“Ojalá las manifestaciones nos lleven a reformas”

El Espectador dialogó con la fiscal general de Guatemala, un país que tambalea en medio de una crisis política que tiene al presidente Otto Pérez a punto de perder su inmunidad.

Thelma Aldana es la tercera mujer al frente de la Fiscalía General y el Ministerio Público de Guatemala. /EFE

Thelma Aldana es la mujer que lleva las riendas del Ministerio Público de Guatemala como fiscal general de ese país. Ha sido, además, la principal aliada de Iván Velásquez, el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema colombiana que ahora encabeza la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en un proceso que tiene de cabeza a este país centroamericano a raíz de una investigación de defraudación aduanera, conocida como la “Línea”. Por cuenta de este caso, un grupo del Congreso estudia hoy si el presidente, Otto Pérez Molina, debe perder o no la inmunidad que lo blinda de cualquier pesquisa judicial.

Tal como lo contó en detalle este diario en su edición del pasado 9 de mayo, la investigación que el exmagistrado colombiano y la fiscal Aldana han liderado desembocó en una profunda crisis política que ya le costó el puesto a la vicepresidenta, Roxana Baldetti, luego de que se supiera que su secretario privado hacía parte de los investigados. En entrevista con El Espectador, la fiscal habló sobre este expediente sin precedentes, que para Otto Pérez se volvió el “coco” y que ha suscitado decenas de manifestaciones multitudinarias de una ciudadanía que expresa su cansancio con la corrupción y le pide al presidente su renuncia.

¿Quién es Thelma Aldana?

Llevo un año como fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público. Un año también trabajando en coordinación con el doctor Iván Velásquez. El Ministerio Público tiene una fiscalía especial contra la impunidad que trabaja coordinadamente con la Cicig, y de este último año resalto el excelente trabajo entre ambos organismos, particularmente en el caso de la Línea.

¿Cómo empezó el trabajo sobre la Línea?

Comenzó hacia mayo de 2014, cuando se identificaron trámites anómalos realizados por técnicos aduaneros. Así se ubicó una línea telefónica a través de la cual se realizaban ajustes ilegales a las importaciones y formularios de declaración única aduanera. Por medio de este dispositivo los usuarios de la Línea realizaban cobros paralelos aduaneros al arancel oficial, defraudando Estado al evadir el pago de impuestos. En el análisis del método de investigación se determinó que los tramitadores aduaneros se comunicaban y respondían jerárquicamente a otro grupo delictivo externo a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

(Por esta investigación fueron detenidos el actual jefe de la SAT, el exjefe, la cabeza de recursos humanos y el secretario general del sindicato. En Guatemala, la SAT es como la DIAN).

¿Cuál fue el método de investigación?

Me refiero a las interceptaciones telefónicas. El Ministerio Público solicitó al órgano jurisdiccional la autorización de las escuchas, que fueron alrededor de 66.000. Recibidas, pasaron a la dirección de análisis del Ministerio Público, que, por cierto, es una unidad fortalecida gracias al fondo de la Cicig. En conjunto se logró determinar la existencia de dos estructuras paralelas, un interna y otra externa, que respondían a jerarquías.

¿Cómo funcionaban esas jerarquías?

La alta tomaba las decisiones estratégicas relativas al pago de menos impuestos en las aduanas y determinaba la política de recaudación aduanera e incluso la colocación de funcionarios superiores en la Superintendencia de Administración Tributaria. Después de ocho meses de investigación se abrió proceso penal a los integrantes de la Línea. Del 16 de abril a la fecha se han realizado 44 allanamientos, 28 capturas y fueron incautados más de 28.000 documentos, junto con 150 dispositivos.

Sobre la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ¿han hallado otras pistas para saber si tenía relación con la Línea?

En ese proceso hemos logrado su arraigo (prohibición para salir del país) mientras realizamos la investigación. Hemos inmovilizado algunos bienes de su propiedad, como medidas precautorias mientras avanzamos. Estamos en el proceso de análisis e investigación y la ley no me permite dar a conocer el avance de este tema.

Respecto a Juan Carlos Monzón, exsecretario de Baldetti, en fuga, ¿hay algo nuevo?

Cuando el Ministerio Público y la Cicig presentamos la investigación ante el órgano jurisdiccional, obtuvimos la orden de aprehensión. Ese fue nuestro trabajo. Ahora le corresponde al Ministerio del Interior y de la Gobernación ponernos al señor exsecretario privado de la exvicepresidenta a disposición para llevarlo a la justicia de nuestro país.

¿Cómo califica el trabajo de la Cicig?

Sin duda ha sido importante porque ha permitido que la Fiscalía contra la Impunidad adquiera conocimientos especiales en casos de estructuras criminales arraigadas en el Estado. Además, la Comisión ha tenido otro rol fundamental: el apoyo en la reforma de leyes. En términos generales, en este último año la presencia de la Cicig ha sido particularmente importante.

Antes de que se conociera el caso de la Línea, el presidente Pérez Molina tenía dudas sobre la continuidad de la Cicig en su país. Y ahora, justo cuando estalla el tema decide que sí. ¿Por qué?

Esa respuesta la tendría que dar el señor presidente. Yo puedo decir que en todo momento estuve de acuerdo con su continuidad, porque creía que podía ayudar al Ministerio a mejorar su capacidad investigativa.

¿Qué tiene la Cicig que no tenga el Ministerio Público?

Presupuesto. El Ministerio Público ha trabajado en principio con un presupuesto que no es el adecuado, en tanto que la Cicig tiene el apoyo de países cooperantes y puede hacer otro tipo de contrataciones, de expertos. Por eso, unidas, las dos entidades sin duda reflejan una mejor investigación.

¿Qué enseñanzas podría dejar una investigación como la de la Línea a países como Colombia, donde la defraudación tributaria y aduanera también es un problema mayúsculo?

Apenas tengo un año en el Ministerio Público, pero 25 de experiencia en los tribunales del país. Lo único que puedo decir es que hay que actuar con objetividad, transparencia y espíritu apegado a la ley, y sin temor alguno.

¿Usted cree que la presión social ha servido de algo?

Ha de haber incidido en la renuncia de la vicepresidenta, pero eso únicamente lo puedo responder ella. Para mí lo más importante de estas manifestaciones que siguen teniendo lugar en Guatemala es que ojalá logremos reformar el Estado para tener instituciones sólidas, sobre todo la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, que la clase política opere de una manera transparente y que se deje a un lado la corrupción.

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