A sus 60 años, Iván Velasquez Gómez constató en Guatemala que la justicia sí puede tocar a un todopoderoso presidente en ejercicio. Fue la investigación que emprendió hace 17 meses desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en alianza con la fiscal Thelma Aldana, la que hoy tiene tras lar rejas al expresidente Otto Pérez Molina, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a otras 23 personas. Un expediente con cerca de 88 mil interceptaciones que evidenció la gigantesca red criminal agazapada en la Superintendencia de Administración Tributaria (la DIAN de aquí) y, sobre todo, la aparente mano larga de Pérez Molina en esas vueltas ilegales.
En diálogo con El Espectador, el exmagistrado Iván Velásquez reveló cómo estructuró esta investigación, señaló sin rodeos que hay pruebas contundentes para condenar a todos los implicados y sostuvo que, tal como ocurrió en Colombia cuando adelantaba las pesquisas del expediente de la parapolítica, en Guatemala algunos han querido desacreditar su trabajo. Sin embargo, terco como buen paisa, ha seguido adelante empeñado en administrar justicia. Con los años ha aprendido a capotear los montajes que han pretendido enlodarlo y, por herido que salga, las cicatrices llegan rápido porque siempre ha probado ser un juez derecho.
¿Cómo estructuró la investigación que tiene tras las rejas al expresidente Otto Pérez Molina?
Esta investigación, que comenzó en marzo de 2014, logró la identificación de una estructura criminal interna en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de una estructura externa que se servía de estos funcionarios públicos. En abril de 2015 identificamos como uno de los líderes de la organización a Juan Carlos Monzón, secretario privado de la hoy detenida exvicepresidenta Roxana Baldetti; también identificamos a uno de los coordinadores de esas operaciones ilícitas, quien integraba la organización de contrabando conocida como la Red Moreno. En abril todas estas personas fueron capturadas, menos Monzón, quien todavía sigue prófugo.
¿Qué tan contundentes son las pruebas contra Pérez Molina?
Los documentos encontrados durante los allanamientos de abril pasado, realizados en las oficinas y residencias de estas personas, permitieron escalar la investigación. Encontramos cuadros detallados de los líderes de la organización sobre la repartición de dineros obtenidos por cuenta de los sobornos de esta organización. En algunos cuadros decía, por ejemplo, “a los de arriba les corresponde tanto porcentaje”, “al 1 tanto o 2 tanto”, para Juan Carlos Monzón tanto y así. Esa relación de pagos fue encajando con la investigación realizada por los analistas, quienes cruzaron esos datos con la información recogida en las interceptaciones telefónicas ordenadas. Hay 88 mil llamadas interceptadas.
¿En relación con el expresidente Otto Pérez Molina las llamadas y los documentos eran así de explícitos?
Hay instrucciones, relaciones y referencias indudables a él. Muchas de esas pruebas se presentaron el jueves y el viernes durante la audiencia. Hay muchos hechos expresados en las interceptaciones que concuerdan con las pesquisas y los análisis adelantados en la investigación. Con la valoración del caso que hemos hecho con la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, le puedo decir que existen pruebas contundentes contra el expresidente Pérez y contra las demás personas señaladas en este proceso. En total unas 23. Dichas pruebas deben soportar las condenas.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el organismo adscrito a la ONU que usted preside, pudo actuar en ese país en el marco de un acuerdo con el gobierno de Otto Pérez. ¿En algún momento de los últimos dos años el expresidente lo abordó con el fin de torpedear la investigación?
No. El expresidente Pérez nunca me hizo una insinuación sobre el expediente, tampoco tuvo una intromisión en la investigación, ni trató de abordarme para pedirme cosas de ninguna naturaleza. Siempre fue muy respetuoso.
¿Y alguien de su gabinete?
Si hubo interferencias, éstas pudieron derivarse de funcionarios de la SAT (la DIAN en Colombia) que pudieron sentirse afectados por la investigación. Le digo: nunca obtuvimos de algunas autoridades la colaboración que se hubiera esperado para sacar adelante este proceso.
¿Esta red de corrupción, conocida como La Línea, de cuánta plata se apropió?
El cálculo no lo tengo. Estamos aún en proceso de verificación y análisis de más de un millón y medio de documentos que fueron encontrados en los allanamientos a estas personas. Por esta razón no puedo hacer una afirmación contundente sobre el monto del dinero apropiado. Encontramos en los cuadros de distribución de los dineros ilícitos que esta organización podía obtener, tan sólo en una semana, 3 millones de quetzales (casi US$400 mil).
¿A qué atribuye el éxito de este expediente? Investigar a un presidente, ponerlo en evidencia y acusarlo de cargos tan graves no debió ser fácil. ¿Cómo hizo?
Tuvo mucho que ver el método de investigación que empleamos, utilizamos técnicas para poner en evidencia al crimen organizado en este entramado de corrupción conocido como La Línea. Participaron en esta investigación expertos abogados de Guatemala y de otros países, investigadores nacionales e internacionales, analistas financieros y criminalísticos. Se realizó una dirección adecuada de la investigación y todo ese esfuerzo mancomunado permitió este resultado.
