Obama y la era de los vetos

El presidente de Estados Unidos bloqueó la ley del Congreso que autoriza un oleoducto que una a Canadá con golfo de México. El recurso ha dominado la política local en los últimos tiempos.

AFPBarack Obama, presidente de Estados Unidos.
 
Tras sufrir durante años el bloqueo persistente del Partido Republicano, el presidente de EE. UU., Barack Obama, esgrime, él también, el derecho a dinamitar las iniciativas de sus oponentes. El demócrata Obama paralizó el martes, con el veto que le otorga la Constitución de Estados Unidos, una ley adoptada por la mayoría republicana en el Congreso. La ley autorizaba la construcción de un oleoducto de 1.900 kilómetros entre Canadá y el golfo de México.
 
En un país como EE. UU., fundado en la división de poderes, el veto es una de las armas de las que dispone el poder ejecutivo para contrarrestar al poder legislativo. Las leyes requieren, para entrar en vigor, la firma del presidente. Cuando este desaprueba una ley, puede devolverla al Congreso sin firmar. Para invalidar el veto, el Congreso necesita dos tercios de votos en ambas Cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes.
 
El veto al oleoducto Keystone XL es el tercero de Obama desde que llegó a la Casa Blanca en 2009. Los dos anteriores fueron por una cuestión de procedimiento y por una legislación menor. Hasta ahora, no había necesitado recurrir a este instrumento. Al estar cada Cámara del Congreso en manos de un partido distinto, eran los propios legisladores demócratas quienes frenaban las leyes republicanas y evitaban que llegasen a la mesa del presidente.
Todo cambió tras las elecciones legislativas del pasado noviembre, que dieron una mayoría en ambas Cámaras a la oposición republicana. Ahora sí, los republicanos pueden aprobar sus leyes. Por primera vez, Obama se encuentra en la tesitura de firmarlas o rechazarlas. Esto es lo que debe suceder con la ley que autoriza el oleoducto de la empresa TransCanada. No será la última.
 
Con el Congreso en manos del Partido Republicano, el veto, consagrado en el Artículo I, Sección 7 de la Constitución, resucita como arma en la política de EE UU. Es la manera que Obama tiene, primero, de afirmar su autoridad, y segundo de preservar su legado, que la derecha intentará desmontar. Ni en el caso del oleoducto ni en otros es probable que los republicanos logren sumar votos suficientes para alcanzar los dos tercios necesarios para anular el veto.
 
Francis Fukuyama, el politólogo célebre por haber decretado el fin de la historia en 1989, define a los Estados Unidos del siglo XXI como una vetocracia. La tensión de los poderes —no sólo entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino entre el Estado federal y los Estados— refleja, más que una división de poderes, una atomización; más que el juego de equilibrios que concibieron los padres fundadores, una pugna por anularse entre ellos que desemboca en la parálisis.
 
En su último libro, Orden político y decadencia política, Fukuyama analiza los sistemas políticos en función de los actores con capacidad de veto. En una dictadura sólo hay uno: el dictador. Cuanto más democrático y plural, en teoría, más actores con derecho de veto. El problema es cuando hay demasiados actores con derecho de veto. Así ocurre en EE UU, según Fukuyama, una democracia que “se ha desequilibrado y, en algunos ámbitos, ha adquirido demasiados contrapoderes y equilibrios (checks and balances, en la expresión inglesa), lo que eleva el coste de la acción colectiva y a veces la hace imposible”.
 
Ni Obama ha inventado la vetocracia ni sus vetos en el tramo final de su mandato son la razón de un bloqueo que empezó en 2011, cuando los republicanos conquistaron la Cámara de Representantes, o antes. Desde 1789, cuando se fundó el Gobierno federal, 37 de los 44 presidentes han ejercido la autoridad del veto, y lo han hecho 2.564 veces, según un recuento del Servicio de Investigación del Congreso. Algunos, como George W. Bush, pocas veces: 12. Otros, como Franklin D. Roosevelt, lo convirtieron en un método habitual: 635.
 
La pelea, en el caso de Keystone, no es solo por los beneficios o inconvenientes del oleoducto: sus partidarios defienden que creará decenas de miles de empleos y afianzará la independencia energética de Norteamérica; sus detractores señalan los daños ecológicos. El pulso actual es por las competencias: los republicanos quieren que sea el Congreso el que decida si el proyecto se construye; el presidente sostiene que la decisión recae en el poder ejecutivo y se reserva el derecho a autorizarla por su cuenta.
 
El resultado es el mismo de los últimos años: división en Washington y bloqueo legislativo. Este es el tono de los dos últimos años de esta presidencia. La novedad es que ya no es Obama la víctima única del veto; ahora es el Partido Republicano. Descubre, como Obama hace años, que ganar elecciones no basta para gobernar; que, en la vetocracia estadounidense, es más fácil destruir las iniciativas del contrario que imponer las propias.