República Centroafricana, un Estado sin derechos

Tras un año de conflicto, se violan todos los derechos humanos de la población y no hay capacidad para atenderlos, según la ONU.

Población musulmana en el pueblo de Yaloke, al norte de Bagui, capital de la República Centroafricana. / AFP

Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la experta independiente designada por esta organización para estudiar la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana, Marie-Thérèse Keita Bocoum, afirmó que en ese país todos los derechos de la población son vulnerados y, a un año de que estallara un cruento conflicto entre musulmanes y cristianos, el Estado carece de capacidad para asistir a una población sumida en la precariedad.

La República Centroafricana ha vivido muchos conflictos, golpes de Estado y guerras civiles desde que se independizó de Francia en 1960. Se trata de una nación que cuenta con una buena cantidad de recursos naturales (diamantes, oro, madera y vida silvestre), que han sido un factor de lucha entre grupos armados y cazadores furtivos. Pero la causa fundamental de su inestabilidad casi permanente han sido décadas de gobiernos deficientes que han alienado capas de la población y han tentado a algunos de los grupos más perjudicados a tomar las armas contra el Estado.

El actual conflicto, sin embargo, es inédito, pues se trata de una sangrienta “caza” entre la mayoría cristiana y la minoría musulmana, que habían vivido en armonía hasta el año pasado. El problema comenzó con el derrocamiento del presidente cristiano François Bozize. Richard Downie, subdirector del programa de África para el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, explica a este diario que Bozize había mantenido un tenue control desde que tomó el poder en 2003 en un golpe militar, pero su posición se volvió cada vez más inestable después de que se adjudicara la victoria en las elecciones de 2011, que fueron ampliamente vistas como fraudulentas.

En marzo de 2013, la rebelión de una alianza de grupos armados llamada Seleka, integrada principalmente por musulmanes e impulsada por mercenarios extranjeros, logró derrocar al mandatario al tomarse la capital del país, Bangui.

Michel Djotodia, el líder de Seleka, se convirtió en presidente interino y en el primer musulmán en gobernar el país, pero nunca ha sido capaz de controlar a las facciones armadas que ayudaron a instalarlo en su cargo. Djotodia disolvió formalmente a Seleka en septiembre y trató de integrar sus combatientes en las fuerzas de seguridad del Estado, pero ellos han seguido actuando al margen de las decisiones de quien fue su líder. Djotodia dimitió en enero para iniciar la transición hacia unas elecciones democráticas, pero dos meses después sigue proclamándose presidente y las posibilidades de una salida pacífica se ven cada vez más lejanas.

En respuesta al golpe de Estado de Seleka, y para defender a la población mayoritariamente cristiana, surgieron las milicias antibalaka. Así, el conflicto devino en un enfrentamiento interétnico e interreligioso. Desde enero de este año, según Amnistía Internacional, las milicias cristianas han realizado una “limpieza étnica”: comunidades enteras musulmanas han sido obligadas a huir y “cientos de civiles que no han logrado escapar han sido asesinados” en varias poblaciones.

Los asesinatos, las ejecuciones sumarias, las torturas, las mutilaciones, las violaciones, se han convertido en el panorama diario. Al menos medio millón de personas han muerto, según la ONU. Downie dice que, a pesar de los asesinatos masivos y selectivos, “la evidencia que tenemos no revela un nivel de planificación y una escala de masacre que sugiera que un genocidio está ocurriendo o es inminente. Pero el hecho de que no se está llevando a cabo un genocidio no sugiere que la situación no sea desesperanzadora ni absuelve a la comunidad internacional de la responsabilidad de tomar medidas urgentes”.

La violencia ha minado la capacidad del Estado. La experta independiente de Naciones Unidas, Keita Bocoum, dijo ayer ante el Consejo de Derechos Humanos que el conflicto ha destruido el tejido social y económico y ha obligado a cerrar hospitales y escuelas y todo tipo de estructura estatal. “La debilidad de las instituciones del Estado y la fragilidad del Estado en sí mismo han acabado por instalar un clima general de miedo e inseguridad, de desconfianza que favorece la impunidad e instala en el país el círculo vicioso de la violencia”.

La mitad de los 4,6 millones de habitantes del país necesita asistencia urgente y casi una décima parte de la población ha sido desplazada. Más de un millón de civiles sobreviven escondidos en el interior del país o han buscado refugio en países vecinos. Según Keita Bocoum, todos los actores del conflicto son responsables de masacres, tanto Seleka como los grupos antibalaka, y “últimamente”, el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), que ha aterrorizado a la población desde finales de los 80 y es conocido como uno de los movimientos armados más sanguinarios de África.

La intervención de las tropas francesas y de la Unión Africana no ha detenido la violencia. En el Consejo de DD.HH., tanto Keita Bocoum como el embajador centroafricano ante la ONU, Léopold Ismael Samba, solicitaron que se refuercen urgentemente las misiones de mantenimiento de la paz para poder proteger efectivamente a la población civil.

 

 

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Daniel Salgar Antolínez

El Mundo

República Centroafricana, un Estado sin derechos

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