¿Ha sido amenazado por su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala?
No, pero hay una práctica que ya la padecí en Colombia y que espero que no resurja ni aquí ni allá, que es la de tratar de descalificar mi trabajo con acusaciones falsas, como aquello del uso de testigos falsos o de pruebas irregularmente obtenidas. De esa campaña de desprestigio que padecí en Colombia algunos en Guatemala trataron de aprovecharse. Le doy un ejemplo: ha tenido bastante resonancia en Guatemala el hecho de que yo todavía esté a la espera de una decisión del procurador Alejandro Ordóñez por el caso del escaneo de los expedientes que hice cuando estuve en la comisión de apoyo investigativo en la Corte Suprema de Justicia (durante su paso como magistrado investigador en los expedientes de la parapolítica).
¿Intentaron desacreditarlo aprovechando que todavía tiene una indagación en Colombia?
Sí, tratando de deslegitimar mi trabajo en la Comisión. No descarto que nuevos ataques de ese estilo se presenten ahora. Hay sectores interesados en Guatemala que están buscando promover acciones en Colombia contra mí, ya que en Guatemala tengo inmunidad diplomática.
¿Y cómo está preparado para capotear esos ataques?
Con la misma entereza y dignidad con las que enfrenté las acusaciones que desde el gobierno de Álvaro Uribe también me hicieron durante tantos años en Colombia. Reproducidos allá o aquí, la única forma de desmontar esos señalamientos infundados es demostrando con el trabajo que no tenemos ningún compromiso, que procedemos con honestidad, con rectitud y con responsabilidad. Cada quien que termine por valorar este tipo de chismes.
Resultó más serio un país como Guatemala, donde un presidente en ejercicio no sólo fue obligado a renunciar sino que perdió su inmunidad y terminó en la cárcel. En Colombia, sin embargo, un escenario así parece impensable...
Creo que fue clave en este proceso la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cigig), un órgano absolutamente independiente de cualquier factor de poder gubernamental o estatal. Esa independencia nos permitió adelantar una investigación libre de cualquier interferencia. En la medida en que la Cicig se va comprometiendo con este caso y obtiene las pruebas contundentes que derivaron en las capturas ya conocidas el Ministerio Público se va sintiendo más tranquilo y empoderado. Gracias a los resultados en este proceso hemos visto las expresiones públicas de respaldo de la gente hacia al trabajo realizado por la fiscal general, Thelma Aldana.
¿Por qué cree que en Guatemala sí fue posible meter a la cárcel a un jefe de Estado en ejercicio? En Colombia, por ejemplo, nada pasó con el escándalo de las chuzadas del DAS en relación con la presunta responsabilidad del expresidente Uribe. Un caso en el que usted, además, resultó siendo víctima.
Las investigaciones por las chuzadas están repletas de cuestionamientos que nosotros hicimos. En muchos casos estuvimos en desacuerdo con las rebajas procesales o negociaciones planteadas por la Fiscalía y que terminaron por favorecer a algunos de los protagonistas en este expediente sin que todavía podamos tener la verdad completa.
Usted en Colombia fue el magistrado que articuló la parapolítica. Muchos piensan que su trabajo quedó a medias después de su salida. En Guatemala usted logró tumbar a un presidente. ¿Con cuál investigación se queda?
Digamos que Colombia es mi país y todo lo que pude contribuir en materia de justicia para mí es algo tremendamente significativo. Guatemala es el lugar en el que ahora puedo desarrollar todas las convicciones que tengo contra la impunidad en beneficio de la justicia. Eso para mí también es muy satisfactorio. Como latinoamericano le digo que tanto lo que hice en Colombia como lo que estoy realizando en Guatemala para mí es un orgullo.
Situación de Pérez se define el martes
El próximo martes 8 de septiembre, el juez Miguel Ángel Gálvez decidirá si el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, debe enfrentar un juicio por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera, que le fueron imputados el jueves pasado.
Mientras tanto, el exmandatario seguirá detenido preventivamente en la cárcel del cuartel Matamoros, ubicado en el área metropolitana de la capital del país centroamericano. El fiscal José Morales dijo que hay indicios suficientes para suponer que Pérez participó en una red de corrupción aduanera, y por lo tanto, solicitó que el expresidente fuera vinculado al juicio. La petición fue respaldada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Cicig, el investigador internacional
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada en 2007 por la ONU, ha sido determinante en la investigación que dejó en evidencia la red de contrabando a la que resultaron vinculados altos funcionarios guatemaltecos, y que terminó causando la caída del expresidente Otto Pérez Molina.
La Comisión funciona como una especie de Fiscalía internacional pero opera bajo la normativa y los procedimientos guatemaltecos. Además de participar en investigaciones sobre ciertos procesos criminales, promueve el fortalecimiento de las instituciones judiciales de ese país. La Comisión ha funcionado eficientemente, hasta el punto de que hay quienes piden que se establezca en otros países centroamericanos.