:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/ozLH7NWqyLzBB0EWq2taeDjEPp8=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/GAWRCHYQYBFPHN42N4Q2PPKXJA.jpg)
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), establecida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2007, bajo el mando del abogado colombiano Iván Velásquez ha desarticulado más de 50 estructuras criminales. Su mandato, que se renueva cada dos años, está siendo analizado por una comisión de funcionarios que antes del mes de septiembre deberán recomendarle al presidente, Otto Pérez Molina, si es necesario o no extender su presencia otros dos años en Guatemala.
Según la prensa del país centroamericano, hasta hace unas semanas se daba por hecho que el presidente Pérez anunciaría la desaparición del organismo. Sin embargo, dos graves escándalos de corrupción hechos públicos esta semana ponen contra las cuerdas al mandatario, cuyo círculo más cercano aparece como parte de las redes corruptas y enfrenta desde el fin de semana nutridas protestas que piden su renuncia.
Hace apenas ocho días el Gobierno había enfrentado una denuncia que provocó la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, la misma que aseguró que el mandato de la Cicig no debía prorrogarse y cuya mano derecha y secretario privado, Juan Carlos Monzón, huye de la justicia acusado de ser parte de la red de corrupción aduanera destapado por dicha comisión.
El comisionado Velásquez desnudó una estructura de funcionarios aduaneros y de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) que aceptaba sobornos a cambio de permitir contrabando hacia Guatemala. Jefes y exjefes de la SAT fueron detenidos y se libró orden de captura contra funcionarios de alto nivel.
Ayer, cuando la capital guatemalteca se inundaba, por tercera vez en cinco días, con campesinos que se declaraban cansados de la corrupción, un nuevo escándalo aumentó la presión sobre el presidente de Guatemala. La cúpula entera del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue capturada después de que el Ministerio Público (Fiscalía) y la Cicig destaparan una red de tráfico de influencias que permitió que los tratamientos de hemodiálisis para enfermos renales se adjudicaran a una empresa que no cumplía los requisitos mínimos. Hasta 17 pacientes han muerto y más de 100 sufren serios quebrantos de salud como consecuencia de los medicamentos administrados.
Este fraude por $14,5 millones llevó a la detención de 17 personas, entre quienes figuran los presidentes de la entidad, Juan de Dios Rodríguez, y del Banco de Guatemala (central), Julio Suárez, ambos nombrados por el presidente. Rodríguez fue secretario privado de Pérez Molina, quien lo designó al frente del IGSS en abril de 2013 para combatir la corrupción en esa institución. Fue internado en el hospital Maranatha, al sur de Ciudad de Guatemala, por diabetes, ansiedad y depresión, según informó la organización médica. Dentro de los detenidos también se encuentran el hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, Otto Molina Stalling y Max Quirín, representante de la cúpula empresarial.
Acorralado por los escándalos, el jefe de Estado de Guatemala anunció la destitución de la titular de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret), Verónica Taracena, como parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción. “Estoy haciendo el relevo en la Copret y he pedido al vicepresidente (Alejandro Maldonado Aguirre) que haga una propuesta idónea para el cargo”, dijo en una rueda de prensa en Casa Presidencia. Taracena era una allegada a la exvicepresidenta Baldetti.
Pérez Molina agregó que los funcionarios por él nombrados que fueron detenidos ayer traicionaron su confianza. “No admitiré culpa. Los que fallaron fueron ellos”, expresó, y añadió que respetará “la independencia de poderes, por lo que el desenlace sólo corresponde a los tribunales de justicia”.
Enemigos públicos
Aunque la Cicig cuenta con un amplio respaldo en el país, pues, según una reciente encuesta publicada por la prensa, el 71% de los empresarios apoyan su labor, es blanco de quejas por estar integrada por investigadores extranjeros, algo que, dicen, “le resta soberanía al país”. Durante el juicio contra el dictador Efraín Ríos Montt por el genocidio de indígenas, proceso que la Cicig apoyó, los abogados lograron que apenas diez días después de haber sido emitida la sentencia se anulara.
Incluso periodistas guatemaltecos señalan que el presidente, Pérez Molina tiene razones personales para oponerse a la Cicig. Según varias investigaciones periodísticas, familiares y personas cercanas al mandatario se han beneficiado con contratos en el sector público. Sin embargo, en medio de la crisis, el presidente pareció darle su respaldo a la comisión ayer. “Aquí lo que se necesita es cambiar el sistema porque ya no da para más”, aseguró, y agregó que le pedirá al titular de la Cicig, Iván Velásquez, que realice un estudio y le presente una propuesta sobre reformas al sistema de justicia.