Palestina, miembro oficial de la Corte Penal Internacional

Las primeras demandas que interpondrá Palestina en la Corte Penal Internacional contra Israel serán relativas a la última operación militar en Gaza, la construcción de asentamientos ilegales y la ocupación.

El panorama de la Franja de Gaza bajo la operación militar israelí Margen Protector el año pasado. / AFP

Hoy Palestina se convierte oficialmente en miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de la presión y las amenazas de EE.UU. e Israel para evitarlo. Es uno de los pasos más importantes de los palestinos en su estrategia internacional, con la cual han conseguido el reconocimiento como Estado observador de la ONU, la adhesión a otras agencias de esta organización y a casi 20 tratados incluidos los Convenios de Ginebra. Una estrategia que, como han declarado representantes de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), se empezó a tejer a partir de los constantes fracasos en la búsqueda de paz y justicia mediante negociaciones bilaterales con Israel.

La entrada a la CPI no garantiza que se alcance esa paz. Israel ya dio una degustación de sus reacciones cuando, en contra de sus obligaciones internacionales y como represalia por el acercamiento a la Corte, congeló los impuestos que recauda para la ANP, que son una fuente crucial de ingresos para el gobierno palestino y representan la mitad de su presupuesto. El gobierno de Benjamín Netanyahu también ha advertido que, en vez de acogerse a un eventual pronunciamiento del tribunal, haría lo posible por desmantelarlo. ¿Cómo explicar este comportamiento frente a un organismo creado para hacer justicia por casos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión?

Teniendo en cuenta esa naturaleza de la CPI, debería ser aplaudido un estado que decide acogerse a su competencia. Balkees Jarrah, consultor del programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch (HRW), dice que la llegada de Palestina a este tribunal es importante porque garantiza a las víctimas de graves crímenes el acceso a la justicia internacional y envía un mensaje de que esos crímenes no se pueden cometer impunemente. Además, dice, el acceso a la CPI es un paso positivo hacia la justicia y el imperio de la ley en el conflicto israelí-palestino, dándole mandato a este tribunal para “disuadir de crímenes de guerra que hoy impulsan la animosidad entre las partes y socavan la confianza necesaria para la paz”.

En este sentido, resulta escandaloso que la adhesión de Palestina sea rechazada por Israel y EE.UU., dos estados que no han firmado el Estatuto de Roma —el instrumento constitutivo de la CPI—. Y aún más escandalosa la decisión anticipada de no obedecer a las decisiones que tome el tribunal: Netanyahu ya advirtió que impedirá que soldados y comandantes del Ejército de su país sean llevados ante la Corte y dijo que, más bien, “quienes deben ser juzgados son los dirigentes de la Autoridad Palestina que se han aliado con los criminales de guerra de Hamás”.

Es posible que eso suceda. Jarrah dice que la membresía de Palestina en la CPI significa que los “individuos implicados en crímenes de guerra cometidos en o desde el territorio palestino pueden tener que rendir cuentas. Como la fiscal de la Corte determina si es necesario dar el paso hacia una investigación formal, esperamos que ella escrute de manera imparcial los posibles crímenes sin importar quién sea el presunto responsable”.

Los palestinos que tengan responsabilidad por los ataques indiscriminados por parte de milicianos de Hamas contra la población civil israelí también pueden ser investigados. De hecho, organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que grupos armados palestinos habrían cometido crímenes de guerra por el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra la población civil israelí y porque habrían almacenado municiones en edificios civiles, como escuelas gestionadas por la ONU, y lanzado ataques desde zonas cercanas a refugios de civiles desplazados por el conflicto. Antes del ingreso formal de palestina a la CPI, la ONG israelí Shurat Hadin presentó denuncias ante la Corte contra tres líderes palestinos a los que acusa de terrorismo.

Pero los posibles crímenes cometidos desde el lado palestino no excluyen a Israel de sus responsabilidades. La pregunta que muchos se hacen es si Israel puede ser juzgado por la CPI, aún cuando no haya ratificado el Estatuto de Roma. Nicolás Carrillo Santarelli, experto en derecho internacional de la Universidad Autónoma de Madrid, responde que sí es posible. “La CPI puede examinar la situación en cuestión y de hecho la fiscal ya ha adelantado un examen preliminar al respecto. Al estudiar una situación, se entiende que pueden investigarse y juzgarse crímenes atribuibles tanto a israelíes como a palestinos en el conflicto. La falta de consentimiento de Israel es irrelevante, según el artículo 12 del Estatuto de Roma”.

En resumen, con el ingreso de Palestina a la CPI, los crímenes cometidos por sus nacionales o en su territorio —aún por parte de nacionales de estados no firmantes del estatuto, como Israel—, pueden ser investigados. La fiscal Fatou Bensuda decidió desde el 16 de enero que iniciaría un examen preliminar del caso y tiene en sus manos un informe enviado por la ANP sobre supuestos crímenes cometidos en territorios palestinos desde el 13 de junio de 2014. Bensuda ya ha anticipado que ninguna de las partes será inmune a su escrutinio.

