Rafael Correa y su persecución a la prensa

El gobierno ecuatoriano ha cerrado más de veinte cadenas de radio y televisión. Los periódicos fueron sus primeras víctimas.

El guion se ha repetido en varias provincias de Ecuador. Un fiscal, un jefe de policía y un funcionario de la Superintendencia de Telecomunicaciones, acompañados de un buen número de efectivos policiales, acuden a estaciones de radio y televisión del país para clausurarlas y confiscarles sus equipos. Cerca de veinte medios han sido cerrados en las últimas semanas con argumentos legales y técnicos. Y según asegura con preocupación a este periódico el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), Roberto Manciati, se esperan más clausuras a corto plazo.

Entre los medios cerrados recientemente constan estaciones como Radio Cosmopolita, de Quito, con 59 años en el aire; un medio público como Telesangay, el canal de la prefectura de Morona Santiago, encabezada por el dirigente indígena Marcelino Chumpi, y Radio Morena, dirigida por Luis Almeida —asambleísta del partido opositor Sociedad Patriótica—, clausurada el viernes pasado en un operativo en el que los policías usaron gas pimienta en medio de incidentes con los trabajadores de la estación.

Chumpi señala que detrás del cierre de Telesangay hay razones políticas, pues el gobierno lo ha calificado de opositor por sus posiciones en torno a temas como la política minera. Luis Almeida ha anunciado que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares frente a la “persecución del gobierno”.

El presidente Rafael Correa insistió el martes en que las clausuras responden a incumplimientos de orden legal y técnico por parte de ciertos concesionarios de frecuencias de radio y televisión. El mandatario señaló que se han renovado hasta el momento 200 frecuencias, pero “han tenido que cancelarse cerca de 90, porque incumplían con cuestiones legales, administrativas o técnicas”.

En declaraciones al canal RTS —que no está en la lista de medios privados a los cuales el gobierno ecuatoriano ha decidido no conceder entrevistas—, el presidente Correa además argumentó que los cierres han sido dispuestos por la Superintendencia de Telecomunicaciones, “que es autónoma del gobierno”. No obstante, el asambleísta Almeida ha resaltado que el que resuelve sobre los contratos de concesión de frecuencias es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que preside el ministro de Telecomunicaciones.

Para justificar la clausura de medios, las autoridades ecuatorianas esgrimen la Ley de Radio y Televisión, que prevé dicha sanción en caso de que el propietario del medio cayera en mora en seis o más pagos al Estado del arrendamiento de la frecuencia. En varios casos, además, las autoridades han señalado como causa de clausura el no seguir los parámetros técnicos exigidos por los contratos de concesión. “Todos debemos cumplir la ley y Radio Morena no puede ser la excepción por tener poderosos padrinos políticos”, dijo el presidente Correa el sábado pasado. Radio Morena ha negado estar en mora, mientras otros afectados han señalado que sus situaciones aún estaban en revisión por parte de jueces de lo contencioso-administrativo, por lo que no debía producirse el cierre antes de que dichos recursos legales fueran resueltos.

El objetivo del Gobierno con este proceso de depuración es lograr “una redistribución equitativa” de las frecuencias. La nueva Ley de Comunicación que debate el Parlamento prevé reducir la presencia de los medios privados en el espectro radioeléctrico de un 85% a un 33% y aumentar el peso del sector público y comunitario. Varias organizaciones de prensa locales e internacionales han mostrado su preocupación.

El cierre de estaciones de radio y televisión, al igual que el veto del gobierno a los principales medios privados del país, se suman a la pugna constante que mantiene Correa con la prensa. Además de las iniciativas promovidas para regular a los medios, el presidente ha interpuesto demandas multimillonarias contra algunos periodistas críticos, como Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores de “El Gran Hermano”, una investigación sobre los presuntos actos de corrupción de Fabricio Correa, hermano del presidente, y el diario El Universo. En el primer caso el mandatario desistió del proceso y en el segundo concedió “el perdón sin olvido” y pidió la anulación de la condena, que obligaba al rotativo a pagar 29 millones de euros por injurias, además de decretar la prisión para un periodista y tres directivos.

Otras leyes contra la prensa

En Bolivia se desató la polémica por un proyecto que prevé la clausura de medios que divulguen mensajes racistas. “Los medios de prensa tienen que pensar que los usuarios, o su público, también tienen derechos. No existe libertad para agredir, insultar, discriminar. La ley no es un atentado a la libertad de prensa”, asegura el gobierno. En Venezuela, colectivos de prensa denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un incremento de las violaciones a la libertad de expresión. En Rusia, El parlamento aprobó este miércoles unánimemente el proyecto de ley 89417-6, que implica que el gobierno tendrá el poder de cerrar sitios de internet que promuevan actividades ilegales al cabo de 24 horas de ser publicadas.

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