Reformatorios miran de reojo el avance de la reducción de edad penal en Brasil

Brasil debate reducir la edad penal mientras más de 20.000 adolescentes en todo el país cumplen condena en reformatorios e intentan construir alternativas al crimen

Archivo AFP

 Brasil debate la reducción de la edad penal mientras más de 20.000 adolescentes en todo el país cumplen condena en reformatorios e intentan construir alternativas al crimen, aunque muchas veces éstas se desvanecen al cruzar la puerta de los centros.

"No quiero tocar el fondo del pozo", advierte K.M, un joven avispado que "sueña" con estudiar ingeniería química cuando llegue el momento de pasar la fina línea que separa la reclusión de su libertad.

K.M conserva la mirada de un niño, pero no la inocencia. La perdió poco antes de cumplir los quince años, cuando escapó de casa y comenzó a robar para poder "subsistir" y pagarse la marihuana a la que estaba enganchado.

El adolescente fue internado hace diez meses y hoy cumple condena en la Fundación Casa, una institución situada en el estado de Sao Paulo que reúne en sus 148 sedes a la mitad de los 20.000 jóvenes presos en todo el país.

Allí, entre clases, cursos de formación profesional y actividades culturales, este joven mulato intenta reescribir el borrador de su futuro y "reflexiona" sobre los errores cometidos en el pasado: "He aprendido que mi familia es lo más importante".

Rodeados por muros de concreto blanco y alambres de púas, los 64 jóvenes de la unidad de Vila María, en la zona norte de Sao Paulo, siguen una férrea disciplina por un periodo máximo de tres años, aunque la mayoría tan sólo permanece una media de siete meses.

El despertador suena a las 6.30 y los chavales de este centro, todos ellos internados por primera vez, mantienen la cabeza ocupada hasta las 10 de la noche, cuando vuelven a sus cuartos. En su interior, ocho literas, una ducha y retrete.

El clima en esta unidad parece tranquilo, pero se aleja de la realidad de otros centros visitados en todo el país por los técnicos de la Red Nacional en Defensa de Adolescentes en Conflicto (Renad), quienes denuncian "terribles condiciones" y "violación de derechos humanos".

"Se practica tortura, violencia, malos tratos y hay una falta de estructura", comentó a Efe Rodrigo Deodato, coordinador de la Asociación Nacional de Centros de Defensa de los Niños y Adolescentes (Anced), articuladora de Renad.

Ajenos a lo que ocurre fuera de su centro, la mayoría de los chavales de Vila María se dicen arrepentidos y prometen no volver a cometer algún tipo de delito. Entre el 70 % y 80 % de ellos lo consigue, según datos de algunos organismos, pero el resto vuelve a tropezar con la misma piedra.

D.J tiene 17 años y cuando salga del centro será padre. Por eso, expresa con la jerga propia de las barriadas, que quiere "progresar", estudiar mecánica y "apartarse de las cosas malas" que le incitaron a robar a mano armada hace cinco meses.

Pero la reinserción no sólo dependerá de su voluntad, advierte Anced, pasa por el modelo socieducativo de los propios centros y por el seguimiento que los adolescentes reciben fuera de él, cuando la exposición al riesgo comienza a golpear de nuevo a sus puertas.

"El 70 % de los jóvenes que cometen delitos en Brasil sufren dependencia química y pobreza. Cuando salen de los centros esas condiciones no son alteradas, lo que les mantiene en una situación de vulnerabilidad", precisó Vinicius Raduan Miguel, otro de los coordinadores de Anced.

K.M y D.J son esos jóvenes "vulnerables" que podrían verse alcanzados por el proyecto que tramita el Congreso para reducir de 18 a 16 años la edad penal en caso de violación, robo seguido de muerte, homicidio, lesión corporal grave y robo altamente cualificado.

Más allá del Congreso, el debate sobre la posible aprobación de la medida también se ha colado entre la concertina que rodea el reformatorio: algunos jóvenes argumentan que su aplicación les hubiera frenado a la hora de cometer delitos, otros, en cambio, creen que su eventual aprobación incentivará que "se entre en el crimen más pronto".

La mayoría, en cambio, coincide a la hora de expresar su "miedo" por acabar en la cárcel, las "verdaderas escuelas del crimen", como el propio ministro de Justicia, Eduardo Cardozo, calificó a las prisiones del país.

Sin embargo, más del 70 % de los brasileños dice estar a favor de la reducción de la edad penal, un porcentaje que justifica su posición en actos como la violación colectiva cometida recientemente por cuatro menores en el estado brasileño de Piauí.

Los cuatro adolescentes fueron recluidos en la misma celda de un reformatorio y uno de ellos fue asesinado por sus cómplices luego de que confesara el crimen, lo que avivó todavía más la polémica.

En este contexto, el relator del proyecto para la reducción penal, el diputado Laerte Bessa, llegó a celebrar en una entrevista concedida al diario The Guardian el hecho de que algún día será posible abortar fetos con tendencias criminales.

"Un día, llegaremos a un nivel en que será posible determinar si un bebé, todavía en el útero, tiene tendencia a la criminalidad, y si sí, la madre no tendrá derecho a dar a luz", valoró.

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