El pasado 20 de noviembre, cuando el presidente Obama anunció su famosa Orden Ejecutiva, cinco millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos vieron el sueño de vivir y trabajar legalmente en dicho país casi hecho realidad. Sin embargo, menos de tres meses después, el Juez Andrew Hanen de la Corte Distrital Federal de Texas frenó este sueño.
Según esa Orden Ejecutiva, el 17 de febrero de 2015 el gobierno americano empezaría a aceptar aplicaciones para DACA, un programa de inmigración expandido que otorgaría un permiso de trabajo de 3 años a los inmigrantes indocumentados que hubieran entrado a los Estados Unidos antes del 2010 con menos de 16 años de edad y que hubieren obtenido un diploma de bachiller o ejercido honorablemente en las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
Adicionalmente, en mayo, el gobierno empezaría a aceptar aplicaciones para padres indocumentados de ciudadanos o residentes legales estadounidenses. Sin embargo, veinticuatro horas antes de que el gobierno empezara a aceptar aplicaciones para DACA, el Juez Hanen suspendió estos programas de inmigración creados por la Orden Ejecutiva de Obama, lo que generó una gran incertidumbre sobre lo que había ocurrido y lo que ocurriría con esta “Reforma Migratoria” en los Estados Unidos.
La decisión del juez federal surgió por una demanda impuesta por 26 estados, liderados por Texas, contra el gobierno de los Estados Unidos, en la cual reclamaron que el presidente no tiene el poder legal de crear y reglamentar este tipo de programa. Como consecuencia, el Juez Hanen expidió una orden preliminar de más de 120 páginas, en la que aceptó el argumento de los estados demandantes.
A pesar de que la decisión de suspender la Orden Ejecutiva de Obama parece ser perjudicial para el futuro de los inmigrantes que se hubieran beneficiado con ella, existen razones para pensar que puede ser algo positivo.
En primer lugar, la Orden Ejecutiva puede obtener más legitimidad al ser evaluada por las cortes federales. En los Estados Unidos, las leyes federales son expedidas por el congreso o por las cortes federales, cuando existe una demanda. También, a través de la historia los presidentes de los Estados Unidos han emitido Órdenes Ejecutivas que han sido acatadas por la nación sin que estas tengan un respaldo constitucional claro. Sin embargo, aunque el tema migratorio es de gran importancia nacional, su reforma no fue emitida ni por el congreso ni por las cortes, sino por una Orden Ejecutiva, lo que para la opinión de quienes se oponen a la inmigración, puede constituir un capricho ilegal o un abuso de poder del Presidente Obama.
Ahora las cortes federales tienen la tarea de evaluar la legalidad de la Orden emitida por el Presidente. Como lo mencionó el mismo Juez Hanen en su decisión, esta legitimación de la Orden Ejecutiva es importante ya que muchos inmigrantes indocumentados hubieran entregado su información personal (dirección de hogar, de trabajo, entre otros) al gobierno para un programa que posteriormente pudiera ser derrotado. ¿Que hubiera ocurrido si después de la derrota de la Orden Ejecutiva, esa información fuera usada para facilitar sus propias deportaciones?
Es necesario entender que la decisión adoptada por el Juez de Texas es una medida preliminar que frena la Orden Ejecutiva hasta que la Corte evalúe detalladamente los argumentos de la demanda, para decidir si esta Orden transgrede o no la ley americana. Adicionalmente, si la primera instancia no favorece la legalidad de la reforma, esta decisión puede ser apelada ante cortes de apelación y, eventualmente, la Corte Suprema, el cual podría ser un escenario menos anti migratorio que el estado de Texas.
La demanda contra la Orden Ejecutiva para la reforma migratoria constituye una amenaza para su implementación, pero también brinda la posibilidad de legitimar el valiente acto del presidente Obama de legalizar la estadía de millones de inmigrantes en los Estados Unidos.
El jueves 12 de marzo, el gobierno de Obama le pidió a la Corte de Apelaciones del 5to Circuito que anule la orden preliminar del juez Hanen. La Corte de Apelaciones ha pedido plazo hasta el 23 de marzo para tomar una decisión, para así darle a los estados demandantes una oportunidad de responder a la petición del gobierno de Obama.
*Camilo Rincon Camacho es un abogado licenciado en el Estado de Nueva York y es socio de Rodríguez, Rincón Ugeh & Associates, firma colombo-estadounidense con enfoque en inmigración.