su construcción (el temor de que los estadios queden sin ningún uso tras los Olímpicos). Según estimados recientes, el precio de organizar los Olímpicos se habría triplicado.
En tercer lugar, sin falta, está la política. El primer ministro Abe se ha mostrado entusiasmado por la organización de los Olímpicos: “Estoy feliz de que seamos capaces de conmover, dar valor e inspirar a la gente del Japón”. Sin embargo, según los estatutos de su partido, Abe terminará su período como primer ministro en septiembre de 2018. Fuentes cercanas al primer ministro han afirmado que su partido buscará cambiar las estipulaciones para que Abe continúe en su puesto para los días en que se realizarán los Olímpicos. Su bisabuelo, Nobusuke Kishi, ganó la sede para Japón en 1964 pero fue retirado de su cargo poco antes de que los Juegos se realizaran. En ese sentido, para Abe es un sueño familiar que podría cumplirse.