Obama estudia frenar deportaciones masivas

En promedio, 1.024 indocumentados son deportados cada día, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE). Aumentan presión para que ese número se reduzca.

Marcha en Washington que exige detener deportaciones. / EFE

El gobierno estadounidense deportó el año pasado más de 500.000 inmigrantes, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), la mayoría de ellos procedentes de algún país centroamericano (México, Guatemala, El Salvador y Honduras). Lo grave de la situación es que según un informe realizado por el periódico The New York Times, la mayoría de esos deportados eran personas sin antecedentes que debieron salir del país por infracciones leves. Dice el periódico que cerca “de dos tercios de los casi dos millones de inmigrantes deportados en cinco años por el gobierno demócrata solo cometieron faltas menores. Muchas de las expulsiones se centraron en personas cuyo delito más grave era una violación de tránsito, como conducir en estado de ebriedad”.

Y aunque la Casa Blanca desmintió la información asegurando que las deportaciones responden a prioridades de la administración como quienes intentan “ingresar en el país ilegalmente, reincidentes y fugitivos de tribunales migratorios”, agrupaciones que promueven una reforma migratoria critican la medida del gobierno.

Maribel Hastings, asesora ejecutiva de America’s Voice, una organización proinmigrantes, explicó que las expulsiones afectan “particularmente” a padres y madres de familias trabajadoras que “solo representan un beneficio para el país y no una amenaza”, en referencia a la clasificación de criminales del ICE.
Esta semana se han incrementado las marchas para exigirle a la administración Obama concretar una reforma integral para sacar de la clandestinidad a más de 11 millones de personas sin papeles y frenar las deportaciones masivas. Se calcula que a diario, más de mil personas son obligadas a abandonar el país.

“Estamos fijando un plazo al Congreso para que apruebe una reforma migratoria real y significativa!, dijo Steve Choi, activista de Nueva York del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por sus siglas en inglés). FIRM, que abarca varias organizaciones en Estados Unidos, fijó el 28 de junio como fecha límite para que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto similar al que sancionó un año y un día antes el Senado.

“El reloj está corriendo”, dijo Petra Falcón, de Promise Arizona. Hasta entonces, los activistas realizarán una serie de actividades y acciones de "desobediencia civil" en Washington y otras ciudades, para buscar el voto en la cámara baja del Congreso, según anunciaron. Las protestas también están destinadas a Obama, en cuyo mandato más de dos millones de indocumentados han sido deportados, un número mayor que en los gobiernos anteriores, según activistas.

"Obama, su tiempo se acabó", dijo Choi, instando al mandatario a decretar una medida que detenga las deportaciones masivas. Obama se defiende responsabilizando al Congreso por el elevado número de deportaciones, y alega que él no tiene otra opción que hacer aplicar la ley mientras el Poder Legislativo no aprueba una amplia reforma migratoria.

El texto aprobado por el Senado contempla una vía a la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes ilegales, así como un refuerzo de la vigilancia de la frontera y una revisión completa del sistema de otorgamiento de visas, entre otras iniciativas. No obstante, el proyecto sigue encontrando la oposición de los republicanos en la Cámara de Representantes, y analistas coinciden en que difícilmente será sometido a votación antes de las elecciones legislativas de noviembre de este año.

Según el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, se está revisando una disposición de Obama para que miles de deportados por violaciones de la ley, como volver a entrar sin autorización al país luego de ser expulsados, puedan beneficiarse con una medida. Según John Sandweg, exdirector interino de Inmigración de Protección de Aduanas, Johnson sopesa la disminución de las deportaciones de inmigrantes sin graves contravenciones.

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