Nicaragua expulsa defensores de DD.HH.

Luis Carlos Buob y Marta González, abogados del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, fueron obligados a salir del país sin explicaciones.

Luis Carlos Buob y Marta González, después de su expulsión de Nicaragüa el pasado viernes. /Cortesía
El abogado del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) Luis Carlos Buob y su colega Marta González fueron expulsados el viernes sin razón alguna de Nicaragua, cuando arribaron al aeropuerto de la capital para asistir a reuniones de trabajo y a la conmemoración de los 25 años del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
 
En el momento de llegar a Managua, Marta González pasó los controles migratorios sin problema. A Buob, en cambio, le retuvieron su pasaporte durante alrededor de 20 minutos y luego le dijeron que no podían autorizar su ingreso porque existía una acusación contra él relacionada con narcotráfico. “Ante la falta de pruebas y ante mi insistencia por obtener mayor información sobre esa acusación, empezaron a evadirme. Exigí una explicación y que no me expulsaran de manera arbitraria, porque eso para mí es una ofensa”.
 
Hubo forcejeos, a Buob lo tiraron al piso e intentaron esposarlo. A González, que ya había pasado los controles migratorios, fueron a buscarla y a ambos los enviaron de regreso a San José, Costa Rica. Antes de ingresar al avión, dice Buob que le revisaron de manera invasiva y violenta su cuerpo y sus pertenencias de mano y tanto él como su colega tuvieron que irse sin los celulares con los cuáles habían grabado y fotografiado la manera en que fueron expulsados del país y sin acceso a la asistencia jurídica que solicitaron durante el incidente.
 
No era la primera vez que Buob ingresaba a Nicaragua como defensor de DD.HH. Lo había hecho en repetidas ocasiones para trabajar en diversos temas relacionados con derechos de las mujeres indígenas, privados de libertad, talleres sobre la prohibición del aborto en Nicaragua, sobre las afectaciones a los DD.HH. y al derecho ambiental que puede generar la construcción del Gran Canal nicaragüense y, en general, capacitaciones a la sociedad civil sobre cómo usar las herramientas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nunca antes había tenido inconvenientes con su ingreso al país.
Aunque el Cejil está a la espera de una explicación por parte del gobierno nicaragüense sobre el incidente, otras organizaciones parecen tener clara la situación. Según el Cenidh, la expulsión de Buob es una revancha contra el Cejil por haber acompañado a los solicitantes de la audiencia sobre el Gran Canal de Nicaragua que se realizó en marzo pasado en Washington D.C.
 
En dicha audiencia se presentaron denuncias sobre al menos tres aspectos: primero, la represión por parte de fuerzas policiales y militares contra campesinos, ciudadanos y movimientos sociales e indígenas que se sumaron a las protestas contra la construcción del canal nicaragüense, particularmente durante los días 23 y 24 de diciembre del año pasado.
 
Segundo, sobre la falta de consulta previa desde la aprobación de la Ley 840 que permite la construcción del canal. Un hecho por el cual pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa sur caribe de Nicaragua, principalmente las poblaciones Rama y Kriol, que verían afectado un 40% de su territorio con la construcción del megaproyecto, ya presentaron una demanda contra el Estado nicaragüense ante la CIDH.
Tercero, sobre los vicios de la Ley 840 (Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas). Entre estos estaría que en la zona de construcción del canal no regirán las leyes nicaragüenses y que el personal que contrate la empresa, nacional o extranjero, no va a estar sujeto a las leyes del país.
 
Además, la Ley 840 “establece que las personas que vayan a sufrir alguna expropiación solamente van a poder impugnar el monto, no así la causa, ni la extensión ni otros elementos de la expropiación, y que además la expropiación la puede hacer una comisión que crea esta ley. Hay serios vicios que claramente afectan otras legislaciones, DD.HH. y para algunos sectores afectan la propia soberanía nicaragüense”, ha explicado a este diario Marcia Aguiluz, directora del programa para Centroamérica y México del Cejil.
 
Desde esa audiencia Buob no había vuelto a Nicaragua. Ahora este abogado ve obstruida su labor como defensor de DD.HH. en el país. “Esto no sólo amenaza nuestra labor de documentación y denuncia, sino que intimida y siembra temor en la persona afectada. Los defensores de DD.HH. realizan un trabajo fundamental como articuladores de las denuncias de la población civil en general. Sus acciones permiten a la ciudadanía tener una voz ante la cual denunciar los abusos o violaciones a sus derechos”. 
 
 

 

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