Mujer salvadoreña clama por un aborto para salvar su vida

En el país centroamericano la interrupción forzosa del embarazo representa una pena de hasta 50 años de prisión.

En el caso de Colombia el aborto es permitido solo en tres casos: malformación del feto, cuando es producto de una violación y  cuando está en riesgo la vida de la madre.
En el caso de Colombia el aborto es permitido solo en tres casos: malformación del feto, cuando es producto de una violación y cuando está en riesgo la vida de la madre.

La historia de la salvadoreña Beatriz, de 22 años, quien afronta un embarazo altamente  riesgoso de 20 semanas, y a quien las leyes de ese país le impiden abortar, ha unido a organizaciones defensoras de derechos humanos del mundo alrededor de un mismo objetivo: hacer presión para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acojan la petición de la mujer y autorice el procedimiento, que hoy está penalizado en el país centroamericano hasta con 50 años de prisión.

Beatriz, como se refieren a la mujer para cuidar su identidad, padece lupus eritematosos, insuficiencia renal, preclancia e hipertensión arterial. Además los exámenes médicos sentenciaron que buena parte del cerebro del bebé no alcanzará a desarrollarse (por un mal denominado anencefalia) y que morirá al nacer. Beatriz permanece hospitalizada en un centro de salud de San Salvador.

Pero en las leyes de El Salvador, así como en las de otros cuatro países latinoamericanos –Chile, Honduras, Nicaragua y República Dominicana– la penalización del aborto todavía es absoluta y los castigos no sólo están contemplados para las mujeres sino para los médicos que intervengan en un procedimiento de este tipo, quienes podrían pagar penas de hasta 12 años de cárcel.

El caso de Beatriz tiene divido a ese país. Por un lado  está la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos (PDDH) que defiende la interrupción del embarazo en estas condiciones. Así se lo aseguró a BBC Mundo Georgina de Villalta, procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez: “Es importante actuar de urgencia conforme a lo que la ciencia médica ha establecido. Hemos hecho la recomendación de que la interrupción del embarazo de la joven por parte del cuerpo médico es un acto justificado”. La posición de la Procuraduría la comparten también el Consejo Nacional de Bioética y un numeroso grupo de ONG salvadoreñas e internacionales que defienden los derechos de las mujeres.

Al otro lado de la balanza está la Iglesia que ha dicho, con preocupación, que el caso de Beatriz podría convertirse en la “puerta para legalizar el aborto” en ese país. Además ha sostenido que en otras naciones se ha utilizado la misma estrategia, de buscar “un caso emblemático”, para llegar a la legalización. Su posición es enfática: “Aunque no practiquen ninguna religión, por puro principio de humanidad, defendamos la vida”, dicen.

Beatriz tiene un hijo de dos años que nació prematuramente luego de un embarazo de alto riesgo, y hoy quien presenta problemas en su desarrollo. Quienes defienden a esta joven han sostenido que la situación en la que se encuentra no sólo atenta contra su vida sino contra el “la supervivencia y el crecimiento óptimo” de su hijo, quien tuvo que suspender unas terapias intensivas para caminar, porque sus padres se trasladaron con él a la capital para recibir atención médica. La familia vive en una zona rural llamada Jiquilisco.

Hoy la mujer reposa en un hospital de San Salvador, mientras la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deciden los recursos de emergencia que han presentado sus abogados. El mayor obstáculo es la Fiscalía General de la República (FGR), que no ha respondido a un concepto que pidieron estos organismos frente al caso particular de Beatriz.

“Beatriz quiere vivir. Es una mujer joven con un proyecto de vida por delante”, señala en un comunicado la ONG internacional Women’s Link Worldwide. Y agrega: “Es fundamental que se garantice la opción del aborto terapéutico como un mínimo de derechos humanos de las mujeres y niñas del mundo, para que ninguna niña o mujer muera o arriesgue su vida o su salud por la negación de un aborto”. La abogada Mónica Roa, directora de programas de la organización, aseguró además que “si Beatriz fuera una mujer con recursos, esto no le estaría pasando. La prohibición del aborto, incluso cuando la propia vida está en riesgo, obliga a las mujeres pobres a tener que escoger entre morirse o convertirse en criminales, y eso es absolutamente contrario a la justicia y a los derechos humanos”.

“Su vida pende de un hilo y su historia amenaza con repetir el mismo destino de Savita en Irlanda, Esperancita en República Dominicana y Amalia en Nicaragua, entre muchas otras mujeres y niñas anónimas que siguen muriendo anualmente por la negación de interrupciones de embarazo para salvar sus propias vidas”, concluye el comunicado de Women’s Link Worldwide.

De ellos, quizás el de mayor recordación es el caso de la irlandesa Savita Halappanavar, quien falleció el 28 de octubre de 2012, a los 31 años, a causa de una infección mortal conocida como septicemia; Savita, quien tenía 17 semanas de embarazo, había acudido a un hospital por intensos dolores en la espalda; allí le informaron que estaba sufriendo un aborto espontáneo pero que era imposible finalizar el procedimiento porque la ley impedía hacerlo “mientras latiera el corazón del feto”. Cuando eso sucedió, ya una infección había invadido el cuerpo de la mujer. La muerte de Savita llevó a que Irlanda reformara sus leyes para autorizar la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre esté en peligro.

Un testimonio

El portal Feminicidio.net reportó recientemente el caso de una mujer salvadoreña condenada a 40 años de prisión por un aborto involuntario. María Teresa Rivera, de 29 años, está actualmente en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, a pocos kilómetros de la capital. Su drama comenzó con la denuncia del personal sanitario que la atendió luego del aborto involuntario. Estos son apartes de su testimonio:

“No sabía que estaba embarazada, no sentí ningún síntoma, pero de igual manera sucedió, el 24 de noviembre de 2011. Sólo sentí un dolor y necesidad de ir al baño y ahí fue cuando el niño se me fue y noté un vacío muy grande. Cuando me miré, estaba bañada en sangre. No recuerdo nada. Dice mi suegra que llamó a la Policía, que llegó como una hora después de la Cruz Roja. Me llevaron al Seguro y sólo me preguntaban dónde estaba el bebé, pero yo no sabía de qué estaban hablando porque ni siquiera sabía que estaba embarazada. El cordón umbilical se tuvo que haber reventado en algún momento y me preguntaban con qué lo había cortado, pero yo no había cortado nada. Tendrían que haberme hecho un examen para comprobarlo, pero no lo hicieron y, a pesar de no tener pruebas, no me creyeron”

Me detuvieron y me esposaron a la cama aun estando enferma. Allí permanecí todo el día. Después me dieron el alta y me llevaron a la bartolina policial. En ese momento me sentía mal de salud, iba con fiebre y me encontraba débil porque no habían terminado de atenderme en el hospital. Allí estaba tirada en el suelo. Con la humedad me subió todavía más la fiebre, pero siguieron sin atenderme. Pasaban la comida una vez al día, me quitaron las medicinas que me habían recetado y sólo me administraban una toma, a pesar de que las tenía que tomar cada ocho horas. Así me tuvieron cuatro días hasta que pasé a la audiencia inicial y de ahí a la prisión. No vi a ningún abogado hasta encontrarme en el juzgado (…) Me condenaron sin tener pruebas”.

 

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