Pérez, de botas al poder

El ganador de la primera vuelta promete una lucha armada y frontal contra los carteles de la droga, que tienen al país como uno de los más peligrosos de la región.

El general retirado del ejército guatemalteco Otto Pérez, del Partido Patriota, ocupa el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, seguido por el empresario Manuel Baldizón, de la agrupación Líder. Así lo indica el último reporte oficial del Tribunal Supremo Electoral, que con el 95% de las 16.668 mesas escrutadas le dan a Pérez el 35,9% de los votos y, a Baldizón, el 23,5%. Ambos candidatos derechistas disputarán la segunda vuelta el próximo 6 de noviembre.

El lema que adoptó Pérez para su campaña es el mismo que usó Álvaro Uribe Vélez para llegar a la Presidencia de Colombia en 2002: ‘Mano dura’ contra la inseguridad y la pobreza. Baldizón, por su parte, ha ganado los votos prometiendo implementar la pena de muerte y llevar a la selección de fútbol guatemalteca al Mundial de Brasil 2014.

La ‘mano dura’ de Pérez consiste en declarar la guerra frontal contra los carteles de la droga, especialmente el cartel de ‘Los Zetas’, que controlan las principales rutas del narcotráfico en Centroamérica (el 90% de la cocaína que es consumida en EE.UU. pasa por Guatemala), a quienes señala de extorsionar, amenazar y secuestrar a la población indígena.

Pero Pérez, quien fue comandante del ejército durante la guerra civil de Guatemala, entre 1960 y 1996, también es acusado de haber arremetido contra los indígenas en esos años. Organismos de derechos humanos lo acusan de perpetrar masacres en la región indígena de Nebaj y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo responsabiliza por el asesinato del guerrillero Efraín Bámaco en 1992.

También lo inculpan de ser autor intelectual de la muerte del obispo Juan José Gerardi, dos días después de que publicara en 1988 un informe que responsabiliza al ejército de la mayoría de muertes y desapariciones de las 200 mil víctimas de la guerra civil. El escritor guatemalteco-norteamericano Francisco Goldman y el exagente de inteligencia de la ONU Rafael Guilamón aportaron evidencias sobre la participación de Pérez en estos hechos.

Sin embargo, el principal candidato presidencial no ha sido juzgado. Cuando se le pregunta sobre las acusaciones responde que son falsas, que nada se ha comprobado.

Martha Liliana Gutiérrez, investigadora del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca, asegura que “la Corte de Constitucionalidad guatemalteca es un ejemplo de que el Poder Judicial puede ser cooptado y, en lugar de garantizar la integridad de la Constitución, puede servir para legitimar ilegalidades”. Un caso, según Gutiérrez, son las resoluciones emitidas en 2003 por la Corte, que impiden la reapertura del proceso adelantado por la muerte de Efraín Bámaca, ocurrida mientras Pérez era director de inteligencia militar.

Otra suspicacia en torno a la campaña del militar retirado se relaciona con la procedencia de sus fondos, que exceden por US$1,3 millones el límite de US$6,3 millones. El aspirante se niega a revelar las fuentes que lo financian.

En Guatemala también hay quienes adulan a Pérez y lo llaman el ‘General de la paz’ , porque fue quien firmó en nombre del ejército en 1966 los acuerdos que pusieron fin a la guerra de 36 años.

Guatemala es actualmente considerado por el Banco Mundial como uno de los países más peligrosos de la región, con una tasa de 50 asesinatos anuales por cada 100 mil habitantes (supera registros de zonas en guerra como Afganistán o Irak). En 2010 hubo 5.960 homicidios.

“La preferencia del pueblo por campañas que incluyen fuertes represiones y castigos refleja tanto su desesperación ante la inseguridad como la falta de institucionalidad del Estado y las organizaciones que deben garantizar la justicia”, le dijo a El Espectador Cynthia Arnson, directora del programa para Latinoamérica del Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Arnson añadió que los resultados de las intervenciones militares en Latinoamérica, especialmente Colombia y México, no han acabado con el narcotráfico y han puesto en peligro a la sociedad civil, “una realidad que podría repetirse en Guatemala si no se adoptan soluciones más inteligentes como el fortalecimiento de los organismos judiciales y la oferta de educación para quienes no estudian”.