Rodrigo Duterte, el presidente que acepta ser parte de un escuadrón de la muerte sin que nadie lo juzgue

El mandatario filipino fue incriminado en cientos de asesinatos cometidos mientras era alcalde de Dávao. Ahora replica su estrategia desde la presidencia.

Rodrigo Duterte (centro) durante un discurso en San Miguel, al norte de Manila. AFP

El presidente Rodrigo Duterte, con una aceptación popular del 91%, ha invertido la lógica del acusado: en vez de negar las acusaciones en su contra, las acepta y se jacta de ellas. Este jueves, en una audiencia en el Senado, un gatillero llamado Edgar Matobato afirmó con sequedad que Duterte ordenó cientos de asesinatos durante su período como alcalde de Dávao —cargo que ocupó por más de 20 años— y que incluso fue el creador inclemente de un ataque contra una mezquita en esa ciudad. Un vocero de la presidencia, desestimando las palabras recias de Matobato, dijo: “No creo que Duterte sea capaz de dar esas órdenes”.

La historia reciente y el mismo Duterte, capacitado para hablar un filipino desparpajado y un inglés rudimentario, lo refutan. Durante su campaña por la presidencia, Duterte espetó ante el público: “Todos los que están en las drogas, los mataré. No tengo paciencia. No tengo puntos medios. O me matan o los mato”. En otra intervención pública por ese entonces, dijo a los distribuidores de droga y los adictos: “Si me convierto en presidente, mejor escóndanse. Los mataré a todos”. Poco después, predijo con razón siciliana la multiplicación de los cuerpos: “No quiero cometer un crimen pero si Dios me pone por azar en una situación de ese tipo, mejor cuídense. Esos 1.000 (muertos) se convertirán en 100.000. Los botaré a todos en la bahía de Manila y engordaré a los peces”. Cuando juró como presidente, arengó con furia: “Si conocen a algún adicto, mátenlo ustedes mismos puesto que sería muy doloroso si lo hicieran sus propios padres”. Hace unas semanas, se explicó con delicada sensibilidad: “Odio matar a seres humanos (…). Pero tengo que hacer algo con el crimen y las drogas”.

Sí, Duterte es capaz de dar esas órdenes.

Desde que era alcalde de Dávao (de 1988 a 1998, de 2001 a 2010 y de 2013 a 2016), Duterte declaró una rebatiña frontal, y en buena parte ilegal, contra los expendedores de droga y contra los adictos y compradores usuales. Según Matobato, durante su período como burgomaestre murieron más de 1.000 personas. Matobato se encargó de 50 y uno de ellos, si se ha de hacer caso a sus palabras, murió devorado por los cocodrilos. “Nuestro trabajo era matar criminales, vendedores de droga, ladrones mezquinos y violadores”, dijo Matobato. Las agencias de derechos humanos, incluida la Comisión Filipina por los Derechos Humanos, han dicho que a lo largo de las matanzas han caído cientos de civiles sin responsabilidad alguna y que las órdenes públicas de Duterte se han convertido en el rosario riguroso de grupos paramilitares que, bajo su bendición paternal, se han consagrado a una matanza sin término.

En las calles de Manila, desde mayo de este año, han aparecido más de 800 personas asesinadas por al parecer participar en el ciclo de la droga. Aparecen con avisos atados al pecho para que su identificación sea rápida y la justificación de su asesinato, irrebatible: distribuidor, adicto, ladrón. Estas cifras, recogidas por Amnistía Internacional y otras organizaciones, resultan menores con respecto a las que ha entregado el gobierno de Duterte. De nuevo, la lógica se troca: Duterte no sólo confiesa que su Gobierno ha asesinado a miles de personas, sino que son más que aquellas que se pensaba. El jefe de la Policía de Filipinas, Ronald Bato, afirmó durante la audiencia que 1.506 personas habían sido asesinadas en operaciones de la Policía desde mayo y que 2.035 habían sido asesinadas por gatilleros que no han sido identificados. En cuentas claras, en Filipinas han muerto a razón del plomo 3.541 personas en 78 días de la presidencia de Duterte.

“Es una cuestión de percepción. La política es percepción. Podemos debatir sobre los hechos y la realidad objetiva, pero el hecho es que Duterte fue capaz de convencer a la gente de que era capaz de lidiar con el problema de la seguridad y el orden de manera efectiva cuando era alcalde de Dávao”, dijo Richard Heydarian, profesor de Ciencia Política en la Universidad de la Salle en Manila, al canal Al Jazeera. La mano dura de Duterte: ofrece recompensas por los cuerpos de los expendedores, reintroduce la pena por ahorcamiento y abre un campo de cultivo prometedor para los grupos paramilitares que quieren tomar venganza sin que exista droga en el medio. La organización Human Rights Watch ha documentado la muerte de jóvenes y hombres adultos que no eran consumidores ni tenían que ver con el negocio de las drogas. Fueron asesinados y su muerte nunca fue investigada.

El comité de justicia y derechos humanos del Senado, liderado por la senadora Leila de Lima, investiga los cientos de asesinatos que se han cometido en los últimos meses. Sin embargo, Duterte siempre ha salido bien librado de las acusaciones. En mayo de 2015, cuando aún era alcalde de Dávao, Duterte aseguró en una cadena de televisión: “¿Yo? ¿Dicen que soy parte de un escuadrón de la muerte? Verdad, es verdad”. Grupos de derechos humanos pedían investigarlo por más de 1.000 asesinatos cometidos en su período como alcalde. La Comisión Filipina de Derechos Humanos recomendó a los investigadores del entonces gobierno nacional que lo acusaran de asesinato. Sólo un grupo de policías fue acusado.

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2016-09-15T16:59:00-05:00

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Juan David Torres Duarte

El Mundo

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