Obama revisa su política antiterrorista

Se referirá al polémico programa de drones y su promesa de cerrar Guantánamo.

Frente a la Casa Blanca, activistas protestan contra las injusticias cometidas en Guantánamo. / AFP
Frente a la Casa Blanca, activistas protestan contra las injusticias cometidas en Guantánamo. / AFP

En su discurso sobre el estado de la Unión en enero, Barack Obama prometió que la lucha antiterrorista de EE.UU. sería más transparente. El discurso que dará hoy en la Universidad de Defensa Nacional será, según funcionarios de la Casa Blanca, el primer paso.

Después de los atentados al World Trade Center ocurridos el 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente George W. Bush declaró la guerra al terrorismo y envió tropas a invadir Irak y Afganistán. Con la llegada de Obama, la lucha antiterrorista se centró, tanto en el plano internacional como interno, en el uso de drones. Esta tecnología ha permitido disminuir las bajas de las tropas de EE.UU., pero ha sido fuertemente criticada porque no ha eliminado la amenaza de Al Qaeda y por los efectos colaterales de sus “ataque selectivos”.

La guerra iniciada por Bush disminuyó el núcleo central de Al Qaeda, pero la organización se dispersó en franquicias y se alió con grupos armados que hoy operan en Malí, Yemen, Siria, Pakistán, Libia, Irak y Afganistán, entre otros. Juan Carlos Estarellas, experto en terrorismo del Centro Internacional de Seguridad y Defensa de Madrid, ha explicado a El Espectador que las actividades de Al Qaeda en la llamada Primavera Árabe fueron “fértiles y fructíferas, no sólo en cuanto a su expansión entre los colectivos islamistas más proclives a la radicalización yihadista en el Magreb, sino también en cuanto al reclutamiento terrorista”.

La aparición de la organización terrorista en Malí encendió las alarmas en Europa y el Magreb Islámico. Su presencia en Siria mantiene a EE.UU. y sus aliados dudando de apoyar a los rebeldes. Las operaciones con drones han eliminado a algunos cabecillas, pero la amenaza sigue en pie.

El doble atentado en la Maratón de Boston, el pasado 15 de abril, revivió la paranoia terrorista que vivió EE.UU. tras el 11-S. Aunque se ha descartado la vinculación de los autores con Al Qaeda, el hecho se prestó para que llovieran críticas sobre las falencias en la seguridad interna del país. Ayer se conoció que el FBI mató a Ibragim Todashev, otro sospechoso de los atentados y amigo de los responsables.

La metodología de los drones quedó bajo el escrutinio público desde que en febrero se filtró un documento del Departamento de Justicia en el que se considera legal matar a ciudadanos estadounidenses vinculados a Al Qaeda, y desde que Obama ordenó abrir el espacio aéreo del país a los drones antes del 30 de septiembre de 2015.

Brett Kaufman, miembro del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles, entrevistado por este diario, aseguró que es difícil saber qué tan efectiva ha sido la política de los drones. “Gran parte de la información es un secreto del Gobierno. John Brennan (jefe de la CIA) ha dicho que las muertes de civiles son mínimas, pero reportes de ONG estiman que puede haber mil muertes de civiles o más. Parte del problema de discutir públicamente es que no tenemos mucha información”. A raíz de las protestas que se desataron en EE.UU y otros países contra los drones, Obama anunció que divulgaría detalles sobre sus operaciones, pero hasta ahora poco o nada se conoce. Tal vez hoy dé ese paso.

El 11 de enero de 2002 llegaron a la base naval de EE.UU. en Cuba los primeros 23 sospechosos de participar en los atentados del 11-S. Desde entonces, múltiples organizaciones señalan a ese penal como un foco de violaciones a los derechos humanos.

Una de las principales promesas de la primera campaña electoral de Obama en 2008 era el cierre de Guantánamo, lo que hasta ahora no se ha hecho. La cárcel alberga hoy a 166 presos, entre los cuales hay 86 cuya liberación ha sido aprobada, pero que, por el riesgo de ser perseguidos o torturados en su países de origen, no tienen a donde ir.

El Congreso y el Ejército han interpuesto trabas para que Obama cumpla su promesa. Pero el mandatario también ha dado señales ambiguas: a principios de año, el Departamento de Estado anunció el cierre de la oficina de Daniel Fried, quien estaba a cargo del cierre del penal. Además, antes de posesionarse para su segundo mandato, Obama dio su visto bueno a la Ley de Autorización de Defensa de 2013, en tres secciones de la cual se prohíbe la transferencia de detenidos en Afganistán y en Guantánamo. Obama, sin embargo, añadió una reserva en la que manifestaba su rechazo a esta provisión.

La huelga de hambre que realizan desde hace más de tres meses un centenar de reos volvió a atraer la atención mundial sobre la situación humanitaria del centro de detención. Clive Stafford, director de Reprieve, organización que representa a medio centenar de prisioneros, dijo a este diario que la huelga era originalmente para protestar “contra los abusos de siempre, especialmente por parte de guardias contra el Corán. Ahora se transformó en una exigencia para que a quienes les ha sido aprobada la liberación, sean liberados, y que a quienes no se les ha aprobado reciban un juicio justo”. Tras conocerse la magnitud de la huelga, Obama prometió que reanudará los esfuerzos para lograr que el Congreso apruebe el cierre del penal. Hoy volverá a hablar al respecto.