Perú: Ni una menos

Entre 2009 y 2015 se presentaron 795 feminicidios en ese país, según cifras de la Defensoría del Pueblo de Perú; otras 299 mujeres sobrevivieron a intentos de asesinato.

Miles de peruanos hicieron parte de la protesta. EFE

“Todas somos Cindy Contreras. Todas somos Lady Guillén. Todas somos Zuleimy Sánchez. Todas somos la niña a la que su papá toca cada noche. Todas somos la adolescente violada por su tío. Todas somos la mujer a la que su novio agarró a golpes. Todos somos la chica con el ojo reventado y la ropa hecha jirones a la que le preguntaron en la comisaría ‘¿qué había hecho?’ para provocarlo. Todas somos Ayme Pillaca, asesinada por ayudar a una niña de 15 años a huir de una red de trata”.

“Todas somos Manta y Vilca. Tocan a una y nos tocan a todas. Y por eso este sábado 13 de agosto, nos movilizamos”. Con este mensaje difundido por las redes sociales, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres convocaron a una multitudinaria marcha este 13 de agosto, para protestar en contra de la violencia contra las mujeres. Miles atendieron su llamado, incluyendo al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y varios miembros de su gabinete.

En Lima las manifestaciones concluyeron a las afueras del Palacio de Justicia. Lo hicieron por una razón: para exigirle a la justicia peruana mayor severidad a la hora de procesar a personas responsables de feminicidio, reconocido como delito en 2011, y de agresiones contra las mujeres. Por ello mismo dos de las marchas fueron encabezadas por dos mujeres que simbolizan la lucha contra la impunidad: Lady Guillén y Arlette Contreras.

Ellas dos estuvieron cerca de morir tras ser salvajemente golpeadas por sus respectivas parejas,  que fueron investigadas por estos hechos y, al final, fueron condenadas a penas irrisorias y recibieron el beneficio de la libertad condicional. Fallos que fueron confirmados en segunda instancia. Ambos se encontraban libres mientras miles de peruano protestaban por casos como el de ellos. Sus procesos se encuentran, actualmente, en manos de la Corte Suprema. 

La justicia ha dicho que revisará estas condenas. Por medio de un comunicado la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia sostuvo que la violencia contra las mujeres “representa el ejercicio del machismo y la intolerancia por motivos de género, afectando gravemente a la sociedad peruana. Por ello, la rechazamos de manera enérgica y firme”. Y manifestó su “profunda preocupación por decisiones jurisdiccionales que se habrían apartado” del deber de combatir esta violencia.

Las cifras de la Defensoría del Pueblo de Perú demuestran que el problema no es menor: entre 2009 y 2015 se presentaron 795 feminicidios, que, valga decirlo, es cuando una mujer es asesinada, específicamente, por su condición de mujer. Las penas por este delito oscilan entre los 15 y los 35 años de prisión; sin embargo, muchas veces estas son menores debido a que los jueces aplican cuestionados atenuantes a favor del condenado.

Es el caso de lo sucedido con Arlette Contreras. Contreras fue brutalmente golpeada, a mediados del año pasado, por su entonces pareja, Adriano Pozo. La agresión quedó en video y fue conocida a nivel nacional; sin embargo, Pozo fue sancionado a un año de prisión, con la posibilidad de la libertad condicional porque, según los jueces, se encontraba bajo los efectos del alcohol, al momento de la golpiza.

“La pena a imponerse dado el estado de ebriedad con el que actuó, pues si bien no exime de responsabilidad, sin embargo debe tenerse en cuenta para la graduación de la pena, por lo que corresponde imponer un año de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida”, dijeron los jueces, entre ellos, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, la jueza Tatiana Beatriz Pérez García-Blásquez, quien reconoció ser amiga de la madre de Pozo.

De acuerdo con el Ministerio Público, de los feminicidios registrados en Perú, el 78.3% fueron perpetrados por parejas o exparejas de la víctima y el 11.3% por un familiar. De la misma manera, 57.2% de ellos fueron realizados al interior del hogar, siendo Lima el distrito en el que se presentaron la mayor cantidad de asesinatos. Todo esto, por supuesto, tomando exclusivamente los feminicidios.

Pero estos son, apenas, uno de los ingredientes de esta tragedia. Este fin de semana, los peruanos marcharon, igualmente, para que se haga justicia con las cerca de 300 mil esterilizaciones forzadas realizadas en Perú, entre 1990 y 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, preso por violaciones a los Derechos Humanos.  Un caso que fue declarado “de interés nacional” el año pasado, por el entonces presidente peruano Ollanta Humala.

La violencia sexual es otro de los ingredientes de esta historia. Perú tiene, después de Bolivia, la segunda tasa más alta de violación sexual en Latinoamérica, con 28,35 delitos por cada 10.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA. La prueba de que la violencia de género no es un problema exclusivo de Colombia sino que, lamentablemente, común a toda América Latina.