Nuevos desafíos de la Corte IDH

Hoy empieza el 52º período extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de DD.HH. en Cartagena.

Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. / Andrés Torres

El 52º período de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que empieza hoy en Cartagena, incluirá cuatro audiencias relativas a casos de Ecuador, Guatemala, Chile y El Salvador, y el seminario Justicia transicional y Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que diferentes voces hablarán sobre los desafíos de generar un modelo de justicia que sea compatible con los estándares internacionales, una cuestión que está en pleno debate en Colombia.

La Corte IDH tiene un ámbito de competencia sobre cerca de 500 millones de personas, de ahí la importancia del alcance de sus decisiones. De ahí también el grado de prudencia del presidente de este tribunal, Humberto Sierra Porto, frente a objetos jurídicos que están siendo puntos de reflexión y cuestionamiento constante, pero sobre los cuales la Corte no ha dejado un precedente específico, como los relacionados con el proceso de paz colombiano. Sierra Porto habla, más bien, de las nuevas temáticas que generan preocupación en el continente y sobre las cuales evoluciona el Sistema Interamericano.

Existe una jurisprudencia amplia del Sistema Interamericano en contextos de transición. ¿Cuál es la lección principal que ha dejado?

La Corte Interamericana establece estándares y lineamientos jurisprudenciales en sus sentencias, en esta y otras temáticas. A medida que se van presentando los casos, se va determinando si estos y sus precedentes efectivamente establecen una línea que debe ser cumplida o no . El Sistema Interamericano ha hecho pronunciamientos en el continente americano, señalando diferentes limitaciones y posibilidades. No quisiera pronunciarme en el caso de la justicia transicional sobre la vinculatoriedad, la eficacia, las limitaciones que pueda o no tener en el caso colombiano.

Las amnistías son un punto central del debate. ¿Qué ha decidido la Corte IDH en otros casos?

Esas son las discusiones que se están dado en Colombia, precisamente por eso la Corte IDH está abriendo un espacio para que distintas personalidades de representatividad nacional expresen esas ideas y cuáles son las alternativas e interpretaciones que permitirían compatibilizar o hacer efectivos los lineamientos internacionales, como en el caso colombiano. Esto va a provocar interesantes debates, va a ser útil para plantearnos inquietudes que son muy conocidas a nivel nacional, pero no a nivel internacional.

Usted ha dicho que el Sistema Interamericano enfrenta un momento muy interesante de su evolución. ¿Por qué?

En este momento hay preocupaciones por parte de los agentes del Sistema por tratar de que haya lineamientos, pronunciamientos sobre temáticas novedosas, que hasta ahora no han sido las más usuales. Particularmente existe una preocupación que ha sido expresada por la OEA para producir recomendaciones en el sentido en que sería conveniente que el Sistema Interamericano realice más pronunciamientos sobre temas relativos al Estado social de derecho: a derechos sociales, prestacionales. De momento, desde la perspectiva de la Corte, la competencia para decidir sobre asuntos sociales está muy reducida, porque el Protocolo de San Salvador establece que sólo podemos tener competencia para derechos sindicales y temas relativos al derecho de la educación. Pero la Corte no tendría competencia sobre todos los otros derechos, en términos generales. Ha habido pronunciamientos casi indirectos. Existe una preocupación política, porque es en las decisiones sobre derechos prestacionales donde se está teniendo la mayor importancia de la actividad judicial para la vigencia de derechos humanos.

Muchos casos parecen poner en evidencia que el desarrollo económico ha resultado en graves violaciones a los DD.HH. en el continente. ¿Cómo se aproxima la Corte a este tema?

Estamos evidenciando una serie de problemáticas comunes, que afectan a los países. Un primer grupo es el relativo a los problemas que se generan cuando hay tensión entre el derecho al desarrollo que pueden tener los pueblos con los derechos de las comunidades indígenas y con los modelos de explotación económica. El tema de la minería ilegal, y en general de la explotación de los recursos, pone de manifiesto tensiones con comunidades indígenas que normalmente habitan en las zonas donde se realizan estas explotaciones. Y por otra parte con los derechos medioambientales. Esa es una línea de decisiones que estamos apreciando, de casos que están llegando a la Corte y sobre los cuales probablemente tengamos que ocuparnos de manera más frecuente.

En relación a esto hay otro aspecto que es el de los derechos indígenas propiamente dichos. Estamos apreciando fenómenos donde están involucrados derechos de las comunidades indígenas, pero también la pugna o tensión con los derechos de los colonos. Todo el tema de tierras en América es de gran vigencia y actualidad.

El derecho a la libertad de expresión cobra nuevas formas. ¿Cómo se actualiza el Sistema Interamericano al respecto?

El derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información es muy importante. La libertad de expresión ha sido una de las principales preocupaciones del Sistema Interamericano. La Corte, a través de su jurisprudencia, ha destacado que la libertad de expresión es presupuesto para la existencia del pluralismo y de una efectiva democracia. Sin libertad de expresión no pueden darse los mecanismos dialécticos que permiten la evolución de un sistema democrático. Debe existir pluralidad, diversidad de opiniones, para que la sociedad tenga los elementos para cuestionarse y afrontar las dificultades que se le vayan dando. Esa ha sido una línea jurisprudencial extensa de la Corte.

Ahora tenemos el surgimiento de nuevas tecnologías que están generando problemas serios que exigen un replanteamiento de los mecanismos para proteger la intimidad de los ciudadanos. Observamos problemas de ese tipo para efectos de la valoración o la importancia que tienen las pruebas obtenidas a través de este tipo de mecanismos en los procesos judiciales.

¿Qué hay sobre el juzgamiento de altos funcionarios del Estado?

Recientemente la Corte tuvo una serie de sentencias sobre eso. Nos tocaron dos casos ecuatorianos y uno de Surinam a propósito de cuáles eran los trámites del debido proceso que se tenían que respetar cuando el Parlamento o las altas cortes juzgaban a altos funcionarios del Estado. La discusión es si órganos de carácter político tenían que respetar o no las garantías del debido proceso cuando se juzgaba a estos. La Corte estableció una serie de directrices jurisprudenciales y particularmente estableció que sí se deben respetar unos mínimos del debido proceso cuando se haga el juzgamiento, incluso por el Parlamento, de este tipo de funcionarios.

Lo interesante de la jurisprudencia de la Corte es que —y este es el control de convencionalidad, que es uno de los grandes temas que tenemos ahora— las decisiones que toma, por ejemplo respecto a Argentina o Chile, también impactan a Colombia. En los debates internos, cuando se discute sobre las leyes o, como está pasando en Colombia, mientras se discute cómo instrumentar y diseñar el proceso de paz, los lineamientos de la Corte son un elemento de juicio importante a ser tenido en cuenta. Cada vez hay un mayor nivel de apropiación de los estándares internacionales en materia de DD.HH. por parte de las autoridades internas de los estados, del Congreso de la República cuando hace leyes, de los funcionarios públicos cuando toman decisiones y, por supuesto, de los jueces cuando deciden.

Es decir, ¿el derecho internacional tiene cada vez más importancia en lo nacional?

Uno de los grandes hitos en materia de transformaciones del Sistema Interamericano es el control de convencionalidad: que el derecho internacional no sea ajeno y se utilice para resolver casos cotidianos. Las cortes internacionales también afectan asuntos de carácter nacional. Esa integración, esa protección multinivel en materia de DD.HH., donde interactúa el sistema internacional con sistemas nacionales, es la gran novedad que en este momento se está dando en todo el continente. Este año tenemos cuatro actividades dirigidas principalmente a establecer un diálogo para mostrar las dificultades que está teniendo cada uno de los países, o las mejores formas para incorporar estándares internacionales en el derecho interno. La globalización, en materia jurídica, está entrando principalmente con la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos. Hay fenómenos en derechos comercial, laboral, pero ese en particular es el tema central de diálogo.

Los problemas de migración han generado una enorme preocupación en organismos internacionales. ¿La Corte los tiene en cuenta?

Se están presentando situaciones de conflictividad en materia de derechos de los migrantes en el Cono Sur, a propósito de los nuevos mecanismos de integración del Mercosur. También los hay en Chile con Perú y con Bolivia. Colombia tradicionalmente tiene situaciones en materia de derechos migrantes con Panamá, con Venezuela y Ecuador. Y qué decir sobre los problemas de migración que se han presentado entre Haití y República Dominicana. En Centroamérica están los fenómenos de migración masiva de niñez hacia EE.UU.

La Corte ha intervenido a través de opiniones consultivas. Los estados tienen la posibilidad de preguntarle a la Corte cuál podría ser la interpretación y cuáles los mecanismos más recomendados para la eficacia de los derechos. Los países del Mercosur hicieron una serie de preguntas sobre la situación de la niñez migrante. La Corte se refirió al tema, que es objeto de grandes discusiones entre quienes diseñan este tipo de programas. Frente a las leyes nacionales en materia de migración (quién puede entrar, quién no, cuál es la condición de refugiados, qué pasa con niños solos, qué garantías deben tener, etc.) hay una serie de lineamientos que ha establecido la propia Corte y que en este momento tienen una gran trascendencia.