El Gobierno peruano se sometió al examen periódico que realiza la ONU sobre la situación y políticas de derechos humanos entre sus miembros, durante el cual algunos países sacaron a relucir la problemática de los conflictos sociales generados por industrias extractivas, como la minería.
Frente a esas inquietudes, el viceministro peruano de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, José Ávila Herrera, sostuvo que "la conflictividad social es una realidad" y que el compromiso de su Gobierno es "canalizar las demandas (de la población) a través del diálogo".
El "fenómeno de la conflictividad social tiene que ver con la inflación de expectativas que tienen los ciudadanos, quizás por enfoques o manejos políticos que no han sido adecuados en gestiones anteriores", dijo Ávila en declaraciones a Efe luego de presentar el informe de su país en la reunión del mecanismo de "Evaluación Periódica Universal" (EPU) de Naciones Unidas.
Entre las preguntas que hicieron delegaciones de otros países sobre esta cuestión destacaron las relacionadas con la manera en que el Estado peruano utiliza la fuerza para el control de esos conflictos sociales.
"Para ello hemos aprobado la Ley del Uso de la Fuerza, que reúne todos los estándares mínimos para que las fuerzas del orden puedan utilizar la fuerza con criterios de necesidad, humanidad y proporcionalidad", señaló.
"El Estado quiere abordar el tema de la conflictividad sin muertos, muertos es lo que menos desea el Gobierno", declaró el viceministro.
En su discurso ante los países que participaron en la EPU sobre Perú, Ávila se refirió al caso del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos durante su mandato (1990-2000).
Sostuvo que esa sentencia marcó un hito por haber sido la primera vez que un expresidente latinoamericano, elegido en democracia, era declarado culpable bajo la Justicia nacional y respetando las garantías del debido proceso por violaciones de los derechos humanos.
Ávila declinó comentar cuál será el resultado de la petición de indulto humanitario presentada en favor de Fujimori por su familia y se limitó a decir que este asunto se encuentra por ahora en "un espacio técnico".
Durante su presentación, la autoridad peruana también se refirió a la extensión de la pobreza en su país y detalló que en el periodo 2004-2011 ésta disminuyó del 58,7 al 27,8 por ciento.
En cuanto a pobreza extrema, indicó que bajó del 16,4 al 6,3 por ciento en ese mismo periodo.
A este respecto, aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para continuar en la senda de la reducción de la pobreza, pero no ofreció metas cifradas.
"El Gobierno quiere reducir la pobreza, pero no generar expectativas dando números. Lo cierto es que cuando se llegue al fin del mandato habrá más inclusión y cohesión social", aseguró a Efe.
Ávila también se refirió ante las delegaciones gubernamentales a la problemática del trabajo infantil y reveló que el 23,4 por ciento de menores peruanos entre 6 y 17 años trabajan, según datos de 2011.
En 2005, esa tasa alcanzaba el 25,9 por ciento.
El viceministro reconoció que "se trata de un porcentaje preocupante", pero garantizó que se aprovechará la buena coyuntura económica que vive Perú para reducir el número de niños en esa situación.