Ojos puestos sobre Burundi

Desde mayo de 2015 han sucedido en el país africano al menos 590 asesinatos. En medio de esta escala de violencia, el gobierno burundés se hace el desentendido mientras el CDH mantiene al país como uno de sus miembros.

Ubicado en África Oriental, con una población que sobrepasa los diez millones de habitantes, y siendo el segundo país más pobre del planeta según cifras del Banco Mundial, Burundi es una república democrática que ha ido creando, desde mayo de 2015, expectativas sobre una posible guerra civil. Aunque, contradictoriamente, el país es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), cuya XXXI sesión acabó la semana pasada en Ginebra, Suiza, la escala de crímenes y violaciones en contra de civiles es tal que esta misma organización tuvo que llevar acabo, el 17 de diciembre de 2015, una reunión extraordinaria para abrir una investigación independiente. Esta investigación empezó con una visita organizada del primero al ocho de marzo del presente año. 
 
El primer informe de la misma, conocido dentro de la reciente reunión del CDH y dirigido por los relatores especiales de las Naciones Unidas Cristof Heyns, Pablo de Greiff, y Maya Sahli, reveló detalles espeluznantes. Desde el año pasado hasta el 21 de marzo de 2016 se han llevado acabo, según afirman los investigadores: 590 asesinatos, 700 arrestos arbitrarios y 20 desapariciones forzadas. Adicionalmente, en palabras de Heyns: “de 37 periódicos solo uno es independiente, de las cinco radios privadas en Burundi solo dos pueden operar, los canales de televisión son todos propiedad del gobierno, 10 organizaciones de derechos humanos han visto suspendidas sus actividades en terreno y a tres de estas les congelaron los bienes”. 
 
Esta situación, que ha hecho migrar en los últimos 12 meses a 252.529 civiles, empezó en mayo de 2015 cuando el presidente, Pierre Nkurunziza, perteneciente a la tribu Hutu que actualmente representa el 85% de la población, decidió lanzarse a un tercer periodo por medio de una reforma a la constituyente. Entonces, el gobierno de Nkurunziza, quien está en mando desde 2005, recibió un intento de golpe de estado por parte de la tribu Tutsi, que representa el 15% restante de la población. Este golpe fue encabezado por el Mayor General, Godefroid Niyombare, y posteriormente detenido con un uso extremo de fuerza militar. Allí iniciaron los asesinatos y desapariciones, que han ido aumentado desde que Nkurunziza se posesionó como presidente de nuevo en agosto. 
 
A pesar de estas atrocidades, el gobierno burundés se mantiene en negación. Un ejemplo es el Ministro de Derechos Humanos, Martin Nivyabandi, quien, estando presente en la sesión del CDH, contestó al informe de los relatores especiales: “los sabotajes, las granadas, el terrorismo, desde 2010 a 2015, lo ha llevado acabo solamente la oposición. El Burundi de hoy no tiene impunidad. Todos los crímenes del pasado y los crímenes actuales son y serán castigados según la ley, a pesar de la complejidad de nuestra historia”. 
 
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como la Asociación para la protección de personas presas y Derechos Humanos (APRODH), estuvieron en el Consejo para contradecirlo. Así, el director de APRODH, Pierre Claver, quien dijo que su organización había documentado al menos 700 asesinatos y decenas de fosas comunes, le replicó: “Sé que usted puede decirnos, señor Ministro, dónde están enterrados los militares muertos en el golpe de Estado (…) Los militares y policías que murieron no se colocaron en fosas comunes. Pero hay otras personas que sí fueron sumidas allí. No tenemos los nombres. Tenemos las cifras”. Y agregó: “si los investigadores independientes han establecido 590 homicidios, ¿cuántos más se necesitan para decir que ha habido un genocidio? Hay personas que han sido asesinadas sin haber sido juzgadas, que han sido encarceladas siendo inocentes. Mi organización y yo hemos encontrado los cadáveres en los ríos, los cadáveres de personas que habían sido detenidas. Pero, ¿dónde están estos informes?”. 
 
Con una intervención de apenas cinco minutos, Claver también interpeló al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon y a los países presentes: “todo esto que ocurre hoy en Burundi, ¿no son violaciones de los Derechos Humanos? ¿Qué van a hacer ustedes? (…) Les agradezco mucho su presencia, de verdad, pero la situación de mi país sigue agravándose aún hoy”. 
 
Así, Claver puso de relieve no solo la crisis en Burundi sino también lo ineficaz y ambiguo que puede llegar a ser el CDH de las Naciones Unidas. Ineficaz, porque a pesar de que sus miembros saquen adelante al menos cien resoluciones al año –resoluciones que funcionan como guías de cómo tratar situaciones específicas de violaciones de derechos humanos–, ningún país tiene la obligación de adoptarlas, por lo que el impacto de esas resoluciones es mínimo, además de desconocido. Y ambiguo porque mantiene como miembros a países como Burudi, en donde existe una clara violación de los derechos universales. 
 
Respecto a esta problemática, el  director de la Organización Universal Rights Group, Marc Limon, dijo a El Espectador: “la credibilidad del CDH se pone en vilo cuando concebimos que un país con graves violaciones a los derechos humanos es miembro del mismo. Creo que la ONU debería recordar por qué se acabó la Comisión de Derechos Humanos que funcionó hasta 2005 y que fue reemplazada por el CDH. ¡Se acabó porque tenía como miembros a países dirigidos por dictadores, como era el caso de Lybia y Muamar el Gadafi!”. 
 
Limon explicó que los países pertenecientes al CDH deben ser ejemplares cuando se trata de respetar los derechos universales. Sin embargo, sostuvo que en la práctica esto no se cumple. “Los estándares del CDH no están funcionando. Nosotros como organización no gubernamental hemos venido diciendo que debería haber una resolución que haga que Burundi deje de ser miembro de este Consejo. Burundi entró al CDH hace diez años, cuando firmó la paz por medio de los Acuerdos de Arusha; pero esta paz ya no existe: se ha ido quebrantando”. 
 
Y, aunque ninguno de los países miembros del CDH hablaron de la posición de Burundi en este organismo de la ONU, sí pidieron la solución pacífica e inmediata del conflicto. Por ejemplo, Estados Unidos demandó que el presidente liberara al menos dos mil presos políticos, y enjuiciara a los violadores de mujeres y niños; Austria solicitó independencia judicial; y República Checa la liberación de insurgentes. Por su parte, el investigador independiente, Cristof Heyns, instó a aumentar la presencia de observadores de derechos humanos –actualmente hay solo 32– y le solicitó al gobierno que estableciera mecanismos efectivos para investigar los crímenes que han estado sucediendo. “No podemos permitir que al genocidio le siga la impunidad”, afirmó. 
 
Por ahora, sin una resolución que someta a Burundi al escrutinio de los miembros del CDH y con una situación de violencia soez, los investigadores independientes tienen programada una segunda visita el 13 de junio. En medio de este aterrador panorama, lo único que Heyns agradece es que hasta el momento no haya habido represalias en contra de aquellos ciudadanos que, mientras estuvieron en terreno africano, colaboraron valientemente con su misión. 
 
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