Otra masacre en Siria

A las matanzas de Houla y Al Qubeir se suma un episodio más de violencia, que dejó al menos 150 muertos. Damasco sigue señalando a grupos terroristas como responsables de los hechos.

La tercera masacre en Siria en más de año y medio de conflicto, ocurrió esta vez en Tremseh, una ciudad situada 35 km al noreste de Hama. Se suma a la de Houla, ocurrida en mayo en la provincia rebelde de Homs, y a la de Al Qubeir, que sucedió en junio en Hama. El episodio aumenta la presión sobre la comunidad internacional para que actúe y proteja a la población civil.

El Consejo Nacional Sirio, órgano de la oposición en el exilio, calificó lo sucedido en Tremseh como un genocidio infame. El presidente de la Unión de Sirios en el extranjero, Nasser Oumer, en contacto con El Espectador, afirmó que es “una muestra más de la barbarie perpetrada por el gobierno de Bashar al Asad. Una masacre que deja claro que se trata de un régimen asesino que seguirá actuando contra la población mientras las conversaciones diplomáticas sólo logran prorrogar la mortandad”.

Sin embargo, la agencia oficial siria de noticias, Saná, afirma que no fueron tropas del régimen, sino grupos terroristas los destruyeron la ciudad. La acción de las fuerzas oficiales fue “combatir a los terroristas sin atacar a ningún civil”.

Joseph Trevithic, analista de defensa y seguridad de GlobalSecurity, ha afirmado a este diario que Al Qaeda tiene presencia en Siria y estaría buscando crear un nexo entre ellos y los potenciales sucesores de Al Asad, “antes de que los movimientos de oposición que están en el exilio regresen al país”, pero no es previsible que sean los autores de una masacre de tal magnitud.

Oumer afirma que no tiene conocimiento sobre grupos terroristas en el conflicto, “lo que sí hay es mercenarios de Irán y Hizbulá (la milicia y fuerza política del Líbano) que apoyan al régimen y algunos de ellos han sido capturados”.

No es la primera vez que el gobierno sirio culpa a grupos terroristas de una masacre, en los 16 meses de enfrentamientos . En la ocurrida el 25 de mayo en Houla hubo alrededor de 165 muertos, de los que 49 eran niños. Al Asad volvió a culpar a grupos terroristas, pero una comisión creada por la ONU para investigar los crímenes reveló que, tras analizar la superioridad del armamento y el acceso a los tres distintos puntos donde las matanzas tuvieron lugar en 24 horas, es “improbable” que grupos antigubernamentales sean los culpables.

Dos semanas después de la matanza en Houla, la violencia llegó a Al Qubeir, en la provincia de Hama, y dejó entre 50 y 78 muertos. Muchos murieron atacados por artillería pesada, antes de que entraran los shabiha —la milicia que apoya al régimen— para completar la masacre apuñalando a otros tantos.

Tremseh, según testimonios de la oposición, fue cercada por el Ejército en la madrugada del jueves y luego bombardeada con artillería pesada, tanques y helicópteros durante varias horas. Las escasas tropas que tenía el Ejército Sirio Libre (ELS) no fueron suficientes para contrarrestar los ataques.

Cientos de habitantes que buscaron refugio en la mezquita central murieron bajo las bombas. Otros tantos, que intentaron huir, según testigos, fueron degollados por los shabiha. Mientras el Observatorio Sirio de derechos Humanos señaló que murieron al menos 150 personas, testigos presenciales elevan el número a 227.

La magnitud de la tragedia y las nefastas imágenes que circulan en internet aumentan la indignación por la falta de apoyo internacional para los civiles sirios. No obstante, es previsible que esta nueva masacre no ablande las posiciones de Rusia y China, amigos de Al Asad y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que, con su poder de veto, bloquean cualquier iniciativa para aplicar sanciones a Damasco o intervenir en el país árabe. Con otro centenar de muertos, Bashar al Asad sigue manteniendo en jaque a la comunidad internacional.

El enviado de la ONU y la Liga Árabe a Siria, Kofi Annan, se declaró consternado y afirmó que “esto es una violación del compromiso del gobierno de acabar con el uso de armas pesadas en los centros de población”. Además, exigió “la libertad de circulación de los observadores” para que la ONU investigue lo sucedido en el terreno.

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