Gaza, asentamientos y ocupación

 

La primera demanda que interpondrá Palestina tiene que ver con lo ocurrido el año pasado bajo la operación militar israelí Margen Protector en la Franja de Gaza, realizada entre el 9 de julio y el 26 de agosto. Alexánder Montero, director del Centro Colombiano de Estudios Árabes y asesor político de la Misión Diplomática de Palestina en Colombia, dice que esta acción judicial “se fundamenta en los 2.200 civiles muertos, entre estos 600 niños; los ataques perpetrados por Israel contra refugios de la ONU, bienes civiles, religiosos y hospitalarios”. Y recuerda que “el mundo fue testigo de los niños que jugaban en la playa y fueron bombardeados por la marina israelí, de los palestinos que huían de sus casas bombardeadas y fueron rematados por la aviación israelí en el cruce de Rafah, del barrio palestino que desapareció en menos de tres minutos”.

La demanda no se limita a esa operación militar en Gaza, sino que buscará, según Montero, enfatizar en que “Israel convirtió a Gaza en el campo de concentración más grande del mundo, en el cual sufren colectivamente hombres, ancianos, mujeres y niños tanto musulmanes como cristianos. El soporte de la demanda son las Convenciones de Ginebra y el mismo Estatuto de Roma. No busca que Israel haga concesiones, solo que deje de pasar por encima del derecho internacional y detenga su plan de genocidio del pueblo palestino”.

Este no será el único reclamo de los palestinos ante el tribunal. Montero dice que otro tendrá que ver directamente con la ocupación israelí en Palestina. “Se puede interpretar erróneamente que se trata de un conflicto interno. Esto es falso. El conflicto es internacional, donde una instancia internacional ocupa militarmente el territorio de otra. En ese sentido, es ilegal que Israel lleve población propia y la siembre en Palestina con el fin de romper su continuidad territorial. Por otro lado, los colonos son fundamentalistas religiosos que cometen actos de terrorismo contra los palestinos con la protección del ejército israelí, garantizándoles impunidad. Los colonos, al igual que las detenciones masivas de palestinos, el robo de tierras y recursos naturales, se constituyen con claridad como crímenes de guerra”.

Ninguno de estos reclamos encarna una gran novedad. De hecho, la ONU considera que Palestina —tanto Gaza como Cisjordania— está bajo ocupación y mediante múltiples resoluciones ha condenado las acciones del poder ocupante en esos territorios. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de Naciones Unidas, emitió una opinión consultiva en 2004, según la cual la construcción del muro y su régimen de asentamientos, infraestructura y caminos exclusivos para israelíes constituyen una grave violación a la ley internacional y a las obligaciones de Israel como poder ocupante.

Más recientemente, la ONU rechazó la operación militar del verano pasado en Gaza. La Alta Comisionada para los DD.HH., Navy Pillay, dio a entender que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra al violar los principios de distinción y proporcionalidad que regulan un conflicto armado. Varias organizaciones de derechos humanos, incluso israelíes, han documentado y recolectado suficiente evidencia de las graves afectaciones a la población e infraestructura civil durante las hostilidades en Gaza.

Efectos en el conflicto

 

¿Es posible que se llegue a una solución del conflicto israelí-palestino a través de la justicia internacional y las organizaciones internacionales, en vez de la negociación bilateral? Hasta ahora la estrategia internacional de Palestina se ha traducido en un empeoramiento de la situación en el terreno: una operación militar israelí a gran escala en Gaza y la expansión de los asentamientos ilegales israelíes en territorios palestinos. Hechos que le han generado a Israel el rechazo por parte de la Unión Europea y EE.UU.

A pesar de esto, a último minuto del cierre de su campaña electoral, Netanyahu prometió construir más asentamientos, impedir la división de Jerusalén y hacer inviable un estado palestino. Y así fue reelegido, pero no tardó en dar muestras de su oportunismo electoral al desbloquear la transferencia de impuestos a la ANP por “razones humanitarias” y mostrarse más flexible en cuanto a una solución de dos estados.

En todo caso, la historia parece decir que la membresía en la CPI no cambiará mucho las cosas y, en cambio, augura una degradación de las relaciones palestino-israelíes. Analistas como Mark Kersten llaman la atención sobre los costos que implicaría para los palestinos intercambiar la justicia internacional por una paz negociada. No sería extraño, por ejemplo, que en otro cambio de parecer Bibi Netanyahu decida volver a congelar los fondos para la ANP, o tomar medidas más duras como represalia ante una demanda.

No obstante, la autoridad del tribunal internacional podría alcanzar para, si no juzgar y garantizar que se cumpla su fallo, por lo menos aumentar la creciente presión política sobre Israel. Habría que ver el escándalo que Netanyahu o cualquier gobernante de turno enfrente cuando la CPI quiera visitar Gaza y las autoridades israelíes intenten impedirlo, como lo han hecho con múltiples organizaciones. O cuando haga caso omiso de una eventual sentencia . El manto de la impunidad puede empezar a hacerse cada vez más visible.

Santarelli opina que la estrategia internacional de Palestina puede forzar a una solución bilateral -y este puede ser también el objetivo central de dicha estrategia-. “En cuanto a las organizaciones internacionales, a pesar de que tradicionalmente EE.UU. ha usado el veto, las tensas relaciones actuales y el descontento con el oportunismo y las declaraciones electorales de Netanyahu han llevado a EE.UU. a plantear que una resolución del Consejo de Seguridad obligue a negociar para resolver el conflicto. Además, al parecer Francia tiene interés en realizar su propia propuesta si EE.UU. no lo hace a tiempo. Todos están cansados con la falta de voluntad del gobierno israelí actual y sus hechos de prolongación de la ocupación y más que probable deseo de alterar el territorio en cuestión”.