Felipe González es el relator para Venezuela, Cuba, Estados Unidos y Brasil, y al mismo tiempo relator sobre los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acaba de visitar Cúcuta junto con otros delegados de la Comisión y habla sobre las conclusiones de su visita.
¿Qué encontraron en Cúcuta?
Una situación de mucha gravedad. Entre los testimonios de deportados y retornados que recogimos había personas que nos mostraban sus documentos como solicitantes de refugio o como refugiados ya reconocidos. Otras nos mostraban su documentación venezolana, eran colombianos nacionalizados. Por lo menos de los que entrevisté yo no había sino deportados strictu sensu, pero por el ambiente de amedrentamiento, de acoso, habían terminado dejando Venezuela a pesar de que ahora ese es su país. También vimos muchas familias que quedaron divididas y gente que llevaba 20 o 30 años en Venezuela y ahora está en los albergues.
La causa de que existan estos casos es que las deportaciones no se están revisando caso a caso, sino que se están haciendo deportaciones masivas, completamente prohibidas por el derecho internacional. Antes del 21 de agosto se realizaban deportaciones, pero en general había una revisión individualizada, luego se dejaron de hacer así y eso marcó un cambio sustancial.
¿Cómo vieron la reacción del Estado colombiano ante la crisis?
Valoramos la ayuda que presta el Estado a las personas que han sido deportadas o han tenido que retornar, pero al mismo tiempo hacemos un llamado para que esto se inserte en una política más integral, pues se trata de un problema de gran magnitud y complejidad. Decimos que, más allá de tres meses de apoyo, esto se debería poder manejar con cierta flexibilidad dependiendo de las condiciones de las distintas personas.
El concepto de retorno voluntario es complicado, ¿no se debería hablar más bien de retorno forzado?
En un sentido sí. Esto se podría ver caso a caso. Pero cuando esto se produce como una especie de estampida, significa que hay algo detrás. Además, sabemos de una situación en la que se han marcado casas de colombianos en Venezuela para después derribarlas, entre otras prácticas. Eso evidentemente produce temor y hace que las personas se desplacen. La expresión retorno voluntario, que además a veces se pone entre comillas como para hacer notar que podría no serlo, es un problema en este sentido.
Esta oleada de deportados y retornados viene de una declaratoria de estado de excepción en algunos municipios venezolanos fronterizos con Colombia. ¿Cómo entendemos ese estado de excepción desde el derecho internacional?
Tenemos información de que podrían haberse vulnerado lo establecido por la propia Constitución venezolana para la declaración de un estado de excepción, eso lo tenemos que revisar muy bien. En cuanto a lo sustantivo, los estados de excepción constitucionales no pueden rebasar ciertas normas. Esto fue motivo de una cantidad de conflictos en el pasado, que parecían haber quedado atrás en la época de las dictaduras o de gobiernos semi dictatoriales en América Latina.
La contribución del Sistema Interamericano ha sido muy importante, por ejemplo en cuanto a que siempre tiene que haber un control judicial de las detenciones, porque antiguamente se entendía que los estados de excepción daban una especie de cheque en blanco a los Estados para hacer detenciones administrativas sin control judicial. Hoy está clarísimo que no puede ser así.
Además, por una parte, hay normas expresas como la prohibición de la tortura o el principio de no devolución, o la prohibición de deportaciones masivas, y el estado de excepción no justifica que no se obedezcan. Por otra parte, algo sostenido reiteradamente por organismos de DD. HH. es que un estado de excepción se tiene que aplicar atendiendo al principio de proporcionalidad. Si se permite la restricción de la libertad de expresión, no significa que el Estado pueda decidir a quién restringe y a quién no. No es así. Aquí pareciera que eso tampoco se ha respetado. No hay estado de excepción que justifique lo ocurrido.
Para varios medios y organismos internacionales es difícil acceder a información sobre lo que sucede en las zonas bajo estado de excepción. ¿Qué información tienen?
