Presidenta argentina disuelve Secretaría Inteligencia y crea Agencia Federal

El objetivo será "transparentar un sistema que no ha sido de diligencia y no ha servido a los intereses nacionales".

AFP

 La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció hoy la remisión de un proyecto de ley al Parlamento para disolver la Secretaría de Inteligencia y crear una nueva Agencia Federal de Inteligencia.

La presidenta, en su primera aparición pública tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, explicó que la reforma de los servicios de Inteligencia responde a la necesidad de "transparentar un sistema que no ha sido de diligencia y no ha servido a los intereses nacionales".

Fernández explicó también los motivos que la llevaron a renovar la cúpula de los servicios de inteligencia, a finales del pasado año, y a nombrar al frente a un hombre de su máxima confianza, Oscar Parrilli, con dos instrucciones: desplazar a agentes que venían de la dictadura y trabajar en un proyecto de reforma del sistema.

"Es una deuda pendiente de la democracia", agregó en un mensaje grabado transmitido en cadena nacional.

Según la mandataria, tras la firma del acuerdo de entendimiento alcanzado con Irán, en 2013, "se empezaron a observar que ciertos organismos, más concretamente la Secretaría de Inteligencia, comenzaron a bombardear el acuerdo".

"Se intensifican también con intensidad las denuncias contra la presidenta. Comienzan a sucederse con ritmo de vértigo con la complicidad de grupos de jueces, denunciantes anónimos y también de los periodistas amplificadores o los medios de desinformacion amplificadores", afirmó.

Se presentaron "todo tipo de denuncias contra la presidenta como nunca se vio en ninguna etapa de la democracia", insistió.

Entre sus competencias, la nueva Agencia tendrá la de investigar sobre terrorismo, tráfico de armas, ciberdelitos, trata de personas, narcotráfico y delitos contra el orden económico y financiero.

La Agencia abarcará a la unidad de Inteligencia criminal que ahora depende el ministerio de Seguridad.
Además, se transfiere el sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal.

Según el proyecto, "toda relación o actuación de funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos vinculadas a las actividades reguladas por la ley" deberán ser dirigidas solo al director o al subdirector de la agencia.

Elimina así el contacto entre jueces, ministros y cualquier funcionario con los agentes de inteligencia, una práctica cuestionada tras la muerte del fiscal Alberto Nisman por los vínculos destapados entre el sistema judicial y los servicios secretos.

"La única vía para conectarse va a ser precisamente la institucional", remarcó Fernández, que adelantó que enviará el proyecto al Parlamento con carácter urgente, antes de su viaje a China que iniciará el próximo fin de semana, y que marcará un plazo máximo de 90 días para su tramitación.

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