'Es mito que los DD.HH.le estorban a la seguridad'

Rodrigo Escobar Gil sostiene que el sistema interamericano no va en contravía de los intereses del Estado.

En diálogo con El Espectador, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el colombiano Rodrigo Escobar Gil, habló sobre la sentencia del aborto —tema de nuevo en discusión en el Congreso—, de la legitimidad de defender a las víctimas y de las pésimas políticas carcelarias del continente.


¿Cómo entiende que el procurador sea renuente a cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional de establecer una cátedra de derechos sexuales?
Es legítimo que en un Estado democrático todos los funcionarios, cuando interpretan la Constitución, las leyes o las sentencias lo hagan según su formación jurídica y filosófica.


¿O sea que no hacer caso a la sentencia de una alta corte ya no es desacato, sino interpretación?
En lo referente a la despenalización del aborto, aun cuando salvé el voto, las sentencias de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento y vinculan a todas las autoridades públicas.


El Gobierno ha acusado a las ONG de afectar el erario a través de demandas en el sistema interamericano. ¿Es así?
Cuando Colombia decide integrar el sistema interamericano sabe que casos de posibles violaciones llegarán allí. Las reparaciones son un medio legítimo para la protección de los DD.HH. y no se pueden ver como contrarias a los intereses del Estado.


Exfuncionarios del gobierno pasado han atacado crudamente al sistema interamericano. ¿Cree que esto debilita su legitimidad?
Las organizaciones que protegen los derechos de las víctimas actúan con legitimidad. Sus posiciones se estudian en el organismo interamericano y si hay fundamento es deber de la comisión declarar la responsabilidad del Estado. La estrategia de los Estados debe apuntar a fortalecer sus defensas jurídicas.


¿Considera que Colombia está tomando las medidas adecuadas para evitar la impunidad con los falsos positivos?
Es muy posible que lleguen a la CIDH. La justicia en Colombia se ha venido fortaleciendo, está en condiciones de investigar y sancionar estas graves violaciones. Sin embargo, es previsible que se presenten vacíos o que estas investigaciones no lleguen a sus últimas consecuencias.


La CIDH ha admitido casos sobre la actuación del Estado peruano contra el terrorismo en los 90. ¿Qué lectura hace usted de ellos, que pueden resultar tan parecidos a Colombia?
Los objetivos legítimos se pueden alcanzar con medios legítimos y el Estado, para su consecución, tiene que respetar los DD.HH. El deber de los Estados es combatir la violencia con los medios que proveen los estándares internacionales.


¿Cómo derrocar el mito de que los DD.HH. ‘estorban’ en materia de seguridad?
Sí es un mito, sin duda, pero se puede hacer mucho: crear políticas públicas, adaptar la legislación penal y procesal, crear aparatos administrativos e instituciones eficaces y fortalecer la Policía. Se trata de diseñar legislaciones e instituciones acordes con los parámetros en la materia.


La CIDH estudió la situación de la jueza chilena Karen Atala, a quien le quitaron sus hijas por ser homosexual. ¿Cuál es la radiografía de los derechos de la comunidad LGTBI en el continente?
La situación de la comunidad LGTBI es de seria discriminación. Hay casos alarmantes en países del Caribe anglófono, donde la homosexualidad está penalizada hasta con 20 años de cárcel. En países de Centroamérica y Venezuela se presentan casos graves de homofobia. Colombia está a la vanguardia en la protección a parejas del mismo sexo.


El avance se debe a la Corte Constitucional, mientras el Congreso se ha negado a asumir estos debates. ¿Cree que ese panorama es censurable?
Sería censurable si no se legisla, a pesar de que la Corte lo haya determinado.


Como autor del informe de prisiones en Buenos Aires, ¿qué fue lo que más le impresionó?
Las condiciones infrahumanas de los presos: hacinamiento, sobrepoblación y ausencia de servicios básicos. Lo más grave, los niños condenados a prisión perpetua. Es una figura aberrante. Cuando un menor delinque la obligación del Estado es apoyarlo, educarlo y resocializarlo.


¿Hay otros ejemplos en América Latina?
Las condiciones de los presos son deplorables en toda América Latina, donde han existido políticas de seguridad represivas, pero no preventivas. Responden a cualquier problema aumentando penas, eliminando beneficios judiciales, atiborrando cárceles, pero no hay políticas penitenciarias. Incluido EE.UU., a pesar de su alto desarrollo económico.


¿A qué lo atribuye?
Es simple: a los políticos no les interesa el tema de las cárceles, porque no da votos. Incluso, hay algunos que cuestionan que el Estado destine recursos para los que delinquen, cuando se pueden usar en salud o educación.


¿Qué les responde a esos argumentos pragmáticos?
Que los Estados democráticos se fundan en la dignidad de las personas, incluidos aquellos privados de la libertad.

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