Precio a pagar por un asesinato en la India se cuenta en rupias

Casi un año después de la muerte de una menor de 15 años violada, su crimen sigue impune.

AFP

 Rabia tenía 15 años cuando el pasado septiembre murió tras ser violada en el norte de la India, pero casi un año más tarde los culpables siguen en libertad gracias al soborno de 300.000 rupias (3.700 euros) que se jactan de haber pagado a la Policía.

Son conscientes de que la familia de la joven, agricultores sin "tierras, dinero ni apoyos", poco pueden hacer frente a ellos, tal y como reconoce a Efe con amargura el padre de Rabia, Rahmat, mientras aprieta entre sus manos una foto de su hija fallecida.

La Policía es la institución india que más sobornos recibe, con un 62 por ciento de agentes corruptos, de acuerdo con un estudio publicado en 2013 por la ONG Transparencia Internacional.

El alto índice de corrupción, sumado al repudio que sufren en la India las mujeres violadas, hace que la mayoría de estos casos, muy frecuentes en el país, no salgan nunca a la luz.

La noche del 1 de septiembre de 2013 Rabia había salido al aseo, situado a escasos diez metros de su casa, cuando un grupo de unos siete u ocho hombres se la llevó a punta de pistola para violarla repetidamente.

Cuatro o cinco horas más tarde, la abandonaron cerca de su casa, no sin antes advertirla de que "si contaba algo, matarían a su padre y a sus hermanos pequeños", explica el progenitor de la víctima.

Esa noche, Rahmat y su mujer habían ido al hospital con otra de sus hijas y no se podían imaginar que poco tiempo después tendrían que regresar para intentar salvar a Rabia.

Cuando la encontraron "su boca estaba llena de espuma", pero la chica, "casi inconsciente", tuvo tiempo de contar cómo sus violadores la habían envenenado, antes de perder la vida de camino al hospital.

En presencia de algunos familiares y vecinos del pueblo, la joven explicó que entre los verdugos había reconocido a dos varones del pueblo, Nadin y Waseem.

La residencia de este par de "poderosos" hermanos yace a sólo unos metros de la humilde vivienda que Rabia compartía con algunos de sus hermanos, su padre y la segunda mujer de éste.

"Los médicos también confirmaron el envenenamiento, pero no tenemos ningún informe. Teníamos tanto miedo que no hicimos nada. Pensábamos huir del pueblo. Se había ido mi hija, se había ido el respeto, así que nos iríamos nosotros también", se lamenta Rahmat.

Amenazas de muerte, falsas acusaciones sobre delitos e insultos, son algunas de las tácticas empleadas por los dos hermanos para tratar de silenciar a los parientes de la víctima.

La mujer de Rahmat cuenta cómo se acercan a la casa para insultarla e intimidarla: "Puta, hemos violado a tu hija y ahora te vamos a violar a ti", le dicen.

El pasado abril la situación se volvió insostenible, así que Rahmat decidió emprender acciones legales, no sin antes casar prematuramente a su hija pequeña, de sólo 14 años, para asegurarse de que estaría protegida.

En los últimos meses, Rahmat expuso su caso ante la Policía de su localidad, el superintendente regional, el máximo oficial rural y la Comisión de Derechos Humanos.

Sin embargo, cada persona a la que acude termina dándole la espalda, "después de reunirse con la familia de los acusados", a cambio de un puñado de rupias, asegura el agricultor.

En la India sólo se denuncian el 15 por ciento de las violaciones a menores y los casos en los que los acusados son condenados representan un escaso 32 por ciento, de acuerdo con la Delegación de Registro Nacional de Crímenes.

A Rahmat no le intimidan esas cifras, porque a sus más de 60 años ha enterrado el miedo y está dispuesto a luchar contra viento y marea hasta ver entre rejas a los asesinos de su pequeña.

"Ha muerto mi hija y me han perdido el respeto. Si muero yo la gente del pueblo simplemente seguirá con su vida", afirma con la mirada perdida, mientras sus hijos pequeños juegan a su alrededor, ajenos a lo que sucede.