El gobierno venezolano lamentablemente nunca respondió nuestra solicitud de visita. La verdad hace mucho tiempo que no se autoriza una visita de la CIDH a Venezuela. No nos ha enviado información. Es de las cosas que más nos preocupa, por el hecho de que se puedan producir nuevas víctimas.
Hemos visto informes de la Comisión sobre las limitaciones la democracia y los DD. HH. en Venezuela. En medio de esta crisis fronteriza se producen dos importantes noticias: la condena contra Leopoldo López y la sentencia de la Corte IDH contra Venezuela por el caso RCTV…
La Comisión se pronunciará pronto sobre el caso de Leopoldo López. Puedo decir que la Comisión emitió medidas cautelares y también un comunicado al respecto el año pasado, alertando sobre la situación que atravesaba Leopoldo López en prisión, y considerando lo que había dicho el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU en el sentido en que se le pusiera en libertad.
Asimismo, la Comisión se ha referido desde hace años en sus informes al serio problema de falta de independencia judicial en Venezuela. Principalmente, por el hecho de que un alto porcentaje de los jueces y fiscales son provisorios, como la persona que decidió este caso particular. Cuando hay un problema de falta de independencia judicial no quiere decir que todos y cada uno de los casos se resuelvan con parcialidad, pero aquí hay dos temas: uno, la persona que decidió el caso es provisoria. Dos: se trata de uno de los líderes de la oposición. No hablamos de un contrato de arrendamiento entre dos particulares, donde a lo mejor da lo mismo que el juez sea o no provisorio, sino que adquiere otro nivel el asunto cuando se trata de un alto político de la oposición, ahí se pone a prueba el sistema judicial.
Como relator de Venezuela, usted alegó el caso de Radio Caracas Televisión, por el cual la Corte Interamericana acaba de emitir sentencia contra Venezuela. Y Venezuela anunció que no acatará...
Es muy positivo que en la sentencia se hayan acogido los planteamientos de la Comisión Interamericana sobre lo que se refiere a libertad de expresión y cuestiones de debido proceso. Vimos una combinación de atentado a la libertad de expresión con discriminación, porque en realidad fue por motivaciones políticas que no se le renovó la licencia a RCTV. Lo dijo la Comisión y ahora la Corte Interamericana.
Ahora, el tema del cumplimiento efectivamente es serio con respecto a Venezuela. Se ha venido dando de manera reiterada desde antes de que Venezuela denunciara la Convención Americana sobre DD. HH. El hecho de que haya denunciado la Convención no tiene nada que ver con la cuestión de acatar o no esta sentencia, porque la Convención es muy clara en que la denuncia no afectará hechos previos a la entrada en vigor de la denuncia. Venezuela sigue teniendo la obligación de cumplir la sentencia. Lo mismo nos ocurre con las medidas cautelares, que como regla general Venezuela no cumple, salvo algunas que considera que no tienen carácter político. Para defensores de DD. HH. o políticos, no las cumple.
Usted también es relator sobre la población migrante. ¿Cómo está la región en este tema?
Es una situación muy compleja. En la relatoría por desgracia estamos dedicados a atenuar las llamas. Hemos hecho visitas e informes de EE. UU., México y República Dominicana, ahora la cuestión colombo-venezolana, también todo lo que se refiere al corredor centroamericano pasando por México hasta Estados Unidos, y en otros países existe problemas en materia migrante.
Hay algunas iniciativas legislativas interesantes en Brasil , pero la verdad, los problemas son tan graves que no damos abasto para hacer un monitoreo estrecho de toda la situación. Se cruzan los temas de violencia desatada en países como los centroamericanos, el crimen organizado y el narcotráfico. En el caso mexicano, por ejemplo, el año pasado se despertó la conciencia internacional con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pero la verdad es que a los migrantes ya les había ocurrido cosas parecidas, por ejemplo, se había descubierto una fosa con 72 migrantes muertos y otra con varias decenas de migrantes. Aunque los familiares protestaron, la reacción de la opinión pública no fue tan fuerte como en el caso de Ayotzinapa.