Ministra de Comunicaciones de Guatemala aparece en lista de morosos de impuestos

Sherry Ordóñez figura en el puesto 1.382 de los 3.124 personas y empresas que adeuda el IVA y el Impuesto Sobre la Renta.

La ministra de Comunicaciones de Guatemala, Sherry Ordóñez, aparece en una lista de morosos de impuestos divulgada hoy por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Ordóñez figura en el puesto 1.382 de los 3.124 personas y empresas que adeuda el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el país.

La institución no precisa el monto que debe la funcionaria del Ejecutivo de Jimmy Morales, a quien el presidente a dado un compás de espera para que aclare su situación legal ante las críticas publicadas en los medios de comunicación.

La SAT dice en su portal que a través de la Intendencia de Asuntos Jurídicos tiene abiertos 3.124 expedientes con adeudo tributario y ha demandado a los contribuyentes por falta de pago.

Ordóñez, según publicaciones de medios locales, ha sido contratista del Estado por lo que tendría impedimento legal para ser ministra de Comunicaciones.

El pasado jueves el abogado Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), presentó una solicitud de antejuicio contra Ordóñez por los delitos de "incumplimiento de deberes y abuso de autoridad".

La ministra admitió la semana pasada que "ser contratista (del Estado) no es un delito, no es un pecado", aclaraciones que no han convencido al mandatario guatemalteco.

Sin embargo, Morales dijo el viernes último que está esperando a que Ordónez dé las respuestas correspondientes ante las instancias necesarias, pero también reiteró que está dispuesto a revertir su nombramiento si no se ajusta a la ley.

Según Ordóñez, ella dejó de ser contratista del Estado en 2014 y y sostiene que cuando asumió el cargo de funcionaria, el pasado 14 de enero, ya no tenía ningún tipo de relación comercial con el Estado.

Según el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, "no podrán cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Estado derivados de la aplicación de la presente ley" los servidores o trabajadores públicos del Estado o entidades como las municipalidades o empresas públicas estatales o municipales. EFE