La misión incumplida de Peña Nieto

La detención del “Chapo” Guzmán refleja una fortaleza institucional, pero no es el inicio de la paz. Quedan en el tintero las desapariciones, la violencia narco y el fin de la corrupción.

Agentes federales y del Ejército mexicano custodian el penal del Altiplano, a donde fue trasladado el “Chapo” Guzmán tras su captura en Sinaloa. / EFE

“Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido”. Un tuit desde la cuenta del presidente Peña Nieto concluyó con la expectativa que había causado el enfrentamiento que desde la mañana del viernes había sido ampliamente reportado en los medios nacionales. El Chapo había sido detenido en la pequeña ciudad sinaloense de Los Mochis, en el corazón del territorio del cartel de Sinaloa. Desde su fuga en julio de 2015, la figura del narcotraficante más buscado del país y quizás del mundo era un asunto incómodo para el presidente Peña Nieto. Sin embargo, la noticia del viernes significaba una oportunidad de enmienda para el presidente al que “se le escapó el Chapo”.

La detención de Guzmán Loera es efectivamente un acto que fortalece el Estado de derecho y refleja una fortaleza institucional en México. Pero no es el acto de culminación de un conflicto ni el inicio de la reconstrucción de la paz y el tejido social. El anuncio del presidente a través de las redes sociales y su posterior mensaje a medios tienen un componente altamente preocupante: la presentación de Guzmán Loera como el “enemigo público número uno”. Existe una diferencia radical entre ser “el más buscado” y ser la persona a la que un país culpa de todos los problemas. En el mensaje que el mandatario dirigió a los medios habló de cómo las fuerzas de seguridad “se abocaron a cumplir la misión que les ordené”, declaración que deja ver una intención que supera el deber institucional de procurar justicia. El Chapo como némesis no sólo de la institucionalidad sino del presidente, cuyo escape y captura cobraron una dimensión épica al estilo del Valjean contra Javert en Los miserables de Víctor Hugo.

Sin embargo, la detención significa poco en un país en el que la guerra contra el narcotráfico ha causado una pulverización de carteles. Antes de 2006 las consecuencias de la captura del Chapo hubieran sido diametralmente opuestas a las de 2016. Basta recordar que en el primer día de este año, la recién elegida alcaldesa de Temixco fue asesinada frente a su familia. Las primeras investigaciones apuntan a que no quiso pactar con el cartel local. En este caso no se trata del cartel de Sinaloa, que no sólo es lejano en distancia sino también en poder a la pequeña ciudad del estado de Morelos. La disputa apunta al cartel de los Rojos, cuyo control empieza en el vecino estado de Guerrero. Si bien el poder que ejerce el cartel de Sinaloa en el tráfico de drogas en México y en la región es innegable, también lo es la existencia de otros grupos que pugnan por el control del territorio mexicano y las rutas de tráfico desde Sudamérica hasta EE. UU.

La detención de Guzmán Loera es en sí un acto de justicia y pertenece a un Estado de derecho, pero no apunta a la conclusión de un conflicto cuyos orígenes distan mucho de tener un nombre y un apellido. La noche misma del viernes fue trasladado junto con su jefe de sicarios al Altiplano, el mismo penal de donde meses antes había escapado. La duda sobre el destino del Chapo es válida. La posibilidad de que sea extraditado quitaría de las manos del gobierno de Peña Nieto el peso de que se pudiera repetir el episodio de julio del año pasado. Sin embargo, este no es un camino fácil y existen vías legales, como el amparo, con las que se podría atrasar e incluso detener el proceso de extradición. La posibilidad de un tercer escape (y una segunda humillación para Peña Nieto) hace pensar que probablemente el Gobierno no quiera que Guzmán Loera pase mucho tiempo en México.

En la presentación ante los medios el viernes en la noche, el secretario de Gobernación declaró: “No existe delincuente que esté fuera del alcance del Estado mexicano”. La frase, cuya trascendencia no es menor, debería resonar no sólo para aquellos delincuentes plenamente identificados, sino también frente a quienes, como herencia de Guzmán Loera, perpetúan la impunidad y la corrupción. En un país donde las desapariciones, las ejecuciones y las violaciones a derechos humanos se han convertido en un asunto cotidiano y la impunidad alcanza niveles de más del 90%, “la misión” está lejos de haberse cumplido.