Durante una reunión con su homólogo salvadoreño, Mauricio Funes, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, anticipó la propuesta que presentará en la próxima cumbre de mandatarios de la región, el 29 de junio, sobre la despenalización de la producción, transporte y comercio de drogas. Pérez también buscará consensos con Colombia, México y EE. UU.
Ya el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, con quien Pérez dice haber conversado recientemente al respecto, había afirmado estar dispuesto a promover la legalización, siempre y cuando esa decisión la acepte y la asuma el resto del mundo.
Pérez dijo que, con toda la “tecnología y millones de dólares que dio EE. UU. a Colombia, el problema (del narcotráfico) no ha disminuido”. También cuestionó el éxito del Plan Colombia, al decir que lo único que logró fue neutralizar los grandes carteles. La Embajada de EE. UU. en Guatemala respondió en defensa del Plan Colombia: “Sí podemos reducir la demanda de drogas ilegales, el caso de Colombia muestra que un compromiso multilateral al combate contra el narcotráfico puede tener éxito. Las muertes violentas en Colombia bajaron el 50% entre 2002 y 2011. El gobierno recobró el control de su territorio y la confianza de sus ciudadanos”.
En Centroamérica la propuesta no había sido escuchada. La directora para Latinoamérica del Woodrow Wilson International Center for Scholars, Cynthia Arnson, en conversación con El Espectador, afirma que esta iniciativa proviene de una corriente de opinión que culpa a los países consumidores (EE. UU. y naciones europeas) de las tragedias que ha traído el narcotráfico. En efecto, Pérez advirtió que los sangrientos choques con el narcotráfico seguirán mientras EE. UU. mantenga un elevado consumo de estupefacientes y llamó al país norteamericano a asumir su corresponsabilidad con la producción y tráfico de drogas.
Guatemala tiene una tasa de 41 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi tres veces mayor que la de su país vecino, México, y zonas en guerra como Afganistán o Irak, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Carteles mexicanos como Los Zetas y el de Sinaloa, que se han establecido en las fronteras para disputarse las rutas por donde pasa cerca del 90% de la cocaína que se consume en EE. UU., han incrementado la violencia. Sin embargo, dice Arnson, desde antes de que emergieran estos carteles ya había grupos criminales que aún hoy permean el Estado.
Pérez afirmó que “la legalización de las drogas disminuiría la comisión de delitos como lavado de dinero, tráfico de armas, contrabando y corrupción”. También dijo que si se logra “regular” la producción, transporte y comercialización de las drogas, los gobiernos quedarán exentos de invertir “millones de dólares” para combatir al narcotráfico y se detendrán los conflictos entre carteles, que provocan cientos de asesinatos.
Su propuesta, sin embargo, tiene escasas posibilidades de transformarse en una política regional, pues EE. UU. piensa lo contrario. Un comunicado desde Washington señala que la despenalización amenazaría la salud pública y no reduciría la violencia ni la corrupción: “las organizaciones criminales transnacionales y las pandillas continuarían involucrándose en actividades ilícitas, incluyendo la trata de personas y el tráfico de armas ilegales, la extorsión y el secuestro, el robo de bancos, el robo de propiedad intelectual y el lavado de dinero”.
La política antidrogas que ha implementado EE. UU. en la región, según Arnson, ha generado el desplazamiento del narcotráfico de un lugar a otro: “Centroamérica ahora sufre los efectos de los éxitos contra la insurgencia —no tanto contra el narcotráfico— en Colombia”. Tanto para Pérez como para Santos, dice Arnson, “el modelo tradicional para penalizar las drogas está quebrado y hay que buscar una nueva fórmula”. Añade que la iniciativa de Pérez obedece a una enorme frustración en la región por las vidas que ha cobrado las décadas de políticas represivas contra el tráfico de drogas.
Funes, durante la reunión con su homólogo guatemalteco, afirmó estar abierto a debatir la iniciativa con los demás mandatarios centroamericanos, los cuales aún no se han pronunciado al respecto. Para Arnson, la propuesta, “aunque no se implementará como política, es un mensaje que cobra fuerza”, así como un resultado de la frustración regional respecto a las políticas antidroga de las últimas décadas.